La alarma fue emitida por el contralor general de la república, Edgardo Maya Villazón, quien considera que tras la aprobación por parte de la Cámara de Representantes de la ley de infraestructura se coló un “peligroso mico” y que estaría relacionado con un artículo en el que se da vía libre para que en caso de nulidad absoluta del contrato, se le podrán hacer toda clase de reconocimientos al contratista.
“El punto que genera alarma es que en vigencia de esta disposición, se podrían amparar situaciones de nulidad absoluta por objeto ilícito o causa ilícita, relativas a casos de corrupción, que a la luz de la normativa actual, no pueden generar ningún tipo de reconocimientos, pues de lo ilícito no nacen derechos”, indicó el funcionario.
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Agregó el contralor que “ser aplicado este artículo podría dar lugar al reconocimiento de coimas y pagos indebidos en contratos de Asociación Público Privada y de concesión de infraestructura de transporte celebrados antes de la vigencia de la Ley 1508 de 2012”.
La Contraloría General de la República solicitará al presidente Juan Manuel Santos considerar la objeción presidencial, también se estudiará la posibilidad de interponer una acción de inconstitucionalidad.
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