Una volqueta con 24 cilindros bomba, preparada con dispositivos temporizadores para activarse a una hora determinada, fue abandonada en las cercanías del batallón Simón Bolívar en Tunja y parte del cargamento detonó parcialmente mientras los técnicos intentaban desactivarla. El hecho dejó dos civiles heridos, daños materiales y activó una respuesta militar y judicial para desarticular al frente señalado por las autoridades.
Tunja vivió el sábado una jornada de conmoción cuando vecinos del barrio Alcalá alertaron sobre una volqueta sospechosa estacionada junto al cantón militar. Al llegar, los especialistas en manejo de explosivos constataron que la carga no era improvisada: los artefactos estaban equipados con relojes diseñados para disparar a una hora prefijada.
Según los reportes oficiales, los expertos antiexplosivos arribaron a la escena poco después de las cinco de la mañana y, en pleno procedimiento de inspección y desactivación, parte de los cilindros comenzaron a activarse de forma consecutiva. De los 24 artefactos localizados, seis se pusieron en funcionamiento: cuatro llegaron a detonar dentro del perímetro del batallón y dos fallaron al activarse. Los otros 18 fueron neutralizados por los técnicos.
“Al momento de iniciar el proceso de desactivación, se activaron los explosivos; algunos cayeron al interior de la unidad militar, causando daños en la infraestructura”, informó en su momento el general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército. La zona había sido evacuada.
La investigación preliminar apunta al frente Adonay Ardila Pinilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) como responsable del ataque. Las autoridades sostienen que la táctica observada —uso de temporizadores y ataque contra una unidad militar— reproduce un patrón ya empleado en recientes atentados contra instalaciones en Arauca y Norte de Santander.
Ante los hechos, el alto mando militar convocó un consejo de seguridad y ordenó intensificar operaciones en la región. El comandante de las Fuerzas Militares aseguró que se aumentarán los esfuerzos para desarticular las estructuras responsables y puso recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que conduzca a la captura del cabecilla señalado. La Gobernación de Boyacá ofreció además 100 millones adicionales por datos sobre otros miembros de la red —identificados por los investigadores como alias Diéser; Omaira, conocida también como “la Gata”; Jesús Suárez o “Malverde”; Van Percy; y Giraldo, “el Zorro”.
En contexto: Dos heridos dejó el frustrado ataque con volqueta cargada con explosivos en Tunja
En ese marco, el alto mando explicó que el grupo busca afianzar un corredor de movilidad que conecte Arauca, Casanare y Boyacá, destinado al tráfico de estupefacientes y a la explotación ilícita de minerales. Las autoridades calificaron el episodio como una acción con fines terroristas que, además de golpear a la Fuerza Pública, pretende intimidar a la población civil.
Las pesquisas sobre la logística del atentado revelaron que la volqueta transitó por la vía Paipa–Tunja el 27 de octubre y quedó registrada en las cámaras del peaje de Tuta con una lona cubriendo la carga. El vehículo —que había salido de Sogamoso con arena— había sido vendido 12 días antes del abandono. Según la reconstrucción, dos hombres condujeron la volqueta hasta el lugar y huyeron en motocicleta; ahora se revisan videos de las cámaras a lo largo de la ruta para determinar su identidad.
El gobernador de Boyacá anunció la integración de fuerzas militares, de inteligencia y de investigación judicial para reforzar la protección ciudadana y avanzar en las indagaciones. El comandante del Ejército evaluó igualmente nuevas medidas de seguridad para salvaguardar a la comunidad y las instalaciones castrenses en el departamento.
En la esfera política, el ministro de Defensa advirtió que el fenómeno delictivo vinculado al narcotráfico obliga a mantener “mayor vigilancia” y a desplegar acciones contundentes contra quienes utilicen la violencia para sus fines. Por su parte, el presidente Gustavo Petro se pronunció en sus redes sociales defendiendo la respuesta del Estado y rechazando la acción armada, reafirmando el compromiso de las autoridades para impedir que la violencia imponga su voluntad en territorios que hasta ahora habían permanecido al margen del conflicto.
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