Denuncian plan de atentado contra la fiscal Angélica Monsalve que investiga corrupción en Bogotá

El general Fernando Murillo, director de la Dijin, anunció que la amenaza llegó durante operaciones contra el Clan del Golfo.

La fiscal Angélica María Monsalve fue trasladada a Putumayo luego de pedir audiencia de imputación de cargos contra empresarios de Bogotá. FOTO Cortesía Noticias Caracol

En menos de 15 días, el nombre de la fiscal Angélica María Monsalve salió a flote por manifestar públicamente que fue trasladada a Putumayo justo después de avanzar en un caso contra una poderosa familia de Bogotá que habría delinquido.

Al hecho se le sumó este lunes un comunicado de la Fiscalía en el que informa que un grupo criminal del que aún no se tiene mayor rastro pretende atentar contra la vida de la funcionaria, por lo que le fue asignado un esquema de seguridad inmediato.

La alerta vino por cuenta de una fuente humana que se acercó a la Dijin, y tiene de por medio la integridad de una fiscal que lleva varios casos –ante jueces del Circuito de Bogotá– como el de la familia Ríos, investigada por posibles irregularidades en contratos de la capital.

En ese expediente, los salpicados son los empresarios Carlos Ríos, Javier Ríos y su sobrino Felipe Ríos Londoño, a los que después de dos años de pesquisas, les pidió audiencia para imputarlos porque, al parecer, siendo Felipe concejal, sus tíos habrían manejado bajo la sombra la empresa Recaudo Bogotá SAS, la cual se ganó un contrato con Transmilenio en 2011.

En pocas palabras, la familia se habría beneficiado de manera ilegal porque tenían a uno de los suyos en el Concejo de Bogotá. Es por eso que les piensan imputar los delitos de violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar, en concurso homogéneo al de interés indebido en la celebración de contratos.

El caso pasaría desapercibido –como otra historia judicial más– si no fuera porque Monsalve le dijo a Noticias Caracol que el exfiscal general Néstor Humberto Martínez y el papá del concejal, Alberto Ríos, intentaron hacerle llegar una carta a través de un amigo.

Se trata de Rodrigo Noguera, el rector de la Universidad Sergio Arboleda, a quien habría contactado para que se frenara este caso, cosa a la que ella se opuso precisamente para no contaminar el proceso. Después de eso es que fue informada de su traslado al sur del país.

Desde entonces, y tras ella apelar la decisión el 29 de marzo argumentando que su viaje causará una ruptura en su familia, el fiscal Francisco Barbosa ha expuesto que su envío a Putumayo se debe a “necesidades del servicio”, y no a caprichos personales.

De hecho, un día después –el 30 de marzo–, a través de un comunicado el ente acusador reiteró que aunque la funcionaria esté en el sur del país, seguirá siendo la que lleve el caso de la familia Ríos, de la cual se tendrían varias pruebas que podrían perjudicarlos desde este 25 de abril, fecha para la cual está programada la audiencia.