En un comunicado público, el expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez, insistió que lo que pretende la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que empezaría a funcionar una vez se firme el Acuerdo Final con las Farc, “ignora que en Colombia ha habido una acción narcoterrorista contra la democracia, a diferencia de otras partes de América Latina donde insurgencias civiles armadas enfrentaron dictaduras, lo cual mereció el calificativo de conflicto. Nuestras Fuerzas Armadas no han sido de la dictadura, todo lo contrario, se distinguen por sus respeto a la democracia”.
Según Uribe, aunque el artículo 34 del capítulo de justicia de la JEP dice que el tratamiento para los actores del conflicto armado, sean agentes del Estado o integrantes de grupos armados ilegales, puede ser diferente pero equilibrado y equitativo, “la lectura de los artículos 59, 44 y 60, muestra que no hay tal diferencia. Y del texto integral de justicia se desprende que integrantes de las Fuerzas Armadas y civiles serán sometidos a un Tribunal con unos jueces nombrados por organismos y con perfiles que acuerden el Gobierno y la Farc, esto es, militares y civiles quedan a disposición del Tribunal y de los jueces de la Farc”.
Agrega el expresidente en su comunicado que “queda claro que igualan las responsabilidades de los Comandantes institucionales con los cabecillas criminales, cuando la misión de los primeros es la protección de la ley y de los ciudadanos, y la vocación de los segundos es el delito, así lo llamen derecho a la rebelión”.
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