La violencia sigue escalando en Colombia. Mientras Cali está azotada por cilindros bomba, el país despidió a Miguel Uribe luego del atentado que segó su vida. Las alertas por reclutamiento forzado, cultivos de coca y trata de personas suben; varios sectores políticos y sociales se preguntan qué pasa con el proceso de “Paz total” y por qué parece no dar resultados de seguridad para la población civil.
En conversación con EL COLOMBIANO, Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo, aseguró que desde la entidad enfrentan un reto duro: atender, denunciar y registrar las situaciones de vulneración de Derechos Humanos en el país mientras el Gobierno les quita presupuesto.
Usted cuestionó el tarimazo, donde Gustavo Petro invitó a miembros de bandas delincuenciales a compartir escenario con él. ¿Por qué lo vio inconveniente?
“Desde que llegué a la Defensoría del Pueblo tenemos un protocolo de intervención en procesos de paz. Intervención no es participación. No somos parte de las mesas ni hacemos monitoreo. En cada proceso, incluyendo el del Valle de Aburrá, tenemos un delegado que hace seguimiento, participa en actividades relevantes y canaliza el trabajo de la entidad. Estamos de acuerdo con el proceso de conversaciones”.
¿Y cómo ve el proceso?
“Puede marchar bien. Pero el tarimazo era un evento político en plaza pública, con personas de bandas en cárceles. Eso tiene un mensaje simbólico, especialmente con el Presidente presente. Ver al Presidente con alguien que comete delitos graves desdibuja la diferencia entre ambos y complica el mensaje educativo”.
Es como darles una dignidad que no tienen. Lo que dicen es que la senadora Isabel Zuleta necesita mostrarles a ellos que sí les iba a cumplir con asuntos que les ha prometido y por eso realizó el evento.
“Hablé con la senadora Isabel Zuleta. Quería darle impulso político al proceso de paz, especialmente por la resistencia del gobierno local de Medellín. Sin embargo, el acto se transformó en un evento público con personas con cuentas pendientes con la justicia, paradas junto al Presidente”.
A propósito del tema de violencia y seguridad, ¿qué preocupa a la Defensoría de Antioquia?
“Antioquia es el departamento con mayor prevalencia de feminicidios: 90 casos este año, 125 en 2024. A nivel nacional la tendencia se mantiene estable. En Antioquia también aumentan los casos de explotación sexual”.
Relacionado con el turismo y redes criminales.
“Sí. De hecho, recuerdo que el año pasado, cuando salió la canción +57, muchos sentimos que dejó mal parados a los reguetoneros colombianos, a pesar de que en el mundo se está produciendo un mejor reguetón —y a mí, por ejemplo, me gusta mucho Karol G—. Fue un momento difícil.
Ahora, la explotación ocurre en bares, restaurantes, hoteles y transporte. En ese sentido, hablamos con el alcalde y estamos avanzando en un piloto sobre empresas y derechos humanos en Medellín. Ya estamos en la etapa de diagnóstico, con la idea de involucrar al sector privado. En Medellín los criminales se benefician, pero el entorno puede actuar para reducir la explotación”.
La alianza con Estados Unidos para capturar a los proxenetas ha mandado mensajes simbólicos. Algunos han recibido cadena perpetua. ¿Cómo puede intervenir la Defensoría? ¿Tienen apoyo judicial y diagnóstico?
“Sí, nosotros contamos con las duplas de género, que se encargan de acompañar a las víctimas de violencia sexual. El límite en estos casos está en que, aparentemente, hay consentimiento o libertad sexual. Es decir, no se trata de una violación directa en la que la persona es forzada en contra de su voluntad, sino de una situación de explotación en la que la víctima aparentemente acepta, pero en realidad existen relaciones de poder y subordinación que condicionan esa decisión. Cuando la violencia ya es más explícita, o cuando la víctima manifiesta querer actuar, nosotros brindamos acompañamiento jurídico y psicosocial a través de nuestro equipo especializado”.
La Defensoría también atiende el reclutamiento de menores.
“Ha aumentado en los últimos dos años. Registramos casos verificados cuando hay desvinculación o denuncia confirmada. En 2024 hubo 596 casos; este año 64, cifra que aumentará. El 63% ocurre en Cauca; 49% niños y niñas indígenas; 5-6% afrodescendientes. El reclutamiento de niñas subió del 39% al 44%, asociado casi siempre a violencia sexual
El problema es que ese nivel de verificación se alcanza en muy pocos casos. La mayoría permanecen ocultos porque las familias sienten miedo, los jóvenes no logran desvincularse o simplemente desaparecen”.
¿Por qué aumentó el reclutamiento de niñas?
“El año pasado, el 39% de las víctimas de reclutamiento eran niñas y adolescentes mujeres; este año la cifra subió al 44%. Y esa no es, por supuesto, la paridad que queremos. De hecho, casi siempre que ocurre el reclutamiento de niñas se puede presumir algún tipo de violencia sexual. Más aún, deberíamos partir del supuesto de que sí la hay, para poder brindar una protección adecuada.
Cuando las niñas ingresan a estos grupos armados, suelen enfrentarse a prácticas como anticoncepción forzada, abortos forzados, violencia sexual, esclavitud sexual, tocamientos y diversas formas de subordinación. Es un patrón que, lamentablemente, resulta bastante prevalente”.
Mucha gente no acude a la Defensoría por miedo. ¿Cómo convencerlos de que denuncien? ¿Qué mensaje les envía?
“El reclutamiento de menores de edad siempre es forzado, incluso cuando parece que hay consentimiento. Frente a lo que mencionas del miedo de las familias: a veces un niño o niña dice ‘yo quiero irme porque me prometieron un celular’, o ‘porque mi amigo está allá y yo quiero estar con él’. Aun así, se trata de un delito contra el menor de edad. Es irrelevante si el menor dice que quiere: la ley lo protege, y las familias deben saber que lo correcto es denunciar ante la Defensoría.
En esos casos, lo que corresponde es activar las rutas de protección, generalmente a cargo del ICBF, que puede trasladar al menor y brindar acompañamiento. Nosotros apoyamos ese proceso y ayudamos a activar la ruta”.
¿Qué dicen los defensores regionales sobre la guerra?
“Los departamentos con más casos son Cauca, Santander y Antioquia. Hay diferencias entre reclutamiento, donde el menor sale de su hogar, y uso, donde sigue en casa y realiza actividades como microtráfico. El Clan del Golfo tiene una política de fidelización para mantener a los menores en el grupo”.
¿Qué es una “política de fidelización”?
“Es decir, que los chicos se van para el grupo y permanecen allá. Los niños que se van, que vuelan, son menos”.
Les da miedo irse...
“Hemos tenido información de que, por ejemplo, les dan dinero a las familias, como si fuera un trabajo, aunque obviamente los menores siguen involucrados en la guerra. La mayor cantidad de reportes que recibimos proviene de las disidencias. Sin embargo, no podríamos afirmar que quienes más reclutan sean las disidencias de Mordisco, aunque sí sean de quienes más reportes recibimos, debido a esas diferencias en la información disponible”.
¿También hay abusos de las bandas sobre los menores?
“El reclutamiento es criminal y los niños sufren mucho, especialmente por disidencias. Por ejemplo, en Cauca y Nariño trasladaron menores a Guaviare y Meta. Hemos acompañado levantamientos de cadáveres con menores muertos en combate. Los grupos argumentan reclutamiento voluntario o edad mínima de 15 años, pero todo reclutamiento de menores es forzado. La mayor cantidad ocurre entre 13 y 18 años.
Por ejemplo, en Guaviare, en enero de este año, acompañamos un levantamiento de cadáveres en el que había varios menores, incluidas niñas, aproximadamente diez, que habían muerto en combate, alrededor de la misma fecha que los hechos del Catatumbo. Otros menores fueron llevados a combate por Mordisco y luego ‘recuperados’ por el ejército de Calarcá, que grabó un video diciendo que los menores se quedaban con ellos. Nosotros contactamos a Calarcá para decirles que podían regresar a sus casas si querían, pero nos respondieron que los menores preferían quedarse.
Los grupos armados suelen argumentar dos cosas: primero, que los niños y niñas quieren quedarse, alegando un ‘reclutamiento voluntario’; segundo, que el reclutamiento solo está prohibido hasta los 15 años según el derecho internacional humanitario. Sin embargo, jurídicamente esto no tiene solidez, porque todo reclutamiento de menores es forzado, y nuestro ordenamiento y los protocolos del Comité de los Derechos del Niño establecen protección hasta los 18 años.
Hubo casos extremos, como una hermanita de cinco años reclutada”.
¿Cómo ocurre el reclutamiento en territorios?
“En el Pacífico Nariñense, Caucano y Chocó, las familias envían niños a internados para protegerlos. Muchas comunidades no pueden hacerlo y los grupos armados imponen normas, violencia y autoridad de facto, normalizando la participación de menores. Las cartas que enviamos al Gobierno buscan que los grupos liberen a los niños y cumplan compromisos de la mesa de paz, aunque en muchos casos no recibimos respuesta”.
¿Es digno que el Gobierno dialogue con grupos que reclutan niños?
“El reclutamiento es un daño extremo y está prohibido. Los procesos de paz se hacen con quienes están en guerra y tienen motivaciones para continuarla. Cada acuerdo contempla compromisos sobre reclutamiento, pero la implementación falla por falta de monitoreo. El reclutamiento sigue siendo un crimen de guerra y pedir su cumplimiento es indispensable”.
Pero reclutar es una muestra de que quieren seguir combatiendo
“En este momento, el reclutamiento no solo es un indicador, sino una práctica asociada con el fortalecimiento, crecimiento y expansión de los grupos armados. Hasta 2014, las FARC seguían plenamente en conflicto; en 2015, se declaró el inicio del desarme y el proceso de paz, aunque esto hay que consultarlo con quienes vivieron la época. El gobierno también continuaba en guerra, por lo que, en Colombia, la guerra seguía mientras que en La Habana se negociaba la paz. Esta dinámica también es una técnica de negociación: para generar resultados en la mesa, tanto el Estado como los grupos deben mostrarse fuertes. No se trata de algo bueno o malo, sino de una estrategia de poder en el contexto del conflicto.
Desde nuestra perspectiva, como Defensoría del Pueblo, el reclutamiento de niños y niñas sigue siendo un crimen de guerra. Estar en un proceso de paz no exime a nadie de responsabilidad, y pedir que se cumpla esta prohibición sigue siendo una condición indispensable”.
¿Cómo ve la situación del país desde los territorios?
“Vivo de manera casi esquizofrénica: reuniones en Bogotá versus comunidades remotas. El interés político se centra en disputas de poder, mientras los problemas persisten. Mis declaraciones se usan para debates políticos, no para soluciones, y eso molesta porque la gente que sufre sigue olvidada”.
La Defensoría ha tenido dificultades presupuestales.
“El sector privado podría apoyar mucho en zonas rurales. En el Cauca se ha avanzado con mesas de trabajo y participación empresarial. En cuanto al presupuesto: en 2023 recibimos 21% más de lo solicitado, en 2024 4,4% más; cuando yo entré la asignación fue casi 7% menos de lo solicitado. Para 2026, proyectan una reducción del 9,7%. El presupuesto de inversión baja de 162.000 millones en 2024 a 85.000 millones en 2026, la mitad”.
Y eso los ha limitado.
“Debemos ampliar defensores comunitarios y crear duplas de género completas. En Antioquia, una sola dupla para todo el departamento no tenía sentido. Creamos al menos una por regional, redistribuyendo recursos. Tenemos 15 casas de los derechos, aunque algunas, como Granizal y Casucá, se cerraron. Son espacios de formación y atención a la comunidad. Actualmente hay 15, pero con recortes tendríamos que cerrar ocho”.
¿Cree que el presidente Petro se equivoca en el trato a estos derechos fundamentales?
“En género, el gobierno tiene políticas ambiciosas: emergencia de género, política feminista, patrullas púrpura, alerta rosa. Pero mantener nombramientos cuestionables contradice la emergencia. En paz, vemos improvisación; decisiones como la ubicación en el Catatumbo no consideraron riesgos para niños. En desigualdad, el gobierno acierta: Colombia es uno de los países más desiguales, con impacto territorial y de género”.
¿Su relación con el presidente es buena?
“Sí. Después de mis pronunciamientos del año pasado tuvimos conversaciones respetuosas y últimamente intercambio por chat. Nunca percibí desdén hacia la Defensoría”.
El Gobierno presentó el proyecto de Ley con reducción presupuestal. ¿Cuál es el mensaje?
“El proyecto asigna más recursos que años anteriores, pero sólo representa 0,02% del presupuesto general. No pedimos lujos, sino recursos básicos. La decisión fue unilateral y desconoce la autonomía constitucional de la Defensoría”.
¿Cree que el recorte presupuestal tiene que ver con las críticas que le ha enviado al Gobierno?
”Yo, honestamente, no lo sé. Pero sí creo que es un error para el país, lo creo profundamente. Incluso creo que es un error para el presidente de la República. La Defensoría del Pueblo colabora para que este país trate, al menos, de no estar tan mal. Esa es nuestra función, y eso le sirve a todo el mundo”.
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