El 11 de octubre de 2024 estaba previsto que el presidente Gustavo Petro encabezara el acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, el mandatario canceló su participación por un cuadro respiratorio, lo que llevó a suspender el evento que costó 3.700 millones de pesos y que ahora está nuevamente agendado tras un nuevo contrato de 3.997 millones de pesos.
El evento buscaba cumplir con la condena impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al Estado colombiano por las violaciones a los derechos de más de 6.000 víctimas del partido político Unión Patriótica (UP), entre 1984 y 2006.
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La organización y logística del acto fueron contratadas directamente por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado con Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A., por 3.700 millones de pesos. El contrato contemplaba una comisión operativa del 7 % y la realización de seis eventos: uno principal en la Plaza de Bolívar de Bogotá y cinco encuentros territoriales en Meta, Norte de Santander, Tolima, Antioquia y Chocó.
Plaza Mayor debía encargarse del montaje de la tarima, sonido, pantallas, menaje, refrigerios, orquesta, 600 alojamientos y 879 desplazamientos nacionales e internacionales. La propuesta presentada por la empresa antioqueña ascendía a 3.319 millones de pesos, con una comisión del 7,2 %.
Según el acta de liquidación bilateral del contrato 145-2024, la Agencia reportó una ejecución parcial de 2.328.225.145 de pesos y la liberación de un saldo no ejecutado por 1.371.774.855 de pesos. No se registraron adiciones, prórrogas ni modificaciones al acuerdo inicial, y el contrato se dio por terminado sin sanciones al contratista. En el documento se deja constancia de que los pagos correspondieron a actividades logísticas y operativas, aunque el evento principal nunca se llevó a cabo.
El registro presupuestal muestra que los recursos provenían del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) 23824, emitido el 17 de septiembre de 2024, con un valor total de 3.700 millones de pesos. El problema es que en los documentos no se establecen mecanismos de devolución de recursos ni cláusulas de reprogramación del acto, pese a la cancelación por parte de la Presidencia.
Un nuevo contrato para repetir el evento en 2025
El 27 de septiembre de 2025, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado firmó un nuevo contrato por 3.997.805.444 de pesos con el canal regional Teleandina, para realizar nuevamente el acto público. Según el documento, el evento se llevará a cabo el 9 de noviembre de 2025 en Santa Marta y contempla transporte aéreo y terrestre, hospedaje, alimentación y toda la logística para los asistentes.
La elección de Santa Marta no fue casual. La intención del Gobierno es que el acto de reconocimiento se realice en el marco de la IV Cumbre CELAC-UE (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y Unión Europea). A comienzos de octubre, en la Casa de Nariño, se llevó a cabo una reunión sobre la logística del encuentro internacional, en la que, según asistentes, el presidente llegó “con cara de preocupación y cansado”.
Durante esa sesión intervino la ministra de Cultura, Yannai Kadamani Fonrodona, quien presentó los actos simbólicos que su cartera prepara para la Cumbre. Entre ellos, destacó el homenaje a las víctimas de la Unión Patriótica, una propuesta que el propio presidente Petro impulsó desde agosto y que se integrará a la agenda cultural y de memoria del evento.
Al interior del Gobierno algunos funcionarios expresaron reparos a la idea. Señalaron que “no es el lugar para eso, es una vitrina en la que el Gobierno podría tener otra apuesta”. En respuesta, el presidente Petro defendió su decisión afirmando que “el mundo tiene una expectativa de la reunión, y el mundo debe saber que hubo un genocidio político en la Colombia reciente”.
Volviendo al tema contractual, el segundo acuerdo amplía su objeto para incluir actividades de planeación, ejecución y cierre, además de la producción audiovisual y la cobertura integral del acto. El documento fija una intermediación del 7,68 % (incluido IVA) sobre los costos directos y sobre los pagos a terceros, con desembolsos condicionados a informes de cumplimiento aprobados por la supervisión técnica.
La contratación se respaldó con el CDP 35325 del 6 de octubre de 2025, lo que confirma que se trata de un proceso independiente y no de una adición al anterior. En la práctica, el Estado comprometió cerca de 6.000 millones de pesos en dos vigencias consecutivas para cumplir un mismo mandato judicial de la Corte IDH.
La controversia se dio luego de que el concejal de Bogotá Daniel Briceño denunciara el gasto repetido y solicitara a la Contraloría General de la República investigar el manejo de los recursos.
“El año pasado, por una ‘gripa’, Petro no asistió al evento de reconocimiento de responsabilidad del Estado con la UP. El evento no se realizó, pero los colombianos pagaron 2.328 millones de pesos por la logística que se perdió. Este año volvieron a contratar el mismo evento por 3.997 millones de pesos. ¿Quién responde por la plata que se perdió?”, señaló el concejal.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sostiene que el nuevo contrato busca garantizar el cumplimiento integral de la sentencia de la Corte IDH, que ordenó al Estado colombiano realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad por las más de 6.000 violaciones de derechos humanos documentadas en el caso “Integrantes y militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia”.
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Preguntas sobre la nota:
- ¿Cuánto dinero se perdió con la suspensión del evento?
- El Estado ejecutó 2.328 millones de pesos en logística que no se recuperaron.
- ¿Cuándo se realizará el nuevo acto público?
- Está programado para el 9 de noviembre de 2025 en Santa Marta.
- ¿Por qué el caso de la Unión Patriótica es relevante para Colombia?
- Porque la Corte IDH ordenó al Estado reconocer su responsabilidad en el asesinato y persecución de más de 6.000 víctimas.
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