La Procuraduría General de la Nación advirtió sobre la crisis humanitaria que atraviesa el municipio de Arenal, en el sur de Bolívar, donde los enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y el Clan del Golfo han provocado el desplazamiento de más de 1.000 personas y el confinamiento de cerca de 5.000 habitantes.
El Ministerio Público rechazó “la situación humanitaria en Arenal, sur de Bolívar, como consecuencia de enfrentamientos y accionar delictivo de grupos armados ilegales”, señaló la entidad en un comunicado, en el que instó al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, a la Unidad para las Víctimas y a las autoridades locales a activar de inmediato rutas de prevención, protección y atención.
La Procuraduría pidió además evaluar visitas de verificación a la zona para garantizar los derechos de la población afectada.
Las alertas por esta crisis comenzaron a registrarse el pasado 3 de septiembre, cuando la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos reportó desplazamientos colectivos en los corregimientos de San Agustín y San Francisco, con riesgo de extensión hacia Unión Dorada y Mina del Cielo.
De acuerdo con esa oficina, al menos 350 familias ya habían salido de sus hogares por la orden de desalojo del ELN en medio de su enfrentamiento con el Clan del Golfo.
Ese mismo día, la Defensoría del Pueblo acompañó la activación del plan de contingencia municipal. La entidad denunció además la instalación de minas antipersonales y el despojo de bienes como factores que agravan la emergencia, vulnerando la seguridad alimentaria y restringiendo la movilidad de las comunidades.
“Hacemos un llamado de respeto al Derecho Internacional Humanitario frente a la crisis que está en curso”, indicó la entidad.
El presidente Gustavo Petro también se pronunció en X, confirmando que el ELN “mandó desalojar” veredas de San Agustín y Santo Domingo. El mandatario ordenó al Ejército copar el territorio tras realizar labores de detección de minas. “No puede haber terreno vedado ni para el Ejército, ni para el pueblo de Colombia”, escribió.
En cumplimiento de esa orden, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que varios pelotones del Ejército, con apoyo de equipos antiexplosivos, fueron desplegados desde el miércoles en la zona para proteger a la población civil frente a artefactos instalados por el ELN.
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Para el jefe de la cartera de Defensa, el ataque sistemático hacia la población civil por parte del ELN “es un crimen de extrema gravedad, catalogado como delito de lesa humanidad, que no prescribe y se puede aplicar la justicia en cualquier parte del mundo”.
Sánchez sostuvo que tanto las fuerzas militares como la Policía trabajan para “garantizar la seguridad de las regiones con la premisa que no existan terrenos vedados ni para el pueblo colombiano ni para la Fuerza Pública”.
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