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Disidencias tendrían estatus político, ¿Márquez también?
La cirugía a la ley de orden público permite negociar más allá del sometimiento de desertores. Se habilitan diálogos de paz regionales en época electoral.
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La Cámara de Representantes aprobó reforma a ley de orden público para la Paz Total con 125 votos a favor y solo 13 votos en contra FOTO Colprensa
El gobierno de Gustavo Petro está jugado. La aprobación de la reforma a la ley de orden público dejó la puerta abierta para que las disidencias de las Farc –desertores del acuerdo de paz firmado en 2016– sean reconocidos con estatus político y puedan sentarse de tú a tú con el Gobierno Nacional.
De hecho, el ministro del Interior, Alfonso Prada, fue directo al afirmar que la Segunda Marquetalia, como se autobautizó la narcodisidencia de “Iván Márquez”, también podrá tener tratamiento político.
“No personalizamos, nuestro problema no se llama ‘Iván Márquez’, sino la violencia (...) Si es una organización criminal, deberá avanzar al sometimiento por la vía judicial. Si le reconocemos el estatus político avanzará hacia el diálogo político y al acuerdo de paz”, explicó.
Precisamente, el debate en el Congreso, donde se aprobó la reforma con 125 votos a favor y solo 13 en contra, se centró en las posiciones opuestas para abrirle la puerta, otra vez, a estos personajes, incluso después de hacerle conejo a la paz y regresar a las armas.
Los detractores tildaron este paso como un premio a quienes traicionaron el acuerdo y aseguran que eso ensucia las futuras negociaciones.
Pero para el representante Alirio Uribe los guerrilleros que “deshonraron” el proceso deben perder todos los beneficios, aunque aclaró que hasta ahora no existe un marco legal que permita negociar con esas disidencias. Por eso, se tendría que recurrir a una reforma constitucional que resuelva el lío jurídico.
Sin embargo, para Prada es una puerta que se debe mantener abierta porque, tras Iván Márquez, está conectada una estructura que deja a su paso una gran mancha de sangre. “No vamos a hacer normas para personas, sino para estructuras políticas y criminales”, concluyó.
Pero –a la vez– esta reforma tiene tres ejes clave.
1. Miniprocesos regionales para el desarme
El presidente Petro tendrá la facultad para crear las “Regiones de Paz”, que serán atendidas por la figura de Comisionados de Paz Regionales que, incluso, podrían ser los mismos alcaldes y gobernadores.
Si bien ellos no tendrían competencia para adelantar diálogos, realizar procesos de paz o firmar acuerdos con grupos ilegales, la situación podría convertirse en una especie de trampolín en cuanto a intervención política de cara a las elecciones regionales de 2023 por la visibilidad que tendrían en las negociaciones que emprendan en sus territorios.
2. El crimen organizado tiene su espacio
No todos los actores armados van a tener acceso a un estatus político. Sobre este punto, en la reforma se aclara que las estructuras criminales –como el Clan del Golfo o La Oficina– van a entrar a una fase de acogimiento o sometimiento a la justicia.
En este caso la ley permite crear un entramado para que Petro se siente en varias mesas a negociar, ya sea con grupos sin naturaleza política y asociados con economías ilegales, quienes podrían recibir rebajas de pena e, incluso, beneficiarse de la no extradición a cambio de verdades.
3. Impuesto para la seguridad y convivencia
En la reforma quedó un polémico tema y es que se legalizaron impuestos adicionales con la excusa de financiar la paz. Es decir, este tributo se puede implementar en cualquier departamento y los municipios podrán imponer una “sobretasa al impuesto predial”. Esta iniciativa ha sido objeto de críticas porque sale a la par de una reforma fiscal que también subirá impuestos.
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