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En Bojayá vuelven a sentir temor por grupos ilegales

  • De acuerdo con las estimaciones de la Defensoría del Pueblo en el Chocó, alrededor de 2.600 personas estarían expuestas a desplazamiento forzado por cuenta de la presencia de grupos armados ilegales, como el Eln y las Agc en sus territorios. FOTO Presidencia
    De acuerdo con las estimaciones de la Defensoría del Pueblo en el Chocó, alrededor de 2.600 personas estarían expuestas a desplazamiento forzado por cuenta de la presencia de grupos armados ilegales, como el Eln y las Agc en sus territorios. FOTO Presidencia
Por Richard Aguirre Fernández | Publicado el 03 de enero de 2020
en definitiva

Tanto las comunidades como la Defensoría del Pueblo insisten en que es necesaria una respuesta eficaz desde el Estado, que no solo incluya pie de fuerza militar para enfrentar a los ilegales.

Este no es un artículo de 2002 que narra el dolor y el temor que sufrió Bojayá por cuenta del enfrentamiento entre la entonces guerrilla de las Farc y grupos paramilitares, como el del 2 de mayo de ese año, el cual dejó un trágico saldo de 78 personas muertas. Es una nueva advertencia, como las que se hicieron entonces, sobre el riesgo que representan los grupos armados ilegales para los civiles en Bojayá.

Se escribe 18 años después, y vuelve a narrar el temor –que no se ha ido– por cuenta de la presencia, esta vez, de Grupos Armado Organizados, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y del Eln, que están enfrentados en la región por el negocio de drogas, sus rutas, y el control terriotrial. Así sucedió en el corregimiento de Pogue, el pasado 31 de diciembre. Allí, mientras los cerca de 600 habitantes esperaban dar la despedida del año, un grupo de al menos 300 hombres armados se hizo presente, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, para amenazar y bloquear su realidad. La alerta de confinamiento y desplazamiento, además, incluye a 2.000 personas de comunidades vecinas que están a 30 o 45 minutos de distancia.

Luis Murillo, defensor del Pueblo del Chocó, recordó que el panorama no es nuevo, “es el recrudecimiento de la inseguridad en la zona, de difícil control, y que requiere respuestas efectivas. Lo que pasa evidencia que se acentuó el riesgo y se fortaleció la presencia ilegal, no porque no se haya hecho nada, sino porque la respuesta no es del mismo nivel de la amenaza”.

Ayer, ante la nueva amenaza, el presidente Iván Duque tomó medidas inmediatas “sobre supuesta presencia de grupos armados ilegales”, como enviar al comandante de la Séptima División del Ejército, general Juan Carlos Ramírez, y al comandante del Ejército, el mayor general Eduardo Zapateiro. Además, indicó que aumentará el pie de fuerza y monitoreará la situación “para neutralizar hechos que puedan atentar contra la tranquilidad”.

De vieja data

Sin embargo, aunque el presidente ayer anunció medidas, la Defensoría ya había emitido alertas. Al revisarlas, se encuentra que Bojayá, y puntualmente Pogue, están dentro de las que la entidad había advertido en los últimos dos años.

Por ejemplo, el 28 de enero de 2018, la Defensoría señaló que este territorio y sus comunidades estaban en medio de los combates entre el frente Cimarrón del Eln y las Agc.

Esta alerta, la 011-18 de ese año, señaló que tras la firma del Acuerdo de Paz “las Agc arremeten de manera simultánea en la costa pacífica del Chocó”. Pero no fue la única. La 017-19 del 9 de abril de 2018, con carácter de “de inminencia”, mostraba el riesgo que enfrentaban 2.500 personas que se encontraban confinadas por cuenta de la presencia de las Agc y miembros de la guerrilla del Eln.

En ese oficio, la Defensoría le indicaba a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, que las comunidades de Villa Hermosa, Egoroquera, Playita, Unión Baquiazá, Unión Cuití Mesopotamia, Boca de Opogadó, Pogue, Napipí, pertenecientes a Bojayá, estaban en riesgo por las “constantes incursiones en los resguardos y consejos comunitarios”, además de desplazamientos individuales, amenazas, la imposición de normas de conducta y sanciones, tentativas de secuestro y secuestros consumados, que “permiten advertir inminentes riesgos para las comunidades”.

EL COLOMBIANO también lo hizo, el pasado 15 de noviembre, con un artículo en el que evidenció que los bojayaseños seguían confinados por el fuego cruzado. Un habitante que pidió reserva de su nombre para proteger su vida, dijo que “hay desplazados y los indígenas están en una situación difícil”.

Respuestas ineficientes

Frente a esta nueva alerta, que se conoció por las denuncias del 31 de diciembre pasado, el alto consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, detalló que desde el mismo día la situación se está atendiendo desde la Séptima División del Ejército, “con el fin de garantizar la de protección de la población” y se mantiene haciendo seguimiento, pues “no se tolerará que grupos delincuenciales amenacen los derechos de las comunidades.

El comandante del Ejército, al finalizar el consejo de seguridad, señaló que se establecerán controles militares en cuatro caseríos, realizarán operaciones en el Río Cuía en aras de “neutralizar corredores de narcotráfico” y se hará un “inventario” de necesidades para canalizar puntualmente los planes de apoyo.

Finalmente, el defensor Murillo se mantiene en que “nada de lo que está sucediendo está por fuera de lo advertido”, recordando que es el resultado de una cadena de hechos denunciados.

Entretanto, los habitantes de Bojayá, que estaban esperanzados en que con el sepelio de las víctimas de 2002, que se hizo en noviembre del año pasado, empezarían a vivir tranquilos, se unen a la misma petición de hace dos décadas: que el dolor se vaya y el miedo no los gobierne.

Contexto de la Noticia

PARA SABER MÁS Llamado de defensoría

La entidad recordó ayer, en un comunicado, que la más reciente señal de que habría confinamiento y desplazamiento de las comunidades fue elevada en octubre pasado y que sería producto de los combates entre la Agc y el Eln, por lo que llamó la atención de ambos grupos para “sacar a la población civil de su confrontación y respetar sus derechos”. Asimismo, señaló que la actual situación que sufren los habitantes de Bojayá está relacionada con el control territorial y destacó que “la mitigación del riesgo debe comprender los esfuerzos de la totalidad del Estado disuadiendo a ambos actores, desarticulando las estructuras y generando condiciones de vida para los pobladores”.

Richard Aguirre Fernández

Periodista de la Universidad del Quindío. De Calarcá.

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