En la tarde del jueves, una manifestación frente a la sede de la Andi en Bogotá terminó en disturbios y enfrentamientos con la Fuerza Pública, luego de que la protesta —convocada en respaldo a los activistas de la Flotilla Global Sumud y a las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto, detenidas por Israel en el Mediterráneo— derivara en ataques contra el edificio. De estas, salieron denuncias contra un contratista de la Presidencia de la República, quien estaría detrás de las manifestaciones.
Contexto: ¿Protestas contra la Andi por detención de dos colombianas en Israel estaban calculadas?
Se trata de Juan Camilo Villalobos, contratista de la Presidencia de la República, quien estuvo entre los activistas que convocaron la protesta contra la ANDI, en medio de un debate sobre las relaciones empresariales con Israel y el conflicto en Gaza.
Sin embargo, documentos revelados por el concejal Daniel Briceño señalan que Villalobos es contratista del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, con un contrato vigente en la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario: “Juan Camilo Villabos una de las personas que convocó el hostigamiento contra la ANDI el jueves en Bogotá es contratista de la Presidencia de la República. Aún así, amigos del gobierno anti empresa dicen que lo de ayer fue una “acción espontánea del movimiento social””, cuestionó Briceño.
El documento de certificación muestra que el Contrato de Prestación de Servicios N.° 155-25 de 2025 fue firmado entre la Presidencia de la República y Juan Camilo Villalobos Forero, en el que dice que Villalobos debe prestar servicios profesionales en la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
Su tarea es apoyar actividades que “conforman el Sistema Nacional de Derechos Humanos en el marco del proyecto de inversión”, aunque no se menciona un proyecto en particular.
El valor total del contrato asciende a $96.228.600. En el mismo documento se consigna que el plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre con honorarios por $9.252.750. También se registra un “valor ejecutado” a la fecha de $31.459.350 y un “pago en trámite” por $9.252.750.
El plazo de ejecución del contrato está previsto hasta el 31 de diciembre de 2025, sujeto al cumplimiento de requisitos como la aprobación de la garantía única, el registro presupuestal y el inicio de la cobertura de riesgos laborales.
Lo que dice Villalobos sobre las protestas
En entrevista en la mañana del jueves 2 de octubre con Blu Radio, Juan Camilo Villalobos explicó las razones que motivaron la protesta frente a la ANDI. Según dijo, revisaron que “hace cuatro meses la misión de negocios de Israel hizo un encuentro con la ANDI” y que el gremio empresarial cuestionó la suspensión de exportaciones de carbón hacia ese país. También señaló que, desde 2022, la asociación ha sostenido consejos empresariales con distintas delegaciones internacionales, incluida la de Israel.
Villalobos anunció además una nueva movilización para el 7 de octubre en Bogotá. El recorrido, dijo, partirá desde la Embajada de Estados Unidos hacia la Plaza de Bolívar, e hizo énfasis en que el llamado es a manifestarse de manera pacífica.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó los disturbios y aseguró que la Administración sí actuó, pues a las 4:39 ordenó a la Policía y a la Fuerza Pública intervenir luego de que se agotaran los intentos de diálogo para restablecer el orden en la ciudad.
Por su parte, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, respondió en medios radiales que la entidad no tiene vínculos comerciales con Israel ni relación alguna con el conflicto en Gaza.
EL COLOMBIANO también conversó con manifestantes que asistieron a la charla del miércoles en la noche. Ellos aseguraron que no conocían de antemano un plan específico contra la ANDI, sino que se enteraron a través de un comunicado que circuló antes del evento.
Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿Qué contrato tiene Juan Camilo Villalobos con la Presidencia?
- Tiene un contrato de prestación de servicios con la Consejería Presidencial para Derechos Humanos, por
$96.228.600 millones hasta diciembre de 2025
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