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Estas son las áreas agrícolas protegidas que el Gobierno de De la Espriella ya empezó a desmontar: ¿dónde y por qué?

Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) ya fueron derogadas. El Ministerio de Agricultura dejó sin efecto las resoluciones que habían declarado 15.839 hectáreas. La medida se suma a la derogatoria de estas zonas en ocho municipios de La Guajira.

  • El presidente Abelardo de la Espriella había prometido en campaña eliminar esta delimitación de tierras. FOTO Julio Cesar Herrera y Colprensa
    El presidente Abelardo de la Espriella había prometido en campaña eliminar esta delimitación de tierras. FOTO Julio Cesar Herrera y Colprensa
hace 1 hora
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El gobierno de Abelardo de la Espriella comenzó a desmontar las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) que habían sido declaradas durante la administración de Gustavo Petro. Este lunes, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, derogó las resoluciones que cobijaban 15.839 hectáreas en cinco municipios de Cundinamarca.

Le puede interesar: Presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que acabará las APPA de Petro en Antioquia

La decisión fue anunciada desde la Gobernación de Cundinamarca y comprende áreas ubicadas en Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio, todas pertenecientes a la provincia de Sabana Centro.

La medida se conoció apenas tres días después de que el Ministerio de Agricultura anunciara otra derogatoria de APPA, esta vez en ocho municipios del sur de La Guajira. Allí fueron levantadas las restricciones sobre cerca de 80.000 hectáreas que habían quedado cobijadas por esta figura desde 2024.

¿Por qué el Gobierno está derogando las APPA?

Fue una de las promesas de campaña. El argumento de la actual administración gira alrededor de la autonomía territorial y el uso del suelo.

Dangond sostuvo que las decisiones sobre producción agropecuaria deben articularse con las autoridades locales y con los planes de ordenamiento territorial de cada municipio.

“No podemos permitir que desde Bogotá se les diga a los productores rurales qué cultivar, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, porque para eso están los planes de ordenamiento territorial”.

Las APPA son un instrumento de ordenamiento territorial diseñado para proteger suelos rurales con capacidad para la producción de alimentos. Durante el Gobierno Petro fueron incorporadas como determinantes de ordenamiento territorial de nivel superior, con el propósito de evitar que terrenos para la producción agropecuaria cambiaran de uso.

Antioquia, por ejemplo, fue uno de los departamentos donde el Gobierno anterior avanzó en la declaratoria de estas áreas. En octubre de 2025, el Ministerio de Agricultura declaró 14.879,52 hectáreas como APPA en Fredonia y Venecia, en el Suroeste antioqueño. Para entonces, Concordia también contaba con una declaratoria y avanzaban procesos en otros municipios de la subregión.

La planificación contemplaba avanzar en 23 municipios del Suroeste antioqueño. La medida generó un debate entre el Gobierno Nacional y autoridades locales, entre ellas el gobernador Andrés Julián Rendón, quien cuestionó que las APPA pudieran condicionar el uso del suelo y afectar la autonomía territorial.

La entonces ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, defendió la figura y explicó a EL COLOMBIANO que el objetivo era proteger los terrenos que garantizan el abastecimiento alimentario de las ciudades. En ese contexto sostuvo:

“Para el caso de Antioquia, si no protegemos el suelo, Medellín va a tener una presión respecto al abastecimiento”.

El argumento del Gobierno anterior era que la protección de estos terrenos permitía evitar que la presión urbanística desplazara la producción agropecuaria.

También había APPA en Tolima y Santander. De hecho, en diciembre de 2025, alrededor de 1.100 campesinos de ocho municipios del norte del Tolima interpusieron una acción de tutela contra el Ministerio de Agricultura por esas zonas. Además, cuestionaron el proceso de delimitación y alegaron posibles vulneraciones a derechos como la participación ciudadana, el acceso a la información y el debido proceso.

Antes de asumir la Presidencia, De la Espriella había planteado desmontar las APPA y cuestionado las restricciones que, según su posición, podían afectar el uso productivo de la tierra.

Y aunque el Ejecutivo puede dejar sin efecto las resoluciones mediante las cuales fueron declaradas determinadas APPA, el debate no se limita a decisiones administrativas.

En el Congreso también avanza una discusión para modificar de manera permanente el marco legal que permitió crear estas zonas. El representante Daniel Briceño radicó el proyecto de ley para eliminar las APPA como determinantes de ordenamiento territorial de superior jerarquía.

¿Qué sigue?

El propio Ministerio había señalado, al anunciar la derogatoria en La Guajira, que quedaban pendientes decisiones sobre APPA en Antioquia, Santander, Tolima y Cundinamarca. La derogatoria anunciada este 5 de octubre cambia ese panorama para los cinco municipios de Sabana Centro y deja abierto el interrogante sobre el futuro de las demás áreas declaradas bajo esta figura.

El debate de fondo, por ahora, queda planteado entre dos posiciones: la defensa de la autonomía municipal para ordenar el territorio y decidir sobre sus usos del suelo, que sostiene el actual Gobierno, y la protección de terrenos estratégicos para garantizar la producción y el abastecimiento de alimentos.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué son las APPA en Colombia?
Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) son un instrumento creado durante el gobierno Petro para proteger suelos rurales con alta aptitud para la producción agropecuaria.
¿En qué municipios fueron derogadas las APPA?
Hasta ahora, el Gobierno ha derogado las APPA en 13 municipios: ocho del sur de La Guajira —La Jagua del Pilar, Urumita, Villanueva, El Molino, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca y Barrancas— y cinco de Cundinamarca —Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio—.
¿Por qué el Gobierno derogó las APPA?
El Ministerio de Agricultura explicó que busca fortalecer la autonomía de las autoridades territoriales y que las decisiones sobre el uso del suelo y la producción agropecuaria estén articuladas con los planes de ordenamiento territorial de cada municipio.

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