La semana que arranca será determinante para los intereses del Gobierno de Gustavo Petro en el Congreso de la República. Luego de semanas de socialización, concertación y reuniones con todas las bancadas, se tiene previsto que sea radicada al fin no solo la ley ordinaria de la jurisdicción agraria, sino la reforma a la salud. Sin embargo, no deja de ser incierto el panorama para una de las principales banderas del Ejecutivo.
Si bien se tenía previsto que el proyecto que pretende darle un revolcón al sistema de salud fuera radicado la semana pasada, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que seguirían las conversaciones y solo hasta esta semana comenzaría su trámite.
“La ley de jurisdicción la vamos a presentar mañana martes en el Senado de la República para que haga su trámite en la Comisión Primera. Y la reforma a la salud esperamos presentarla antes de que termine esta semana. Se están haciendo ajustes. Seguimos hablando con las bancadas y esta semana tenemos nuevas reuniones con la bancada del Pacto Histórico en Senado y Cámara, y la bancada en Cámara de Cambio Radical”, manifestó este lunes el ministro en diálogo con Noticias Caracol.
Aunque Cristo aseguró que la idea es consolidar los temas y proyectos que podrían hacer parte del mentado Acuerdo Nacional, frente a la reforma a la salud prevalece un interrogante de primer orden: ¿el proyecto será tramitado como iniciativa ordinaria o como ley estatutaria?
Por el primer camino se la jugó el Gobierno en la legislatura pasada; no obstante, el proyecto terminó hundido en tercer debate en la Comisión Séptima del Senado, donde persisten los reparos a la iniciativa, como dejó entrever la senadora Nadia Blel, presidenta del Partido Conservador, quien advirtió que no serán simplemente notarios de las reformas.
“El partido sigue manteniendo su independencia firme. Una vez se radiquen estas propuestas, independientemente de donde vengan, el partido –a través de sus bancadas–, hará un ejercicio muy juicioso, técnico y basado en estudios. Será un análisis que no va a obedecer a acuerdos políticos, sino a propuestas que le traigan beneficio a todos los colombianos”, manifestó la congresista.
La otra vía sería tramitar la reforma como ley estatutaria –un mecanismo para regular derechos fundamentales, como la salud–, lo que implica un trámite más riguroso a través de mayorías absolutas en Senado y Cámara, sumado a una revisión automática por parte de la Corte Constitucional.
“No es cierto que el proyecto simplemente desarrolle y materialice los contenidos del derecho a la salud; en realidad, modifica un elemento esencial: la libertad de elección que tienen los usuarios de escoger entre diversas EPS y entidades de salud. Esta libertad es suprimida, pues el proyecto establece que ahora toda persona será adscrita a un Centro de Atención Primaria en Salud o CAPS, que sería la puerta única de entrada para su atención médica”, explicó en su momento el jurista Rodrigo Uprimny.
En febrero de 2023, cuando comenzó el trámite de la reforma promovida por la entonces ministra Carolina Corcho, varios congresistas de diferentes partidos –encabezados por el senador Humberto de la Calle–, reclamaban que el proyecto debía ser tramitado como ley estatutaria y no como ley ordinaria, teniendo en cuenta que busca transformar el contenido esencial del derecho a la salud.
“Una iniciativa de este calado debe ser discutida con amplio espacio de deliberación, contar en lo esencial con una amplia votación y, sobre todo, tener la certeza de su constitucionalidad antes de su vigencia”, alertaron los congresistas.
Pese a que el Gobierno ha acogido las observaciones de diferentes gremios y sectores interesados, lo cierto es que la reforma sigue sin convencer y en el Congreso persisten los cuestionamientos. Una muestra de ello es que ya han sido radicados tres proyectos diferentes de reforma a la salud, dos de ellos promovidos por la oposición (Cambio Radical y Centro Democrático).
En caso de ser tramitada como ley estatutaria, la reforma a la salud del Gobierno debe ser discutida en esta legislatura, es decir, antes del 20 de junio de 2025, a lo que se suma la revisión de la Corte, que podría extenderse por varios meses. Es decir, aun cuando el Ejecutivo logre aprobar el proyecto, deberá esperar el visto bueno del alto tribunal para su implementación.
La semana pasada, ante el interrogante de si la iniciativa será tramitada en la Comisión Primera como una ley estatutaria o en la Comisión Séptima como ley ordinaria –tal como ocurrió en el periodo pasado–, el ministro de la política sostuvo que se trata de un tema que aún se está estudiando. “No se ha definido todavía el camino”, dijo.