En los próximos tres años el Gobierno buscará incluir 3 millones de hectáreas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esto quiere decir que a 2018 el país tendrá no solo seis Parques Nacionales Naturales más, sino también un sistema de 57 parques regionales declarados. Una absoluta hazaña.
El reto no es fácil y más sabiendo que desde 2004 tan solo han sido declarados 10 parques nacionales. Por esa razón, algunos consideran que el anuncio presidencial del 12 de agosto puede quedarse en eso, en un anuncio. Sin embargo, desde Parques Nacionales, dedesde las Corporaciones Autónomas Regionales y desde la misma academia enfilan ya una tropa de científicos para que inicien los trabajos técnicos y sociales que implica el anuncio. Desde la academia se planteó un reto mayor y es pensar en cómo se van a sostener presupuestalmente las hectáreas nuevas que además se sumarán a las 23,5 millones de hectáreas declaradas que ya tiene el país protegidas.
El inicio del proceso
Utilizando el principio de precaución, el Ministerio de Ambiente protegió hace un par de semanas 63 áreas en todo el país. La protección consiste en que no se podrá, por lo menos durante los próximos dos años, otorgar nuevas concesiones ni títulos mineros. Según el presidente Juan Manuel Santos, “esta medida es excepcional y provisional, es decir, por el tiempo necesario, mientras se producen las declaratorias definitivas como áreas protegidas”. Agregó que “se trata de ecosistemas de importancia estratégica que albergan una gran biodiversidad, por lo que deben ser protegidos de manera prioritaria de la extracción minera”.
Ahora bien, ¿qué implicaciones trae este anuncio? ¿Por qué el Gobierno Nacional se pone una meta que en la práctica puede complicarse por consultas previas o compra de predios?
María Claudia García, directora Técnica de la Dirección de Bosques Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente, explicó que las áreas seleccionadas fueron identificadas por las autoridades porque tienen unos valores especiales en términos de biodiversidad, porque son el hábitat de especies amenazadas, o son ecosistemas exclusivos o en peligro y porque prestan unos servicios ecosistémicos fundamentales para la región.
“En estas zonas existe un interés minero representado en solicitudes de títulos o áreas estratégicas mineras o áreas de formalización. Tenemos una ruta de declaratoria de áreas protegidas que implica además de hacer todos los estudios técnicos, físicos, ecológicos, de caracterización de especie, conlleva un proceso social que en algunos casos requiere consulta previa con los actores de la región. Se requiere que una institución científica expida un concepto técnico. Todo esto necesita un tiempo, por esa razón, a través del principio de precaución, se detiene el otorgamiento de solicitudes hasta tanto se surta el proceso que deja definitivo el polígono a conservar”.
¿Qué es el principio de precaución? ¿Se ha utilizado desde siempre? Para la funcionaria este principio tiene aplicación “desde hace muchos años y ha tenido muchos análisis por parte de la Corte y del Consejo de Estado y significa que ante la evidencia de daño grave o irreversible es necesario tomar medidas ambientales aunque no exista certeza científica de ese daño”.
¿Qué pasa si no alcanzan a declarar los 3 millones de hectáreas? Para la directora es clave entender que las áreas seleccionadas ya tienen un proceso de estudio científico bastante adelantado y que su selección fue minuciosa.
“Con la información disponible se genera un primer polígono y luego hay que entrar a hacer una caracterización que nos permitirá llegar a una delimitación definitiva. Puede que durante este análisis del polígono se vea que el 20 por ciento de ese polígono, por ejemplo, tiene unos grados muy altos de transformación, que ya no hay especies para conservar o que por ahí no era el corredor o que la especie importante está varios kilómetros más arriba. Entonces, en ese sentido no es que se declaren menos hectáreas, sino que en ese proceso de precisión del área puede cambiar un poco el número de hectáreas por delimitar”.
El reto de Parques
Julia Miranda, directora de Parques Nacionales Naturales es realista, pero también tiene esperanza. Por un lado sabe que la tarea no será fácil, pero confía en que si se trabaja simultáneamente en la declaratoria de todas las áreas, lo podrían lograr. Sin embargo, por ejemplo, revela, que de las seis áreas que están hoy libres de otorgamiento de licencias mineras, ninguna será declarada este año.
“El reto no es fácil, pero es una oportunidad. Le cuento, en los últimos 11 años que yo he estado en Parques hemos declarado 10 Parques Nacionales, ahora tenemos el reto de declarar 6 en los que estamos trabajando para los próximos tres años, por eso no me cabe duda al decir que es un gran reto”, dijo Miranda.
Destacó que este mes asumieron una estrategia de acción concreta, que ya recibieron el apoyo financiero del Ministerio y que se están apoyando de todos los socios con los que han trabajado tradicionalmente como las universidades y las Ong para avanzar rápidamente en el proceso.
Miranda advirtió que lo que más le preocupa son las consultas previas porque, entre otras cosas, pueden resultar dispendiosas. “Ese es un tema complicado, pero nos da tranquilidad que ya veníamos trabajando con las comunidades. Estos sitios no salen debajo del sombrero, le insisto, son sitios en los que ya veníamos trabajando, por eso es que no será nuevo para las comunidades, lo que pasa es que se deben declarar bien, hacerlo bien”.
Destacó que por el momento están muy avanzados los trabajos de campo de la Serranía de San Lucas, de Perijá y en Cumaribo. “También hemos hablado con la Agencia Nacional de Hidrocarburos para mirar las zonas de interés de ellos y poder aportar de forma adecuada. Esperamos que el año entrante declaremos tres áreas”.
Según Miranda, el proceso de declaratoria de los parques nacionales tendrá una inversión cercana a los 18.000 millones de pesos y subrayó que estos recursos no serán suficientes para mantener las áreas nacionales protegidas.
“Le hemos dicho al presidente Santos que no basta con declararlas, que necesitamos el personal, la dotación a las áreas y el fortalecimiento institucional. En eso se está trabajando, hay varios instrumentos financieros en proceso porque la idea es poner el personal requerido y fortalecer las áreas para que puedan funcionar”. Aseguró que desde hace un par de meses vienen acompañando a las corporaciones autónomas en el proceso de declaratoria de las 57 áreas regionales.
Frente a este tema, Ramón Leal Leal, director de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales, explicó que saben de la dimensión del reto y destacó que las Corporaciones tienen cerca de 2 millones de áreas protegidas. “Declarar una área protegida no es solo sacar un acto administrativo sino que debe estar sustentado en una serie de estudios y en esos estudios es que estamos trabajando. El problema de recursos es real, pero estamos trabajando de la mano del Ministerio en el fortalecimiento institucional”. Cabe recordar que en la actualidad hay 212 áreas protegidas de carácter regional.
La propuesta de la academia
Para Gonzalo Andrade, profesor de la Universidad Nacional y coordinador de la Comisión permanente de áreas protegidas de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales —encargada de dar el concepto académico de las áreas protegidas de carácter nacional— destacó que la apuesta del Gobierno es viable, pero si se ejecuta coordinadamente.
“Estas son áreas estratégicas donde sabemos que el desconocimiento es bastante alto, además, no se conoce muy bien el ecosistema. Para poderlas declarar necesitamos tener el sustento biológico que nos muestre que hay especies importantes de conservar, buscar especies que estén amenazadas y confirmar que este sistema está muy pobremente representado en el territorio colombiano”, dijo.
A la pregunta de ¿cuánto tiempo se demora el proceso?, advierte que no se sabe. “Ya se están tomando datos de la Serranía de San Lucas y en la Serranía de Perijá y Cumario, al igual que los humedales de Arauca. Hay que tener en cuenta que en algunas de estas áreas como Cumario y Perijá hay que hacer consulta previa”.
Andrade explicó que el punto de la financiación ya lo han discutido con el Ministerio. “El escenario es que vamos a 3 millones de hectáreas nuevas que se van a declarar y se necesita que exista un compromiso económico por parte del Gobierno para la puesta en funcionamiento una vez se declaren estas áreas. Esa cantidad de hectáreas cuestan mucho y es importante saber de dónde saldrá la plata y si existe un verdadero compromiso para la puesta en funcionamiento”.
Por último, el profesor Andrade afirmó que en un escenario esperanzador el primer parque nacional que se podría declarar en ocho meses. “Para lograr esto se deben crear varios equipos de investigadores que trabajen paralelamente en los distintos lugares. Lo biológico a mí me tiene tranquilo, eso sale muy rápido porque no necesitamos tener el gran inventario de la biodiversidad en cada una de las zonas para declararlas, lo que sí necesitamos es encontrar unos elementos que nos permitan decir si la especie es importante”. Agregó que los puntos más difíciles podrían ser las consultas previas y la negociación de predios ya que evidentemente son procesos largos.
