El presidente Gustavo Petro anunció la decisión en un Consejo de Ministros sobre salud. Según el documento, se trataría de una descertificación parcial. ¿Qué implicaciones tiene y cuáles son los escenarios?
Este lunes 15 de septiembre se concretó lo que muchos sectores pronosticaron: Estados Unidos descertificó a Colombia, al Gobierno de Gustavo Petro, en la lucha contra el narcotráfico. “He designado que Colombia ha incumplido manifiestamente sus obligaciones en materia de control de drogas”, se lee en el texto de la Casa Blanca publicado hoy y firmado por el presidente Donald Trump.
Petro lo había confirmado instantes antes en un Consejo de Ministros sobre salud: “Los Estados Unidos nos descertifica después de decenas de muertos de policías, sobre todo, de soldados, de gente del común, tratando de impedir que les llegue la cocaína”.
La Presidencia de Colombia publicó el fragmento de lo dicho por el mandatario diciendo que la descertificación se dio “pese a los sacrificios que ha hecho Colombia en la lucha contra el narcotráfico”.
Previo al anuncio, el mandatario informó que se convocará una reunión sobre los sistemas antidrones del país, clave en este contexto.
En el papel parece un trámite lejano, de diplomáticos y oficinas en Washington, pero tiene enormes implicaciones para el país.
Además de la pérdida de recursos en ayuda militar, programas de asistencia social, económica y seguridad civil, la descertificación implicaría también un bloqueo a créditos con la banca multilateral —FMI, BID, Banco Mundial, entre otros— e incluso sanciones arancelarias, aún más en tiempos de Donald Trump, que utiliza ese mecanismo como una amenaza en el tablero geopolítico.
En la noche de este lunes se conoció el memorando que indica que se trata de una descertificación parcial o condicionada, que era uno de los escenarios favorables en comparación a una descertificación total. Así las cosas, la decisión incluye un alivio para el país, pues Estados Unidos decidió no imponer sanciones.
Según el documento publicado por Washington, “en Colombia, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado récords históricos bajo el presidente Gustavo Petro, y sus fallidos intentos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis”. La Casa Blanca apuntó que “el gobierno colombiano ni siquiera ha cumplido sus propias metas de erradicación de coca, que fueron considerablemente reducidas, lo que ha socavado años de cooperación mutuamente beneficiosa entre nuestros países contra los narcoterroristas”.
Sin embargo, una de las líneas más fuertes apunta a que “el incumplimiento de Colombia de sus obligaciones en materia de control de drogas durante el último año se debe exclusivamente a su liderazgo político”.
Según el documento, Colombia se une a Bolivia, Birmania y Venezuela como países que han “fallado de manera demostrable durante los últimos 12 meses tanto en cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales de lucha contra el narcotráfico como en tomar las medidas requeridas por la sección 489(a)(1) de la FAA”.
Pese a eso, la Casa Blanca reconoce que Colombia es vital para los intereses de Estados Unidos. Particularmente, sobre lo que ellos llaman “las instituciones de seguridad y las autoridades municipales” que “siguen demostrando habilidad y valentía al enfrentarse a grupos terroristas y criminales, y Estados Unidos valora el servicio y el sacrificio de sus dedicados servidores públicos en todos los niveles de gobierno”.
En el mismo consejo de ministros, el presidente anunció que Colombia dejará de depender del armamento proveniente de Estados Unidos. “Estados Unidos deja de obligarnos y deja de presionarnos a llevarnos de la sustitución voluntaria a la forzada. Ojo, se acabó eso, no más policías muertos, ya veremos cómo lo hacemos. Se acaba la dependencia del Ejército de Colombia y sus Fuerzas Militares del armamento de los Estados Unidos. No más limosnas ni regalos”, dijo el jefe de Estado.
“Ya descertificaron, ya esa es la decisión. Al Ejército de Colombia le va mejor si compra sus armas, o las hace con nuestros recursos propios, porque si no, no será un ejército de la soberanía nacional, ya esa es una consecuencia”, agregó, al darle instrucción al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, de producir o adquirir el armamento que necesita el país.
Desde que asumió la presidencia en 2022, Gustavo Petro impulsó un viraje en la estrategia antidrogas. Considerando un fracaso la política tradicional, decidió suspender elementos clave en la erradicación forzada de cultivos de coca, la materia prima de la cocaína. Esta postura, sumada a sus críticas a la política migratoria de Donald Trump, ha deteriorado las relaciones diplomáticas entre ambos líderes.
A ello se suma el malestar de Petro por la presencia de buques de guerra estadounidenses en el Caribe. Estas operaciones, que ya han dejado destruidas dos embarcaciones presuntamente procedentes de Venezuela con droga a bordo y la muerte de catorce supuestos narcotraficantes, son vistas por el mandatario colombiano como una provocación.
Pero el problema es mucho mayor: los carteles de la droga han incrementado su capacidad de producción: cerca de 253.000 hectáreas de coca sembradas en el país y al menos 2.600 toneladas de cocaína producidas en 2023, según el informe de la ONU publicado en 2024.
La descertificación no es nueva en la historia del país. De hecho, la única vez que se aplicó fue durante el Gobierno de Ernesto Samper, cuando el escándalo del proceso 8.000 tenía al entonces mandatario en la mira; primero fue parcial o simbólica, y luego, en 1996 y 1997, fue total. En ese momento, Washington le bajó el pulgar a Colombia y Samper denunció que la herramienta había sido usada como un mecanismo de presión en su contra.
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