La Contraloría fue alertada por posible detrimento de $123.000 millones tras el retiro extemporáneo de Daniel Quintero de la consulta del Pacto Histórico
El concejal de Medellín, Alejandro de Bedout anunció que hizo una solicitud a la Contraloría General de la República para que investigue el posible “detrimento patrimonial por el retiro extemporáneo de Daniel Quintero” de la consulta presidencial del Pacto Histórico.
El exalcalde de Medellín anunció a 11 días de la consulta, programada para el próximo 26 de octubre, su decisión de retirarse. También aclaró que su retiro de la consulta no significa su salida de la contienda presidencial.
Daniel Briceño advirtió que si el Pacto Histórico cancela la consulta, “hará perder $123.406 millones a los colombianos”, monto correspondiente a la organización del evento ya contratada.
Por lo tanto, ante las polémicas alrededor de la consulta del partido del presidente Gustavo Petro, se alertó a la Contraloría el retiro tardío de Daniel Quintero. “Dicha conducta habría comprometido recursos públicos por más de $123.406.794.418, destinados a la logística, impresión de tarjetones, software electoral y operación de la jornada”, señaló el documento.
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Según el concejal De Bedout, el retiro fue “jurídicamente improcedente y extemporáneo”, en tanto que las resoluciones 7958 de 2025 de la Registraduría Nacional del Estado Civil y 00701 de 2025 del CNE fijaban como fechas límite entre el 26 de septiembre y el 3 de octubre para realizar cualquier modificación o retiro de precandidaturas.
De Bedout también solicitó a la Contraloría examinar la responsabilidad solidaria de los partidos que integran el Pacto Histórico —Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica y Partido Comunes—, al considerar que la actuación conjunta de estas colectividades habría contribuido al presunto detrimento patrimonial.
El concejal recordó además que, “el uso de los recursos públicos exige seriedad, legalidad y responsabilidad. Jugar con el erario en un mecanismo de participación democrática constituye una afrenta al Estado Social de Derecho y a la confianza ciudadana”.
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