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La comunidad afrodescendiente de los corregimientos de Patilla y Chancleta, ubicados al sur de La Guajira, ganaron un pulso jurídico que sostenían desde 2010 con la empresa Carbones del Cerrejón Limited por afectaciones al medio ambiente. La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional falló a su favor, al señalar que Cerrejón “vulneró los derechos fundamentales de esta comunidad (...) al negarse a reconocer su presencia en la zona de influencia” de los proyectos mineros.
Antes de que las familias sean reasentadas, la Corte le ordenó al Ministerio del Interior realizar una consulta previa en un lapso no mayor a 30 días. Mientras el Ministerio adelanta este trámite, Carbones del Cerrejón Limited, la Alcaldía de Barrancas y Aguas...
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