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En una auditoría realizada por la Contraloría General de la Nación a la Unidad para las Víctimas arrojó tres hallazgos fiscales por 2.509 millones de pesos.
La entidad de control fiscal “encontró preocupantes retrasos e incumplimientos en materia de indemnizaciones administrativas, una pobre cobertura del
Programa de Reparación Colectiva, así como una inoportuna reparación de las comunidades étnicas que deben recibir un tratamiento especial y diferenciado, entre otras situaciones”, según reveló en un comunicado en la mañana de este martes.
Reparación administrativa
De acuerdo con el presupuesto ejecutado, en 2018 la Unidad para las Víctimas pagó $566.291 millones por concepto de indemnizaciones administrativas
“En la auditoría realizada, se estableció inexistencia de una ruta o procedimiento para acceder a la indemnización administrativa, que tiene relación con el represamiento de 1.140.145 pagos pendientes por realizar a 31 de diciembre de 2018, que equivalen al 55%”, dice el documento, esto significa un grave incumplimiento la orden judicial de la Corte Constitucional prevista en el art. 7 del Auto 206 de 2017 que ordena la indemnización a las familias desplazadas.
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De otro lado, en el Programa de Reparación Colectiva, sólo el 1 % (seis sujetos de reparación colectiva) de los 631 incluidos en el Registro Único de Víctimas (RUV), ha sido reparado de manera integral y completa de acuerdo con las acciones planeadas y concertadas para la reparación, denotando una pobre cobertura al finalizar el 2018.
A este respecto, para la vigencia 2018 se dejaron de cumplir seis de las 11 metas de reparación colectivas planteadas por el Ejecutivo.
Además de estos hallazgos que son estrictamente de su competencia, la Contraloría constituyó también ocho hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y uno con otra incidencia que será trasladado a la Corte Constitucional.
Reparación étnica
Según la auditoría, “no han sido implementados planes de reparación colectiva en su totalidad... los miembros de estas comunidades no son reparados de manera pronta, oportuna y eficaz, resultando revictimizados. El incumplimiento de las acciones y plazos acordados en los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC), afectan la confianza institucional en los sujetos donde se habían creado expectativas que finalmente no se van a cumplir, confianza que ya se había afectado con el daño colectivo”.
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Recursos del fondo de reparación
Así mismo, la Contraloría determinó que “los bienes administrados por el Fondo, no cumplen con criterios de rentabilidad y se observa ineficiencia en la monetización, así como incumplimiento de la normatividad vigente”.
Además de los hallazgos fiscales, la entidad también constituyó ocho hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y uno con otra incidencia que será trasladado a la Corte Constitucional.
La Unidad responde
En un comunicado a la opinión pública la Unidad para las Víctimas manifestó que “desde el inicio del actual Gobierno, ha hecho públicas las dificultades presupuestales para atender y reparar a todas las víctimas y sobre los retrasos en el pago de la indemnización administrativa, que es apenas uno de los componentes de la reparación integral”.
Y confirmó su disposición para atender los requerimientos de la Contraloría y cumplir con los lineamientos que el proceso regula y ordena.