La Contraloría General de la República puso la lupa sobre los recursos destinados al Programa de Alimentación Escolar (PAE) y encontró presuntas irregularidades que comprometerían $39.139 millones.
De acuerdo con el organismo de control, en las actuaciones adelantadas se identificaron 84 hallazgos administrativos, de los cuales 71 tienen presunta incidencia disciplinaria, uno tiene posible incidencia penal y cinco fueron determinados para indagación preliminar.
Los resultados hacen parte de 32 auditorías de cumplimiento realizadas durante 2026 sobre los recursos del Presupuesto General de la Nación ejecutados para el programa en 2025.
Además, 41 hallazgos tienen incidencia fiscal por $39.139 millones, relacionados principalmente con problemas en la ejecución de los contratos, sobrecostos y mayores valores pagados.
Según la Contraloría, el 60 % de los hallazgos fiscales está relacionado con falencias en la ejecución contractual, entre ellas debilidades en la planeación, el manejo de la información, la supervisión y el control.
Otro 30 % corresponde a sobrecostos en los pagos a manipuladoras de alimentos y en las raciones alimentarias, mientras que el 10 % restante está relacionado con mayores valores pagados.
La situación genera preocupación porque no se trata de cualquier entidad. Es el organismo encargado de gestionar los recursos destinados a garantizar la alimentación de niños, niñas y adolescentes durante su jornada escolar.
La Contraloría señaló que las situaciones encontradas se han presentado de manera reiterada y advirtió que estas irregularidades comprometen recursos públicos que deberían estar destinados a la atención de los estudiantes.
A esto se suma que, según las cifras oficiales del PAE, la cobertura nacional para 2026 es del 87 %. “Esto significa que cerca de 1 millón de estudiantes todavía no reciben alimentación escolar en sus entornos educativos”, aseguró la entidad.
Advierten riesgo para 600.000 estudiantes
La Contraloría también alertó sobre otro problema: la posible falta de continuidad del PAE en 13 Entidades Territoriales Certificadas (ETC).
De acuerdo con las auditorías, los contratos que garantizan la prestación del programa en esos territorios ya finalizaron o están próximos a terminar y, en algunos casos, no se evidencian procesos contractuales en curso ni disponibilidad de recursos para garantizar la continuidad del servicio durante 2026.
La advertencia podría afectar a cerca de 600.000 estudiantes, quienes quedarían en riesgo de no recibir el servicio de alimentación escolar.
Para la Contraloría, este escenario resulta especialmente preocupante debido a que el país todavía no alcanza la cobertura universal del PAE y cerca de un millón de estudiantes permanecen por fuera del programa.
Los resultados de las auditorías fueron conocidos luego de que el organismo de control revisara durante 2026 la ejecución de los recursos destinados al PAE en 2025 en 32 entidades territoriales certificadas.
La entidad continuará haciendo seguimiento a las situaciones detectadas y a los recursos comprometidos en los contratos del programa, mientras que los hallazgos con posibles incidencias disciplinarias, penales y fiscales deberán seguir los trámites correspondientes ante las autoridades competentes.
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Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿Qué irregularidades encontró la Contraloría en los recursos del PAE?
- El organismo de control identificó 84 hallazgos administrativos tras auditar la ejecución de 2025, de los cuales 41 tienen incidencia fiscal por $39.139 millones, 71 presunta incidencia disciplinaria, uno posible incidencia penal y cinco se determinaron para indagación preliminar.
- ¿En qué consisten los principales problemas y sobrecostos detectados en el PAE?
- El 60 % de las irregularidades fiscales corresponde a falencias en la ejecución contractual (debilidades en planeación, supervisión, control y manejo de información), el 30 % a sobrecostos en los pagos a manipuladoras y raciones alimentarias, y el 10 % restante a mayores valores pagados.
- ¿A cuántos estudiantes afecta la falta de continuidad del PAE en Colombia?
- La falta de continuidad contractual o disponibilidad de recursos amenaza el servicio de alimentación escolar para cerca de 600.000 estudiantes en 13 Entidades Territoriales Certificadas (ETC).
