Es incierto el paradero de Ómar Hernández. Su abogado, Víctor Muñoz, también renunció tras ser víctima de un atentado.
Ómar Hernández, uno de los testigos más importantes para esclarecer la presunta financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro con dineros de la captadora ilegal Daily Cop, se vio obligado a abandonar el país por falta de protección. Aunque ha entregado información relevante que podría destrabar el caso, la Fiscalía General de la Nación no le ofreció ninguna medida de seguridad.
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Su testimonio ha resultado crucial para detallar cómo, a través de una empresa fachada, presuntamente se adquirió un avión Super King 300 que habría sido entregado como una donación en especie por la captadora ilegal Daily Cop a la campaña del entonces candidato Gustavo Petro.
El testigo asegura haber sido el encargado de diseñar el método de blockchain (cadena de datos con ciberseguridad) para la empresa Daily Cop, del que presuntamente se habría valido la campaña del hoy presidente Petro para realizar transacciones sin que estas fueran detectadas.
Sin embargo, y pese a los aportes que ha hecho a la investigación, Hernández ha sido víctima de atentados, múltiples amenazas y persecución.
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La situación se agravó hace un par de semanas, cuando su abogado, Víctor Muñoz, fue víctima de un atentado. A raíz de este hecho, Muñoz renunció a su defensa, argumentando que no existían condiciones para ejercer su labor sin poner en riesgo su vida.
En entrevista con EL COLOMBIANO, Muñoz entregó detalles sobre la gravedad de su situación, señalando que ambos quedaron en la indefensión tras alertar sobre posibles irregularidades en la financiación de la campaña. Hasta ahora, no se conocen avances en las investigaciones relacionadas con estas denuncias ni con las amenazas que enfrentan.
“Nosotros ya habíamos sido advertidos desde que Ómar comenzó con el proceso de colaboración que iba a ser un proceso supremamente difícil, porque en este proceso penal, que es un macroproceso de captación masiva por criptomonedas y criptoactivos, sabíamos que había muchas personas importantes involucradas, entre ellos el propio Gobierno Nacional, frente a la situación puntual de la captación ilícita para financiar la campaña. Sabíamos que había amenazas, incluso contra Ómar hubo un atentado también en Medellín. Por eso se solicitó su traslado y efectivamente se dio. Finalmente, Ómar salió libre por vencimiento de términos, pero seguíamos a la espera de la decisión y resolución del principio de oportunidad en el mes de noviembre de 2024. Sin embargo, nada pasó. Al contrario, la situación se puso más peligrosa, no solo para Ómar, también para mí”.
“Hace un par de semanas, dos personas se acercaron hacia mí violentamente. Básicamente, no solo me amenazaron diciéndome que debía ‘abrirme’ del proceso, así fueron las palabras exactas, sino que me pidieron el celular, únicamente el celular. A pesar de que tenía dinero en efectivo en la billetera y otros elementos como el reloj, nada de eso les interesó. Me imagino que fue por la información que tengo ahí. Esas personas me hirieron y me fracturaron una pierna. Me dieron 30 días de incapacidad”.
“Claro, inmediatamente. Pero lamentablemente la Policía Nacional nunca me brindó ningún tipo de apoyo ni medida de seguridad. Simplemente me dijeron que debía cuidarme y que estarían pendientes de mi llamada al CAI. Eso me pareció absurdo y por eso decidí renunciar al proceso por falta de garantías de seguridad y porque, básicamente, no tengo cómo seguir desarrollando mi actividad profesional”.
“Tenemos varias hipótesis, pero la primera gran hipótesis que manejamos es que esto viene de la misma organización criminal. También creemos que hay una participación del Gobierno, en el sentido de que no le interesa que este caso siga adelante por las consecuencias tan delicadas que podría tener. No quisieron prestarle a Ómar, ni mucho menos a esta defensa, ningún tipo de ayuda ni de seguridad”.
“Estamos hablando de que el Gobierno se beneficia de una financiación ilegal con recursos provenientes de captación masiva, lo que genera un lavado de activos. Incluso, ya se abrió una nueva investigación en la Comisión de Acusaciones, donde se da certeza de lo sucedido y se tendrá que avanzar en el proceso. A nadie le conviene un testigo que hable y verifique que dicha financiación se ejecutó con la campaña del presidente Gustavo Petro”.
“Yo sé que Ómar ya no está en el país, es lo que tengo entendido. Ya no tengo comunicación con él. La situación para él es grave. Teme por su vida y por su seguridad”.
“La verdad, fue una decisión unilateral. Yo con Ómar no he podido hablar. La última conversación que tuvimos fue en octubre. Antes de que él saliera del país, ya estaba aislado. Nadie tiene comunicación con él, ni siquiera yo”.
“Ya está en la fase formal de juicio oral, en etapa preparatoria”.
“El principio de oportunidad ya estaba casi aprobado, pero lamentablemente, por las presiones del Gobierno, no se logró materializar. Como no se concretó nada, el proceso siguió adelante e irá a juicio”.
“Al haber sido tan intempestivo el cambio de abogado, se determinó que sea una defensoría pública la que asuma la defensa”.
“Definitivamente no. Daily Cop es una organización criminal que permeó actividades legales en Colombia e incluso financió una campaña presidencial con dineros derivados de la captación.”.
“Solo tiene dos: seguir adelante en el proceso para demostrar su inocencia o volver a solicitar un principio de oportunidad, en caso de que lo considere necesario”.
“No creo que vuelva al país. Es un riesgo para su vida”.
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