Sectores políticos que se oponen al gobierno Petro dicen que están permeadas por armados. Sin embargo, desde la bancada de gobierno, que busca su regulación, advierten por la amenaza de que estas iniciativas terminen instrumentalizadas por grupos al margen de la ley.
Fiel a los principios y sectores que lo llevaron al poder, el presidente Gustavo Petro ha dado un lugar preponderante a las guardias comunitarias. Se trata de movimientos sociales que de antaño realizan ejercicios de autonomía y control en defensa de sus territorios. Sin embargo, hoy su alcance está en discusión ante la supuesta privatización de la seguridad y su aparente poder descontrolado.
Las alertas tienen origen en actividades y conductas que, cada tanto, acaparan titulares. Hace 15 días fue el desfile y posterior plantón de 300 guardias indígenas en Bogotá. Portando sus insignes y milenarios bastones se agolparon a las afueras del Congreso mientras se discutía el Plan de Desarrollo. Para algunos congresistas fue una forma de intimidación, para otros un ejercicio simple de pedir participación en democracia.
De mayor gravedad fue lo ocurrido en marzo en Los Pozos en San Vicente del Caguán (Caquetá), donde confrontaciones entre una guardia campesina y la Policía dejaron dos muertos y la retención de 75 agentes.
Un mes después, la presencia de los campesinos en los Llanos del Yarí durante el controvertido evento en el que alias Iván Mordisco, jefe disidente, expresó su voluntad de paz armado hasta los dientes, levantó suspicacias,. No obstante, lo que desconocían los que señalaron a los campesinos asistentes es que el jefe de las disidencias obligó a la asistencia a su evento mediante un comunicado, so pena de que aquel que no fuera, se atendría a las consecuencias.
Para sectores de oposición hechos como los del Yarí evidencian la instrumentalización a la que se ven sometidas estas guardias. Pero más allá de esa instrumentalización está el riesgo que corren sus integrantes: muchos incluso han caído bajo las balas de los violentos. Muestra de ello son los últimos asesinatos cometidos por las disidencias contra líderes campesinos, o los ya históricos homicidios perpetrados por paramilitares y las Farc.
Sin embargo, la nuez del problema –según advirtieron– es el poderío desbordado que empezarían a tener, lo que se evidenció con lo ocurrido en Los Pozos.
Secundado por figuras como María Fernanda Cabal o Paloma Valencia, el expresidente Álvaro Uribe –jefe del Centro Democrático– reclamó por el fortalecimiento de esas guardias en detrimento de las Fuerzas Armadas. Incluso, sostuvo que en ciertas zonas sustituyen a la Fuerza Pública y se constituyen como “ejércitos privados desafiantes”.
El debate subió de tono tras conocerse que Petro incluyó un artículo en su Plan de Desarrollo para el “empoderamiento” de las guardias. El artículo no fue incluido, pero la oposición alegó que el mandatario insistirá en favorecer –sin reparo o crítica– a estos movimientos.
Justamente, el Partido Comunes –que hace parte de la coalición de gobierno– viene tramitando un proyecto para reglamentar las guardias campesinas que, a diferencia de las indígenas o afros, no cuentan con reglas claras para su actuar. En diálogo con este diario, la senadora Sandra Ramírez negó que estas organizaciones puedan ser el germen de grupos paramilitares y que su labor, de carácter civil y no armado, es garantía de defensa de derechos humanos.
“Su labor es generar el diálogo y favorecer la convivencia”, explicó, asegurando que su presencia en escenarios de conflicto es promover la concertación y el diálogo “sin usar la fuerza”.
En ello coincidió Guillermo Quintero, coordinador de la guardia campesina del Catatumbo, quien defendió que a través de la intermediación buscan evitar conflictos. No obstante, reivindicó el porte machetes.
“En situaciones con las Fuerzas Armadas apelamos a cercos humanitarios, que han terminado criminalizados. Portamos un bolillo patriótico y un machete, que es simbólico, no una arma, sino una herramienta para la tierra”, dijo a EL COLOMBIANO.
Un informe realizado por el Gobierno Petro, revelado por Semana a finales de abril, hizo un diagnóstico de las guardias comunitarias y determinó que hoy subsisten 15 en el país (ver gráfico). Si bien el Ejecutivo concluyó que la idea de estas guardias es seguirse ampliando, alertó que están expuestas a terminar más que permeadas, amenazadas y obligadas por armados.
De hecho, solo en 2023 más de 60 líderes campesinos o indígenas han sido asesinados por su trabajo comunitario estigmatizado por varios sectores.
Buscan regulación en el Congreso
Para evitar que, como denunció la oposición, las guardias campesinas terminen instrumentalizadas por grupos armados, la senadora Ramírez insistió en regularlas y establecer reglas claras. Incluso, abrió la puerta a que, en caso de que terminen aliadas con grupos al margen de la ley, sean sancionadas. Su proyecto de ley, que aún no surte su primer debate, las reconoce como “un mecanismo de protección”. La polémica recae en que da vía libre al porte de bolillos y “machetillas”. También contemplan formas de financiamiento.
