La Contraloría General de la República advirtió que más de 5 millones de personas en Colombia aún carecen de agua potable, cerca de 12,5 millones no cuentan con alcantarillado sanitario y 8,6 millones siguen sin servicio de recolección de basuras.
El pronunciamiento se dio este martes durante la instalación del foro “30 años de la Ley 142: Desigualdades en Agua y Saneamiento en las Regiones”, en el que la entidad alertó que la desigualdad territorial, la baja calidad del agua y el recorte presupuestal para 2026 amenazan con profundizar la brecha entre lo urbano y lo rural.
“No es posible garantizar el derecho a la vida, a la salud o a una vivienda digna sin agua potable y saneamiento básico, cuando existen diferencias entre lo urbano y lo rural. Esas falencias se convierten en factores discriminatorios contra quienes habitan los territorios más apartados”, advirtió la Contraloría.
Según el ente de control, aún existen más de 190 municipios en los que el servicio de acueducto se presta menos de 12 horas al día.
La entidad también reveló que entre 1993 y 2024 la cobertura urbana apenas aumentó un 3,2 % en acueducto, un 11,8 % en alcantarillado y un 16,1 % en recolección de basuras.
La brecha entre zonas urbanas y rurales sigue siendo significativa: en 2024 fue del 36 % en acueducto, 78,4 % en alcantarillado y 67,5 % en aseo. En regiones como la Amazonía, la cobertura en acueducto apenas alcanza el 46,8 %, frente al 93,6 % de la Región Andina.
Uno de los puntos más preocupantes señalados por la Contraloría es la reducción del presupuesto destinado a agua y saneamiento. El Presupuesto General de la Nación 2026 contempla una disminución del 53 % en los recursos de inversión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, pasando de 1,5 billones de pesos en 2025 a 0,7 billones en 2026, es decir, “representa una disminución cercana a 800 mil millones de pesos”.
A esta situación se suma una baja ejecución presupuestal. Hasta el 18 de septiembre de 2025, el ministerio solo había ejecutado el 23 % de su inversión total, y en el componente de agua, saneamiento y basura cero, el 22 %.
“De mantenerse esta tendencia, se verá comprometida la capacidad institucional para garantizar cobertura, continuidad y calidad en los servicios públicos de este sector, afectando los avances logrados y profundizando las brechas regionales”, advirtió la entidad.
La Contraloría también alertó sobre la deficiente operación de las infraestructuras ya existentes: de 684 plantas de tratamiento de aguas residuales evaluadas, solo el 39 % opera efectivamente, mientras el resto presenta fallas estructurales o abandono, lo que ocasiona el vertimiento de aguas contaminadas en ríos y mares.
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Entre 2020 y el primer semestre de 2025, la entidad realizó 40 auditorías al Sistema General de Participaciones (SGP), con 137 hallazgos fiscales por $75.515 millones, y 71 auditorías a los Planes Departamentales de Agua (PDA), que arrojaron 231 hallazgos por $197.053 millones. En cuanto a los recursos provenientes de regalías, se identificaron hallazgos fiscales por $170.664 millones en proyectos que suman $1,1 billones.
En conjunto, la Contraloría identificó posibles daños al patrimonio público por más de $443.232 millones.
“Nuestro trabajo debe convertirse en un instrumento para corregir, anticipar riesgos y garantizar que las políticas públicas lleguen a quienes más lo necesitan”, concluyó la Contraloría.
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