Tras una segunda diligencia ante la Fiscalía, esta vez de 17 horas, el condenado contratista Emilio Tapia decidió indicarle de forma explícita al ente acusador que quiere colaborar dentro del expediente que se sigue por el polémico contrato entre el Ministerio TIC y Centros Poblados.
En efecto, Tapia –quien precisamente está otra vez detenido por este caso– le dijo a la Fiscalía que tiene interés de informar quiénes le ayudaron a obtener información privilegiada para quedarse con ese contrato, por el cual están en riesgo de pérdida los 70.000 millones de pesos que se giraron de anticipo.
EL COLOMBIANO estableció que Tapia y su defensa tienen lista una matriz que muestra nombre de personas cercanas al Ministerio TIC y a grupos políticos que, según lo dicho a la Fiscalía, podrían ser claves para desenredar el entramado corrupto que se gestó en torno a Centros Poblados y el proceso contractual que, en total, está avaluado en 1,07 billones de pesos.
Los investigadores de la Fiscalía ya están depurando la información entregada por Tapia, incluida la que dio hace 12 días en otra cita reservada con el ente investigador y que se extendió por 9 horas en Bogotá.
En ambos escenarios han estado, a parte de Tapia, su abogado, Alejandro Sánchez, y el director de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía, Eduardo A. Calderón.
Lo que sigue es que se defina si el acuerdo que quiere Tapia, de delatar a sus cómplices a cambio de beneficios jurídicos, es viable para la Fiscalía –si lo avala debe pasar a autorización ante un juez– y si parte de la información debe remitirse a la Corte Suprema de Justicia, donde se indaga el papel que podrían haber jugado congresistas como Armando Benedetti (Colombia Humana) y Antonio Zabaraín (Cambio Radical). Esta semana estuvo, como testigo, declarando la exministra Karen Abudinen ante el alto tribunal.
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