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Corte pide agua potable para el sur de La Guajira
Magistrados concluyeron que la empresa Cerrejón vulneró derechos al medio ambiente. Empresa y ministerios preparan plan para el abastecimiento de agua.
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La Corte pudo establecer que las fuentes hídricas de las que se abastecen los habitantes de la comunidades afrodescendientes se encuentran contaminadas. FOTO archivo
La comunidad afrodescendiente de los corregimientos de Patilla y Chancleta, ubicados al sur de La Guajira, ganaron un pulso jurídico que sostenían desde 2010 con la empresa Carbones del Cerrejón Limited por afectaciones al medio ambiente. La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional falló a su favor, al señalar que Cerrejón “vulneró los derechos fundamentales de esta comunidad (...) al negarse a reconocer su presencia en la zona de influencia” de los proyectos mineros.
Antes de que las familias sean reasentadas, la Corte le ordenó al Ministerio del Interior realizar una consulta previa en un lapso no mayor a 30 días. Mientras el Ministerio adelanta este trámite, Carbones del Cerrejón Limited, la Alcaldía de Barrancas y Aguas del Sur de La Guajira S.A. deberán garantizar el suministro de agua “mediante una forma alternativa de conexión al acueducto que funciona en Barrancas, empleando el medio que consideren adecuado para tal efecto (por ejemplo, suministrando el servicio a través de carrotanques o pozos)” dice la Corte.
La Alcaldía de Barrancas, la Gobernación de La Guajira y los ministerios de Hacienda y Vivienda deberán elaborar un plan definitivo “para amparar un mínimo vital de agua que asegure la dignidad de las comunidades ancestrales en La Guajira”. El plan deberá expedirse, a más tardar, en marzo de 2018. Este plan deberá incluir “un porcentaje adicional de agua de agua que garantice el desarrollo de los procesos productivos”. Esto con el fin de preservar las formas de vida de las comunidades que habitan allí.
El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, le dijo a EL COLOMBIANO que acatará el fallo de la Corte: “El problema en el sur del departamento es que los acueductos no tienen una adecuada operación. La responsabilidad de dicho servicio es del ente territorial y han tenido pérdidas superiores al 60 %. En este sector estamos invirtiendo cerca de 92 mil millones de pesos, pero sin el compromiso de los entes territoriales es difícil”.
Así fue la disputa jurídica
En agosto de 2010, el Ministerio de Ambiente le ordenó a la empresa Cerrejón una reubicación de los habitantes de los corregimientos de Patilla y Chancleta, en un plazo de un año. El proyecto de vivienda que presentó la empresa Carbones Cerrejón Limited no fue avalado por la comunidad de afrodecesendientes, que fue representada por el Campo Elías López Morón, autor de la tutela. Cerca de 40 familias rechazaron el plan de vivienda porque iba en contra “de su identidad cultural y social como comunidad negra, rural y campesina”.
En abril de 2014, el juzgado promiscuo de Barrancas declaró que la acción de tutela de la comunidad afrodescendiente era improcedente debido a que, en este caso, no debieron utilizar la tutela sino la figura de acción popular. El juzgado promiscuo de Familia de San Juan del Cesar confirmó el fallo de primera instancia y el caso pasó a manos de los siguientes magistrados de la Corte Constitucional: Martha Victoria Sáchica , Luis Ernesto Vargas y María Victoria Calle.
La empresa Cerrejón se defendió con tres argumentos puntuales: no existe afectación al medio ambiente porque “se utilizan los más avanzados estándares de calidad certificada ISO 14001-2014”; el proceso de reubicación contaba con todos los requisitos, pero las poblaciones “se niegan al reasentamiento o a recibir el valor o indemnizaciones pertinentes en dinero o especie”. Por último dijo que la asociación de comunidades afrodescendientes “se constituyó con el ánimo de obtener mayores beneficios por parte de la empresa”.
La Corte visitó los corregimientos y “pudo verificar que las fuentes hídricas de las que se abastecen los habitantes de la comunidad accionante se encuentran contaminadas”.
Evidenció que “existe un riesgo constante para la salud de la comunidad debido a la permanente explotación carbonífera y al material particulado que se genera”. Además, “la población accionante no cuenta con servicio de acueducto ni de alcantarillado; no existen en la actualidad medidas tendientes contrarrestar los impactos causados por la extracción de carbón”.
92
mil millones de pesos está invirtiendo el Minvivienda en el sur de La Guajira.
Reportero. Creo, como Rainer Werner Fassbinder , que “ lo que no podemos cambiar, debemos al menos describirlo”.
