El canciller de Colombia, Álvaro Leyva, anunció este miércoles 13 de septiembre que se declara desierto el proceso de licitación para la elaboración de pasaportes en Colombia, cuyo valor es de $599.000 millones.
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Esta contratación ha estado bajo la vigilancia de los órganos de control como la Procuraduría y la Contraloría. Tiene como objeto la formalización y emisión de pasaportes, cuyo proceso de licitación pública estuvo suspendido desde el 31 de julio pasado por una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Tiene un plazo de ejecución de tres años.
La premura por encontrar un contratista que lleve a cabo esa tarea se debe, en parte, a que a la empresa que ha hecho esta labor en los últimos 17 años –Thomas Greg & Sons– se le venció el contrato.
Vale recordar que este proceso también estuvo detenido a principio de año y en julio el canciller Álvaro Leyva reanudó el trámite con el objetivo de preparar los pliegos definitivos que condujeran a la selección de la mejor propuesta.
De hecho, el pasado 5 de septiembre el Ministerio de Relaciones Exteriores reanudó esta licitación, que ha estado bajo sospecho por cuenta de las denuncias por un supuesto favorecimiento para su único oferente: Thomas Greg & Sons.
Ante esos reclamos, la Cancillería decidió suspender la licitación, pero confirmó que tras superar las acciones judiciales, el proceso seguiría en marcha y la adjudicación del contrato se realizaría ese día por medio de una audiencia pública.
La Contraloría General también hizo una advertencia al Fondo Rotatorio de ese ente de control por el inminente riesgo que ha identificado por cuenta de la suspensión de este proceso sobre el suministro, formalización y distribución de pasaportes.
Según el ente de control en cabeza de la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, se presentó un informe donde se advierte de “la probabilidad de materialización de los riesgos identificados en torno al proceso licitatorio se incrementó”.
Al respecto, se argumentó que la suspensión de este proceso licitatorio podría presentar una intermitencia o hasta una parálisis en la prestación del servicio público de expedición de pasaportes, pues este no se prestaría bajo condiciones de oportunidad, y así los recursos destinados para la prestación del servicio no cumplirían con su fin.
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