El alto tribunal lleva más de un año estudiando dos demandas al respecto. Estos son los caminos que se pueden presentar.
Aun cuando la Universidad Nacional está avanzando en su proceso de “Constituyente Universitaria”, la comunidad académica está con los ojos puestos sobre el Consejo de Estado. El alto tribunal lleva casi año y medio estudiando dos demandas que definirán el futuro de su rectoría y la determinación que tome impactará ese proceso académico que busca, en palabras de la institución, “democratizar el gobierno y la vida universitaria”.
Huelga recordar que entre marzo y junio del año pasado, la elección de rector fue toda una novela en la que se metió hasta el presidente Gustavo Petro. El 22 de marzo fue elegido por votación en el Consejo Superior Universitario (CSU), José Ismael Peña. Sin embargo, la decisión no cayó bien en un grupo de estudiantes que se hizo sentir porque, quien había ganado la consulta no vinculante era Leopoldo Múnera.
Lo que vino fue la negativa del Ministerio de Educación a firmar la posesión de Peña —quien lo hizo en una notaría de Bogotá—, la renuncia de la representante estudiantil ante el CSU, Sara Jiménez, y que ese órgano académico el 7 de junio tumbara la elección de Peña y eligiera a Múnera para el periodo 2024-2027. Ambas elecciones fueron demandadas ante el Consejo de Estado al considerarlas ilegales.
Las demandas contra la elección de José Ismael Peña —presentada por el abogado Rodrigo Uprimny, gran amigo del contendor Leopoldo Múnera— señaló que el Consejo no justificó la decisión de no elegir a Leopoldo Múnera por ser el ganador de la consulta a la comunidad académica y que no respetó su resultado, que ganó este último con el 34,3 % de la votación frente al 8,3 % obtenido por Peña.
Entre tanto, las demandas contra la designación de Múnera alega que el CSU volvió a elegir rector aun cuando Peña estaba en el cargo tras una elección que gozaba de presunción de legalidad (que solo la justicia podía contradecir) y, por lo tanto, su designación no se podía echar para atrás.
Desde entonces, la Sección Quinta del Consejo de Estado, que estudia demandas de nulidad electoral, las analiza y las condensó en dos procesos. No obstante, a ese tribunal han llegado distintos recursos y pronunciamientos de los intervinientes (entre los que se encuentran la Procuraduría, el CSU, Peña, Múnera y el ministerio) que han demorado la toma de una decisión.
Como le dijo a EL COLOMBIANO el representante de los profesores ante el CSU, Diego Torres, “en las demandas se acabaron los recursos que se podían implementar antes del fallo, pues el último que hicieron en el de Ismael Peña fue pedir cambio de la sala del Consejo que estudia el caso”.
Ese último recurso que señala Torres fue una solicitud que hicieron los demandantes de la elección de Peña para que la decisión no la tome la Sección Quinta sino la Sala Plena del Consejo de Estado. El pasado 5 de agosto, esa corte profirió un auto en el que la negó porque “las razones presentadas por el solicitante no satisfacen los criterios invocados de importancia jurídica y necesidad de resolver las divergencias”.
En ese sentido, el profesor de esa universidad, Camilo Younes, le explicó a este diario que “después de esto no hay nada más que interponer, se acabaron los recursos y lo que queda es que la Sección Quinta emita un fallo”.
Además de ese auto del 5 de agosto del Consejo, ese día también se conoció el concepto de la Procuraduría General de la Nación en el proceso contra el rector Múnera. En el documento, el ente de control fue contundente y dijo que en esa designación hubo violación al debido proceso.
Sobre esto, señaló que con la decisión de revertir la elección de José Ismael Peña debía contarse con su consentimiento o esperar la decisión de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que es donde se resuelven las demandas en las que estén involucradas las entidades públicas. Es decir, del Consejo de Estado.
Y como hasta el sol de hoy no ha habido decisión de esa corte respecto de la primera elección, era ilegal que el Consejo Superior Universitario convocara a una sesión para designar a Múnera.
El concepto de la Procuraduría señaló que en la elección de Peña hubo “una manifestación de voluntad electoral proferida por la autoridad competente (el CSU), la cual creó una situación jurídica y produjo efectos jurídicos, habida cuenta de que fue comunicada a todos los interesados y a la comunidad en general”.
Al respecto, dijo que la resolución del Ministerio de Educación que convocó una nueva votación contrarió “el ordenamiento jurídico, vulnerando el derecho al debido proceso y desconociendo la lógica interna del sistema normativo colombiano”, por lo cual la designación de Múnera “está por fuera de los parámetros estatutarios y legales”.
La Constituyente Universitaria es, en los términos descritos por la Nacional, un “proceso de democratización” para reformar el gobierno universitario con la participación de los estamentos e integrantes de la comunidad académica.
La exrepresentante estudiantil ante el CSU, Laura Quevedo (renunció este mes al puesto y la remplazó Ana María Manrique), le dijo a EL COLOMBIANO que ese proceso va “bien avanzado”, que está marcado el camino para la “mesa constituyente” y que lo siguiente es definir el mecanismo para conformarla y decidir quiénes la integraran.
“No es solo para escoger gobierno universitario, sino también una actualización de las normas de la universidad en las que se incluye que las consultas sean vinculantes, pero no con elección directa”, contó Quevedo.
Sobre la posibilidad de que el fallo del Consejo de Estado tumbe la elección del rector Múnera —impulsor de esa constituyente—, explicó que si la persona que ocupe el cargo quiere terminar con ese proceso, tiene que hacerlo por el CSU.
Por su parte, los profesores Torres y Younes sugieren que ese procedimiento no ha tenido grandes avances y que no tiene cronograma.
Este galimatías judicial tiene dos caminos: que en las dos demandas se concluya que las elecciones fueron ilegales, con lo cual se tendría que iniciar la designación de rector desde cero; o que una sea legal y la otro no (es jurídicamente imposible que sean legales ambas). De eso dependerá el futuro de la “Constituyente Universitaria” y de la institución misma, que ha vivido momentos de tensión desde hace un año en medio de denuncias de hostigamientos contra profesores contradictores de Leopoldo Múnera.
Hasta el cierre de esta publicación, la Universidad Nacional no hizo comentarios sobre los hechos narrados aquí.
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