En medio de la tensión política que rodea la elección de un nuevo magistrado de la Corte Constitucional, prevista para este miércoles en el Senado, la defensora del Pueblo, Iris Marín, fue objeto de una queja disciplinaria presentada ante la Procuraduría General.
La denuncia, radicada por el ciudadano Santiago Alvarán Mejía, acusa a Marín de haber intervenido de manera indebida en el debate al favorecer a una de las candidatas. Según el escrito, la funcionaria habría usado su investidura y los canales oficiales de la institución para destacar la importancia de elegir a una mujer o a una persona perteneciente a una minoría étnica, lo que en la práctica significaría respaldar a María Patricia Balanta, única mujer de la terna y cercana al Gobierno de Gustavo Petro.
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El señalamiento se sustenta en un video divulgado en la cuenta oficial de la Defensoría del Pueblo en la red social X el pasado lunes, donde Marín subrayó que, de ser escogido un hombre, la representación femenina en la Corte se reduciría al 30%. También advirtió que la participación de minorías étnicas en ese alto tribunal ha sido históricamente marginal.
Aunque la defensora insistió en que la elección no debía definirse por afinidad o antagonismo con el Gobierno, sus afirmaciones fueron interpretadas por el denunciante como un acto de “intervención indebida en un proceso de elección de alto dignatario”, prohibido por el Código General Disciplinario.
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El proceso para reemplazar al magistrado José Fernando Reyes ha generado una fuerte disputa política. Además de Balanta, la terna incluye al exdefensor del Pueblo Carlos Camargo —identificado con sectores de oposición— y al académico Jaime Tobar. El debate se agudizó tras la columna del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien advirtió que la eventual llegada de Balanta le garantizaría a Petro una mayoría en la Corte Constitucional.
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