La jurista advirtió que los ceses al fuego en el marco de la paz total “no pueden impedir que el Estado desarrolle su labor”.
Dora Lucy Arias Giraldo, una de las aspirantes a llegar a la Defensoría del Pueblo, es abogada con especialización en derecho constitucional y una maestría en defensa de los derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Ha representado jurídicamente a víctimas en la investigación y acusación en múltiples casos de graves violaciones de derechos humanos. Además, ha representado a comunidades indígenas, afro y campesinas, ayudando a su fortalecimiento organizativo.
¿Qué propone para que la política de paz total del Gobierno, y sus respectivos ceses al fuego, no terminen burlados por grupos armados que, como admitió el ministro de Defensa, han sido utilizados para expandirse y afectar a las comunidades?
Hablar de paz siempre es importante y necesario. Debemos garantizar que la paz esté en las agendas no solamente del Gobierno, sino de todas las entidades. Parte de lo que la Defensoría del Pueblo tendría que hacer es monitorear el cumplimiento de la garantía de derechos humanos.
Lo ideal es que la paz alcance a todos sin distingo y es necesario garantizar la voz de la gente, de las comunidades y de las diferentes organizaciones que en los territorios pueden ofrecer su perspectiva para que la paz –llámese como se llame, total o completa–, sea una realidad.
En esa perspectiva, la participación de toda la gente involucrada es clave. Su voz debe ser escuchada. En lo que hay que mejorar es precisamente en eso: la paz total no puede ser una bandera de un sector. La paz no es una bandera política, ni el anhelo de un grupo. Es lo que todos soñamos, pero debe ser una paz que integre a todos los sectores y nos permita construir un país diferente.
De los diferentes ceses al fuego que hay con grupos armados, ¿propondría revisar alguno?
El cese al fuego es necesario en ciertos contextos. Los ceses no pueden impedir que el Estado desarrolle su labor en contextos en donde la gente requiere la presencia estatal. Si las decisiones relacionadas con el cese contribuyen efectivamente a la paz deben ser cumplidos. Pero si el cese impide que el Estado desarrolle sus obligaciones de protección a la población y seguridad en los territorios, pues no puede ser un impedimento para que las comunidades se sientan protegidas.
No se trata de un cese porque sí, ni de una herramienta para que uno u otro sector coopte los territorios. Los ceses deben ser decisiones auténticas de construcción de paz. Independientemente de donde se desarrollen los ceses es necesario que el Estado garantice los derechos de las poblaciones.
¿Qué propone para evitar los crímenes de líderes sociales y excombatientes?
La Defensoría del Pueblo es una de las entidades más importantes de la Constitución en materia de cercanía a la población. Su misión es promover y garantizar los derechos humanos y que dejen de ser letra muerta. La gente día a día está pidiendo garantías para ese ejercicio.
Lo primero que hay que hacer es recuperar la magistratura moral y ética de esta entidad. Una Defensoría débil y blandengue que llega a los territorios con unos compromisos corruptos no le sirve al país. La magistratura de la Defensoría hoy es vital para la paz. Necesitamos que la entidad pueda recuperar ese rol ético y para eso es necesario que toda la sociedad y el Congreso se vincule a la urgencia de esa recuperación.
Lo segundo es el carácter preventivo. La Defensoría debe prevenir violaciones de derechos humanos y recuperar el Sistema de Alertas Tempranas, que ha contribuido desde que se creó a salvar vidas, pero puede hacer mucho más, porque ha venido siendo debilitado. Esa labor implica procesos de monitoreo y de fortalecimiento de los sistemas tecnológicos. Internamente hay que integrar las diferentes áreas de análisis y llevarlas al territorio. Hay que ser un canal de escucha entre las comunidades y las autoridades a diferentes niveles.
He sentido que Bogotá no entiende las regiones. ¿Cómo llega la voz de las regiones a Bogotá? A través de los representantes a la Cámara que hacen un esfuerzo enorme porque las voces de los territorios sean escuchadas, pero eso no es suficiente. La Defensoría debe articularse con el Congreso y qué mejor que quienes conocen el territorio para ello. Prevenir esas violaciones hoy es una urgencia. La Defensoría tiene que cumplir un rol central en ese propósito.
Una de sus tareas en caso de ser elegida es defender la libertad de prensa y de expresión. ¿Siente que el presidente Gustavo Petro ha tenido una actitud hostil con los medios de comunicación?
Uno de los roles de los que más me enorgullezco es la representación jurídica que he hecho acompañando a Claudia Julieta Duque, una de las periodistas de investigación más valientes y reconocidas en Colombia. Con ella hemos caminado en la superación de la impunidad. En ese ejercicio hemos presentado alegatos contra quienes la han atacado generando una tortura psicológica.
Bajo esa perspectiva, y ahí está mi posición, considero que la libertad de prensa es mucho más que una norma. Tiene que ser un país respaldando al periodismo. Tiene que ser un país respaldando las investigaciones profundas sobre las graves violaciones de derechos humanos. Nadie debe atacar esas labores investigativas cuando se trata precisamente de superar la impunidad.
Siento orgullo acompañando periodistas que investigan a fondo, que elevan sus voces de denuncia y que dicen lo que han encontrado que está mal. Ellos deben ser una voz protegida y la Defensoría del Pueblo tiene un rol muy importante al acompañar que esas voces no sean silenciadas, opacadas o distorsionadas.
Pero, en el caso puntual de Petro, ¿siente que él ha sido hostil hacia los medios que revelan irregularidades de su Gobierno?
El presidente Petro reconoce la libertad de prensa. En ese sentido, es necesario que eso se haga efectivo cada día en la medida en que los periodistas puedan expresar su voz de manera tranquila, sin sentirse atacados y sin que sus procesos de investigación se vean dificultados porque no son de recibo para alguna entidad.
Debemos respetar la libertad de prensa y la sociedad debe entender el rol tan importante que desarrollan. Por ello, la Defensoría del Pueblo debería considerar la libertad de prensa como uno de los elementos más importantes a proteger en su gestión.
¿Cómo garantizar independencia frente al Gobierno en caso de que usted resulte elegida?
Soy una abogada independiente y autónoma. Presenté mi hoja de vida porque se abrió una invitación a que muchos defensores de derechos humanos lo hiciéramos. Me siento muy orgullosa de no hacer parte de ningún grupo político y de ninguna organización que tenga una posición política partidista.
No hago parte de ningún sector que controle mis decisiones o controle mi accionar. Soy defensora de derechos humanos y como tal le puedo garantizar al país que los entiendo como la contención a los abusos de poder, incluso los propios.
Es necesario que hoy el país entienda que cuando hablamos de derechos humanos no hablamos de instrumentos políticos. Hablamos de la garantía de la vida de la gente, de su permanencia en los territorios y de la construcción de paz.
Los derechos humanos deben ser desconfinados para que realmente lleguen a toda la población y para que se entienda que –además de la vida, la libertad y la integridad personal– son también salud, agua, servicios públicos, medio ambiente o vivienda digna. Tenemos ante nosotros una maravillosa oportunidad para que el país entienda que los derechos humanos son la realización de la paz con justicia social y ambiental, en la que todos y todas puedan participar de manera real y efectiva, no en el papel.
¿Cómo le ha ido en su campaña con las diferentes bancadas y representantes?
Ha sido bastante intenso. Es una dinámica muy súbita, la terna apenas salió el jueves. El mundo de los derechos humanos en el que nosotras tres desarrollamos nuestra labor es muy distante y diferente al del Congreso. En el lenguaje que hablamos parecemos extraterrestres, porque hablamos de derechos humanos. Lo que queremos son derechos humanos para el país.
Esta terna que integró el presidente tiene un propósito y es que en la Defensoría del Pueblo no haya un político de profesión, sino una defensora de derechos humanos que los sienta, le gusten y los conozca. En mi caso, conozco a profundidad los territorios en donde viven las comunidades a las que no les llegan los derechos humanos.
Hablar estos lenguajes en el Congreso ha sido muy difícil, pero a la vez muy retador y es el síntoma de que algo está cambiando. Me ha encantado la apertura de los representantes, con quienes nos hemos reunido. Hay receptividad y espero que eso se concrete en que la Defensoría del Pueblo tenga la capacidad ética y moral de llegar a los territorios a plantarse fuerte frente a cualquier abuso de poder.
Le he propuesto al país y a los congresistas que, por ejemplo, la Secretaría General de la Defensoría del Pueblo sea dirigida por una persona o un grupo que esté totalmente vigilado por la sociedad. Debe ser una actividad que no deje ninguna duda de transparencia.
En el ejercicio de contratación, que lamentablemente es tan difícil de desarrollar sin veedurías, yo garantizo –de ser elegida– que la sociedad va a tener absoluta transparencia. Quiero contar con el acompañamiento de los trabajadores de la Defensoría.
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