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Dos guerrilleros usaron la libertad que les dio la JEP para “traquetear”

Los procesados, que en el pasado pertenecieron al frente 18 de las Farc, fueron detenidos por su presunta participación en una red para exportar cocaína oculta en alimentos.

  • Cargamento de 200 kilos de cocaína que la Policía le incautó a la banda en San Andrés, el 29 de junio de 2021. La droga iba envuelta en carne. FOTO cortesía de policía
    Cargamento de 200 kilos de cocaína que la Policía le incautó a la banda en San Andrés, el 29 de junio de 2021. La droga iba envuelta en carne. FOTO cortesía de policía
  • José María Cartagena Quintero (izquierda) y Never Urrego Echavarría. FOTOS: CORTESÍA FISCALÍA.
    José María Cartagena Quintero (izquierda) y Never Urrego Echavarría. FOTOS: CORTESÍA FISCALÍA.
26 de febrero de 2024
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Mientras gozaban del beneficio de la suspensión de la condena que les confiere la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a los miembros de las antiguas Farc, dos exguerrilleros al parecer “aprovechaban” el tiempo en libertad para traficar narcóticos hacia el extranjero.

Los involucrados en la presunta irregularidad son José María Cartagena Quintero y Never Urrego Echavarría, quienes en sus días de insurgentes trabajaron para el frente 18 en el Norte de Antioquia.

Una investigación de la Fiscalía, revelada en exclusiva por EL COLOMBIANO la semana pasada, expuso una compleja organización de unas 50 personas, orquestadas para exportar droga camuflada en alimentos, en especial en carne de cerdo congelada y empacada al vacío.

De acuerdo con el expediente, al frente de la operación está, supuestamente, el ganadero Ángel Varón Castro (“Ángel”), de Florencia, Caquetá. En su prontuario figura que fue extraditado a Estados Unidos y condenado a seis años de cárcel por narcotráfico, luego de firmar un acuerdo de cooperación con la Fiscalía de ese país en Washington (2015). Al regresar a Colombia, al parecer retomó sus actividades delictivas y le volvieron a expedir una orden de captura, que hoy lo tiene huyendo.

La red obtiene la cocaína de cultivos y laboratorios ubicados en Cauca, regentados por las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc.

En este punto de la trama es donde entran los exguerrilleros, según la teoría de la Fiscalía. José María Cartagena Quintero es señalado de ser un presunto socio inversionista, que además de los contactos con sus antiguos camaradas, aporta dinero para el financiamiento de la operación.

La red usa vehículos con caletas secretas para sacar la droga de Cauca por carretera. Los despachos llegan a una finca alquilada en la vereda El Bayano, del municipio de Envigado (Antioquia). Allí camuflan los estupefacientes en la carne, quesos y otros alimentos. Después son enviados a San Andrés por vía aérea desde Rionegro o en lancha desde el puerto de Turbo.

En bodegas del archipiélago se acopian las cantidades requeridas según el cliente, y luego se despachan en botes hacia Centroamérica, México y Estados Unidos.

José María Cartagena Quintero (izquierda) y Never Urrego Echavarría. FOTOS: CORTESÍA FISCALÍA.
José María Cartagena Quintero (izquierda) y Never Urrego Echavarría. FOTOS: CORTESÍA FISCALÍA.

Por su supuesto trabajo como inversionista de la red, Cartagena Quintero debía estar atento no solo a los envíos, sino también al retorno del dinero desde el extranjero, que también se realiza en lanchas que arriban a las islas de San Andrés y Providencia.

En una llamada telefónica interceptada el 22 de julio de 2020, “Ángel” le preguntó al exguerrillero que si ya había “conseguido los numeritos, porque la moneda está en la finca chiquita y la iban a pasar para la grandecita”.

Según el análisis policial, “los numeritos” son las cuentas bancarias para consignar la plata, la “finca chiquita” es Providencia y “la grandecita” San Andrés.

En cuanto a Never Urrego, su presunto rol era el de “campanero” de la ruta. Él y otros integrantes de la banda viajaban en diferentes carros, más adelante del vehículo cargado de alcaloides, para anticipar retenes policiales y desviar el trayecto de ser necesario.

En varias oportunidades viajó al archipiélago, al igual que Cartagena Quintero, para apoyar la logística ilegal.

Estas dos personas fueron capturadas en 2011 en un laboratorio de drogas que el frente 18 de las Farc tenía en Ituango.

Cartagena, a quien apodaban “el Mocho” en las filas insurgentes, fue condenado a 29 años de cárcel en 2017, por rebelión y tráfico de estupefacientes; a Urrego lo sentenciaron a 23 años por porte ilegal de armas y tráfico de drogas.

Cuando la guerrilla firmó el Acuerdo Final con el Gobierno y se creó la JEP, los señalados se postularon a la justicia transicional, recibieron el beneficio de la suspensión de la pena y quedaron libres.

En noviembre de 2023 fueron capturados de nuevo, por su presunta participación en la red de narcotráfico de “Ángel”, y el Juzgado 13 Penal Municipal de Medellín les otorgó la detención domiciliaria por considerar que no eran un peligro para la sociedad.

La Fiscalía apeló y el Juzgado 22 Penal del Circuito revocó esa medida, ordenando su encarcelamiento el pasado 5 de febrero. A pesar del fallo, el Inpec no los ha recapturado.

Este diario supo que la Fiscalía envió una carta a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, contando los detalles del expediente por concierto para delinquir con fines de narcotráfico que salpica a Cartagena y Urrego, para que se estudie la posibilidad de expulsarlos de la JEP por violar el mandato de no delinquir después de la reinserción. La decisión está trámite.

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ANEXO: ¿QUÉ PASARÍA SI LES QUITAN EL BENEFICIO?

- Si luego del análisis de este caso por parte de la Unidad de Investigación y Acusación, la JEP decide quitarles el beneficio de la suspensión de la pena a José María Cartagena Quintero y Never Urrego Echavarría, ambos continuarán pagando la condena que ya les había asignado la justicia ordinaria, por los delitos de rebelión, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.

- Además de esto, les queda pendiente la posible sentencia por su supuesta participación en la red de narcotráfico transnacional de “Ángel”.

- Por si esto fuera poco, la normatividad de la JEP contempla que el tribunal podrá imponer penas de hasta 20 años de cárcel para los desmovilizados de las Farc que incumplan los compromisos de justicia transicional pactados en el Acuerdo Final de La Habana, entre los cuales se incluye no volver a delinquir.

- De momento, la Fiscalía espera que el Inpec proceda a recapturarlos en sus domicilios.

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