Del muro de la infamia al bloqueo de violadores

  • ILUSTRACIÓN ELENA OSPINA
    ILUSTRACIÓN ELENA OSPINA
Por RICHARD AGUIRRE FERNÁNDEZ | Publicado el 15 de mayo de 2019
en definitiva

Este registro permitirá que las empresas públicas y privadas consulten las bases de datos para evitar la contratación de violadores de niños. Es otra acción preventiva en Colombia.

El Instituto Nacional de Medicina Legal realizó diariamente 57,7 exámenes médicos legales durante el primer trimestre de este año, por abuso sexual en menores de edad. Es decir, entre enero y marzo hubo 5.200 casos. Sin embargo, la preocupación se mantiene en el subregistro, que tiene que ver con los casos que no se denuncian.

El dato, aunque es menor que los 65 casos registrados cada día, en promedio, durante 2018, sigue generando alerta. La cifra da pie a una radiografía en Colombia: los niños siguen siendo vulnerables ante el abuso sexual, sobre todo, porque de acuerdo con Medicina Legal, los principales responsables son familiares o personas cercanas.

Por esta razón, el Ministerio de Defensa firmó hace dos semanas el Decreto 753 de 2019 con el fin de crear el Registro Nacional de Ofensores Sexuales.

El sistema se crea para reglamentar la Ley 1918 de 2018, por medio de la cual se estableció el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por estos delitos contra menores de edad, y tiene el fin de bloquear laboralmente a abusadores, principalmente para empleos que tengan contacto con ellos.

Este caso recuerda el debate que se generó en 2007, cuando en Bogotá, en diferentes puntos, ubicaron vallas con los rostros de violadores, para ponerlos ante el escarnio público y enviando un mensaje de “peligro” para la sociedad. Sin embargo, la Corte Constitucional los tumbó en ese momento (ver: ¿Y el muro de la infamia qué?).

¿Cómo será?

El decreto, indica que el registro “inhabilitará a quienes hayan cometido delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes para ser contratados”.

En ese sentido, Juliana Pungiluppi, directora del ICBF, señaló que “proteger a los menores de edad de la violencia sexual es posible y es responsabilidad de todos. Colombia se convirtió en el segundo país de América Latina en contar con una herramienta de este tipo que permitirá alejar a los abusadores”.

También es necesario recordar que este tipo de estrategias se ha implementado en otros países del mundo, como Estados Unidos y Argentina, que lo puso a funcionar en 2013 (ver: Así funciona en otros países).

Los perfiles

El decreto identificó las profesiones en las que un responsable de delitos sexuales contra esta población no podrá ser contratado por ninguna entidad pública o privada.

En el documento aparecen perfiles profesionales como docentes y los relacionados con instituciones educativas, personal de atención directa al público en servicios culturales, de recreación y deporte, personal de transporte escolar, médicos, entre otros.

Un dato relevante es que en el decreto también incluyen a los religiosos, como sacerdotes, pastores y catequistas.

Además, el Papa Francisco publicó un documento que incluye órdenes específicas sobre cómo actuar cuando se conozcan este tipo de casos.

De acuerdo con El Vaticano, la normativa está dirigida para que haya una mayor protección y atención a las víctimas y sanciones más severas a los religiosos responsables o a quienes oculten información.

Esta medida, que empezará a regir el 1 de junio próximo, solo se hará efectiva en El Vaticano, aunque es vista de buena manera, pues por lo menos se fija una posición ante los delitos cometidos por los representantes de la Iglesia Católica.

Así operará

Según el Decreto colombiano, el registro será manejado por la Policía, y las entidades públicas y privadas estarán obligadas a consultarlo, “para que puedan contratar a un empleado cuya labor implique un trato habitual y directo con menores de edad”, dijo Pungiluppi.

La funcionaria advirtió que si el aspirante ha tenido condenas por delitos sexuales o por agresiones contra niñas, niños o adolescentes “no podrá ser contratado”.

Si los empleadores hacen caso omiso, recibirían sanciones y multas de hasta 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, de hasta $414.058.000.

¿Servirá la medida?

Ximena Norato, directora de la Agencia Pandi, entidad dedicada a velar por la protección de los derechos de los menores de edad en Colombia, sostiene que todo paso que se dé alrededor de la protección de la niñez “es importante”; no obstante, señala que aún falta mucho, dado que hay empresas que contratan personal sin revisar sus antecedentes y sin verificar que sean responsables de delitos contra la niñez.

“Lo que más necesita el país es que la justicia sea efectiva y eficiente, porque 90 de cada 100 casos en la Fiscalía, sobre este tipo de delitos, no terminan en una investigación rápida, efectiva y justa”, señala Norato, al destacar que, en muchos casos, los niños víctimas de estos delitos son llamados a audiencias para hablar del delito hasta cinco años después.

“Antes de todo, lo que debemos hacer es investigar cada crimen de manera prevalente, como son los delitos contra la niñez, tal como lo ordena la ley, para que no solo 10 responsables terminen con una condena”, agrega Norato.

Este paso es visto como un fortalecimiento de las medidas para prevenir los delitos contra esta población, pero el llamado sigue siendo hacia una justicia más ágil que, como queda claro, no pasa en el país.

Contexto de la Noticia

¿Y el muro de la infamia qué?

El Concejo de Bogotá, el 30 de abril de 2007, aprobó la ubicación de unas vallas en las que se ubicaron violadores en la ciudad, con el objetivo de exponerlos ante la ciudadanía, para que, en caso de encontrarlos, conociera el posible riesgo. En ese momento, el Concejo Distrital “los concibió como medida administrativa orientada a divulgar una determinada información con fines preventivos”. Estas vallas fueron conocidas en el país como “el muro de la infamia”. Sin embargo, la Corte Constitucional, estudiando una demanda de inconstitucionalidad, decidió tumbar los acuerdos avalados por el Concejo, por considerar que faltaba “evidencia empírica sobre los efectos de tal publicación en niveles de protección y bienestar de la niñez”.

Asimismo, el alto tribunal señaló que exponer, en una imagen, a los violadores, podría afectar el desarrollo de la personalidad de las víctimas, teniendo en cuenta que según Medicina Legal, los mayores responsables de estos delitos hacen parte del entorno cercano de esta población. En ese momento, la entonces concejala, Gilma Jiménez (fallecida el 23 de junio de 2013), quien había respaldado estas vallas, manifestó que esperaba que la Corte tuviera en cuenta que los derechos de los niños y niñas prevalecían frente a los derechos de los demás y las mantuviera, pero no fue así.

así funciona en otros países

En Estados Unidos existe un modelo similar (National Sex Offender Public Registry) y es el único sitio del gobierno que sirve para conocer los registros de este tipo de delincuentes, en el que, igual que aquí, las empresas buscan que sus aspirantes no hayan cometido este tipo de delitos. Su origen se dio luego de que el país conoció el caso de la estudiantes universitaria Dru Sjodin, de 22 años, quien fue secuestrada y asesinada por un delincuente de Minnesota. Los hechos se dieron en la ciudad de Grand Forks, en el estado de Dakota del Norte. En Argentina, por su parte, se creó desde 2013, como respuesta a los constantes abusos sexuales que se registraban allí. Desde entonces, cada que hay una condena por estos hechos, la justicia se encarga de extraerle muestras de ADN para sumarlas al registro. En Abril pasado, de acuerdo con el diario El Clarín de ese país, se incorporaron al registro de violadores 120 datos de ADN adicionales. “El registro es una herramienta para el esclarecimiento de investigaciones ya que permite identificar a responsables de delitos contra la integridad sexual. Con un simple hisopado bucal, se va conformando la base de datos. Trabajamos para que las víctimas tengan respuestas”, explicó el ministro de Justicia, Germán Garavano, en declaraciones publicadas por el diario argentino.

sin resocialización sicológica

Ante estos casos de abuso sexual, la sicología tiene otra mirada. Miguel Gutiérrez Peláez, director del programa de Psicología de la Universidad del Rosario, sostiene que una cosa son los aspectos jurídicos y otros los aspectos clínicos, es decir, jurídica y penalmente se establece una normatividad que sanciona el hecho y establece unas penas que se libran, habitualmente, dentro de una cárcel, en la que, naturalmente, debe estar alojado el responsable. “Esa institución, además, tiene la función de resocializarlo. Sabemos que esto no siempre se alcanza y que muchas prácticas, implícitas o explícitas, y vivencias dentro de esa institución van en contravía del objetivo de resocialización que se busca”, dice el analista, quien agrega que, sobre los aspectos clínicos, “sabemos que ceder en un tipo de satisfacción sexual es muy difícil. En el caso del abuso sexual infantil, el responsable transgrede normas, éticas y jurídicas, para obtener una y otra vez su satisfacción”. Gutiérrez Peláez agrega que no conoce de un método de resocialización para estos casos, por lo que destaca que el registro de violadores en el país es una estrategia acertada. En el caso penitenciaria, según una fuente del Inpec, no existe una directriz sobre cómo manejar estos casos, pero sí hay un programa para atender a los responsables.

cadena perpetua, otro debate

Johana Jiménez, hija de la fallecida representante a la Cámara Gilma Jiménez, ve con buenos ojos la creación del registro de violadores, pero reitera el llamado para establecer la cadena perpetua, que se ha caído en el país, pese a que se recolectaron firmas para convocar un referendo que permitiera legislar alrededor de esta idea. Sin embargo, la Corte Constitucional se cruzó en su camino y lo declaró inexequible. Ahora considera que aunque la medida es “buena”, aún “nos quedamos cortos, porque esta base de datos debió existir hace mucho tiempo”. Además, reclama, “este registro no garantiza que estos delincuentes no repitan sus atrocidades, porque claramente no trabajarán cerca de los niños, pero eso no garantiza que no estén cerca de ellos”, dice, argumentando que los principales responsables están en los entornos de los niños. Por eso resalta que insistirá para que en Colombia se establezca la cadena perpetua para violadores de niños y espera que “el presidente Iván Duque cumpla sus promesas de campaña, apoyando esta iniciativa”. Sobre el proceso, Jiménez manifestó que están “solucionando errores pasados” para que no se vuelva a caer la iniciativa. “Sin vacilaciones, tenemos que luchar y lograr que el presidente Duque cumpla su promesa, porque él se comprometió con nosotros”.

CLAvES Tres datos clave en el registro

1
Fue publicado el pasado 30 de abril y firmado por el Ministerio de Defensa y la Presidencia.
2
Deberá estar listo el 30 de octubre próximo y en este lapso debe ser socializado, según Icbf.
3
Desde 2018 hasta marzo pasado, según el Inpec, han ingresado 1.835
reincidentes.
Richard Aguirre Fernández

Periodista nacido en Calarcá. Camino entre Antioquia, Caldas y Quindío.

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ANÁLISIS

Es un paso que requiere compromisos
Luz Alcira Granada
Directora de Incidencia Política de Save The Children en Colombia

Que podamos ver esto convertido en una realidad a través de su implementación, es sin duda un avance importante en la muestra efectiva de un compromiso explícito de nuestro país con la protección de niños, niñas y adolescentes. En Save The Children tenemos estrictos procesos de investigación de antecedentes...

Notas de la sección