viernes
7 y 9
7 y 9
En enero, la coca sumó 6 mil desplazados en el sur
La crisis por la disputa territorial entre grupos armados se presenta en Nariño, el departamento con más cultivos de coca del país, según la ONU.
-
El defensor del Pueblo, Carlos Negret, realizó una misión humanitaria en Nariño. Constató cómo viven los desplazados. FOTO Cortesía
05 de febrero de 2020
bookmark
Con las 1.600 personas que llegaron la semana pasada a la cabecera municipal de Roberto Payán, el departamento de Nariño cerró el primer mes de 2020 con más de 6.000 víctimas de desplazamiento forzado.
Las balas, las amenazas y los enfrentamientos entre los grupos armados organizados también han hecho huir de sus tierras a campesinos en Tumaco, Olaya Herrera y Barbacoas.
Y es que los ilegales quieren aprovechar las rentas que dejan los cultivos de coca (41.903 hectáreas hay sembradas en Nariño, según la ONU) y los laboratorios de cocaína del sur del país, sumado a la facilidad que tienen de conectarse con México y Estados Unidos a través del Pacífico.
Se trata de un negocio redondo para el Frente Oliver Sinisterra, las Guerrillas Unidas del Pacífico, la banda “los contadores” y el Clan del Golfo, que operan en la zona y que causan tanto temor que a los campesinos no les queda más remedio que marcharse, pese a los esfuerzos de la Fuerza Pública.
El general Adolfo Hernández, de la Fuerza de Tarea Hércules, insisitió en que “estamos haciendo todo el trabajo necesario para estabilizar la región y garantizar el retorno”.
Dinámicas del conflicto
Juan Carlos Sinisterra, alcalde de Roberto Payán, explicó que desde noviembre pasado están viviendo el conflicto armado como nunca antes en su municipio. “Esto se empieza a generar por la desintegración de una estructura armada no estatal que era hegemónica (la guerrilla de las Farc), pero sigue existiendo el interés inmenso en el territorio, por eso las disidencias se están peleando entre ellas”, afirmó.
La situación humanitaria va de mal en peor, primero eran un par de veredas donde se causaba el éxodo, pero ya no hay lugar en ese municipio que esté libre de la confrontación: “El penúltimo desplazamiento fue de la comunidad de Pangas, el 22 de enero, con 1.600 personas. Ahora se presentaron entre el 31 y el 1 de febrero en otras veredas, no lo hemos logrado consolidar, pero podrían ser un poco más de 100 personas”, calculó.
El desplazamiento no solo se vive en Roberto Payán, sus vecinos Olaya Herrera y Barbacoas también han sido receptores de desplazados de algunas veredas de ese municipio que les quedan cercanas.
Pobreza, guerra y abandono
Los rostros de los habitantes del Pacífico Nariñense son de angustia. Cientos de familias dejaron lo poco que tienen en las casas que cerraron sin saber cuándo volver. Dentro de las casas palafíticas, las cuales se levantan con troncos sobre el río Chagüí (Tumaco), quedó el presente y el pasado. Nadie responde por el futuro. Muchos de ellos han tenido que huir de la guerra en varias oportunidades, y esperan que el conflicto amaine para volver, otra vez. “No importa la pobreza, el 80 % de nosotros queremos volver a nuestro territorio”, le dijo uno de los desplazados de Tumaco al defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret la semana pasada.
Ante ese panorama, el defensor dijo que “resulta imperativo iniciar una atención humanitaria para que se garantice la subsistencia de la población desplazada. Debemos superar todos los obstáculos administrativos que impiden la llegada de la ayuda humanitaria”, dijo el defensor.
Atención de la emergencia
Los municipios están atendiendo a los desplazados con algunos alimentos y los ubican en instalaciones públicas como coliseos, escuelas y puestos de salud; lo que agrava las condiciones de los enfermos y los estudiantes que ya son precarias.
El Gobierno Nacional, por su parte, llevó 69 toneladas de ayudas humanitarias, para atender la emergencia por el desplazamiento de más de 1.000 familias del Consejo Comunitario del Río Chagüí (en Tumaco).
Una parte de esos pobladores volvió a sus viviendas en las últimas semanas, pero la situación no se ha controlado completamente y dicen que es posible que tengan que volver a desplazarse.
Y es que como lo manifestó el alcalde Sinisterra, no es suficiente con hacer un operativo de acompañamiento para el retorno, “hay que tener en cuenta que la percepción de seguridad está mediada por el control que el Estado pueda ejercer en el territorio. De que podamos darles las garantías de no repetición, en la medida de lo posible; y de que las condiciones de los territorios sean por lo menos las mismas que había antes al desplazamiento”.
Por ahora esa situación no existe, y la mayoría de los desplazados se aferran a esa escuela que les da abrigo, mientras los armados merodean por sus casas.
Te puede interesar
El empleo que busca está a un clic
