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La decisión del Gobierno de Iván Duque de regularizar a casi 1 millón de migrantes venezolanos fue sorpresiva. No solo por su ambición humanitaria, semejante solo a políticas más comunes en Europa (Alemania, por ejemplo), y que explica la celebración unánime de la comunidad internacional; también porque representa un cambio en la estrategia de Colombia hacia Venezuela, en un momento en el que la mano dura contra el régimen de Maduro ha perdido fuerza.
El Estatuto de Protección Temporal anunciado este lunes nace con el propósito de permitir el tránsito de los migrantes venezolanos en Colombia a un régimen migratorio ordinario, bien sea que tengan un permiso de permanencia especial (regulares) o no (irregulares) . Es decir, que en un lapsus de 10 años los venezolanos que se acojan a la medida podrán tener una visa de residentes en Colombia.
Se trata, según las últimas cifras de Migración Colombia, de una población de 1.729.537 migrantes, de los cuales, 966.714 están de forma irregular: no solo no tienen los mismos derechos que los colombianos en temas, por ejemplo, como el laboral; el Estado tampoco tiene mayor información de ellos, lo que impide formular políticas públicas y representa, tal cual lo ha reconocido el Gobierno, un potencial peligro de seguridad.
El mismo presidente, al presentar el borrador del decreto, resaltó en primer lugar el beneficio en seguridad nacional. “Al estar regularizados y someterse al registro, en caso de violar la ley tendremos elementos certeros para identificarlos”. Seguido a ello, se refirió al enfoque humanitario de la medida, al derecho que a partir del Estatuto tendrán los migrantes venezolanos de vivir en Colombia en igualdad de condiciones.
Un gesto sin precedentes
El decreto, que no ha entrado en vigencia, establece que serán sujeto de los beneficios aquellos que prueben que entraron al país antes del 31 de enero de 2021, y aquellos que ingresen de forma regular durante los próximos dos años. “El primer paso para aplicar el Estatuto es crear unos mecanismos para que la población migrante pueda registrarse, identificarse y a partir de eso hacer la solicitud final de Estatuto”, explica Lucas Gómez, Gerente de Fronteras. No está del todo claro, aún, cómo podrán probar los migrantes que están en Colombia antes de la fecha límite.
“Estamos definiendo con Migración Colombia el mecanismo exacto, pero hay variables que ya podemos adelantar. Tenemos, por ejemplo, una base de datos de oferta del Estado histórica que nos permitirá hacerlo”, señala Gómez. Si bien los análisis de este tipo de decisiones suelen estar repletos de adjetivos, es poco usual encontrar unanimidad en ellos. El Gobierno lo logró con su apuesta. Tanto a nivel interno como externo, el Estatuto fue celebrado.
“Es un paso histórico y diferencial en la región”, confirma María Teresa Palacios, directora del grupo de investigación en derechos humanos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. “La actitud de recepción, si se habla de una regularización a 10 años, es diferente a todo lo que se viene haciendo en América Latina”. Para encontrar un ejemplo similar, habría que retroceder hasta 2015, cuando Ángela Merkel abrió las fronteras alemanas a más de 800 mil refugiados. Con la diferencia, señala Palacios, “de que lo nuestro es más meritorio porque estamos hablando de economías emergentes con muchas más dificultades”.
El aplauso de la comunidad internacional, al que se unió Estados Unidos a través de su secretario de Estado, Antony Blinken, es vital porque el país espera recursos para la aplicación de la estrategia.
“Ya tenemos el compromiso de muchos de los países donantes de aumentar sus recursos. No solo para el tema de registro, sino para atención humanitaria”, señala Gómez. El respaldo internacional confirma también un giro, menos público, de la estrategia de Colombia frente al régimen de Maduro.
Más largo plazo
“Esto cambia la estrategia de política internacional que había planteado el Gobierno de Iván Duque y que se centraba, por un lado, en la caída de la dictadura de Nicolás Maduro, y por el otro, en una solidaridad temporal de la migración”, señala Ronal Rodríguez, politólogo, internacionalista e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. “El mensaje hacia la sociedad colombiana era que esto tenía una rápida solución. Este mensaje ya va en otra dirección”.
Es un cambio de tono que va acorde a uno más global. La partida de Donald Trump del Gobierno de Estados Unidos dejó a la opción de la mano dura hacia Venezuela sin su principal aliado. El nuevo presidente, Joe Biden, ya ha mostrado su intención de apostar por otro camino. “El objetivo principal de la administración Biden-Harris es apoyar una transición pacífica y democrática en Venezuela a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas, y ayudar al pueblo venezolano a reconstruir sus vidas y su país”, señaló el 8 de febrero James B. Story, embajador de EE.UU. para Venezuela.
El cambio también se nota en Europa, con la reciente decisión de la Unión Europea de cortar el reconocimiento como presidente interino a Juan Guaidó.
“10 años es un tiempo prudencial para el Estatuto. Pensar que mañana el 100% de venezolanos va a regresar a su país en un eventual cambio de gobierno, es una utopía. Esta es una población que en gran parte tendrá vocación de permanencia”, explica el gerente de Fronteras. El borrador del decreto del Estatuto será público hasta el 23 de febrero para que los grupos de interés puedan comentarlo. Después de eso, tendrá que ser aprobado por el Presidente para entrar en vigencia y comenzar a ser materializado.
Hay dudas que tendrán que ser resueltas. “Se habla de un régimen sancionatorio que permitiría aplicar deportaciones. Eso toca desarrollarlo bien. Por ejemplo, los venezolanos que tengan cualquier actuación administrativa pendiente, no pueden acceder al mecanismo de regularización, cosa preocupante porque un procedimiento administrativo puede ser una multa”, señala Palacios.
Todos concuerdan en que el camino iniciado por Colombia tiene amplias repercusiones a nivel local e internacional. Incluso podría servir de presión a vecinos como Ecuador y Perú. Un alivio para miles de migrantes que ahora podrán vivir con plenos derechos en Colombia .