Mientras el cabecilla de las disidencias Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, continúa delinquiendo y expandiendo su poder criminal bajo el amparo de la política de Paz Total, la Fiscalía se las ingenia para armar una imputación de cargos en su contra tan robusta que, al final, el Gobierno acceda a activar la orden de captura en su contra.
Como parte de esa estrategia, la entidad decidió conformar un grupo especial de trabajo con el objetivo de fortalecer el caso y consolidar las pruebas en su contra.
El equipo estará integrado por fiscales e investigadores de distintas dependencias, entre ellas la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado, la Dirección de Derechos Humanos y la Unidad Especial de Investigación. La idea es unificar en un solo frente los procesos y evidencias para estructurar una imputación sólida por los delitos que se le atribuyen.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, ya había anticipado el pasado 7 de abril que se llamaría a imputación a alias ‘Calarcá’ por delitos de lesa humanidad. Según explicó en ese momento, la Fiscalía cuenta con material probatorio que incluye información extraída de dispositivos electrónicos, así como otros elementos recolectados en investigaciones paralelas.
Pese a estos avances, la orden de captura contra Díaz Mendoza se mantiene suspendida por ahora, en línea con decisiones adoptadas en otros casos relacionados con estructuras armadas en el marco de la paz total. La fiscal explicó que existe una “cierta razonabilidad” en mantener esa suspensión mientras se avanza en la judicialización, aunque dejó claro que el objetivo es fijar pronto la fecha de audiencia para formalizar la imputación.
En paralelo a esa decisión, la Fiscalía ordenó profundizar en cinco líneas de investigación que se desprenden, en buena parte, del análisis forense a computadores, teléfonos, discos duros y otros dispositivos electrónicos incautados el 23 de julio de 2024 en Anorí (Antioquia), durante la interceptación de una caravana de las disidencias.
El eje central del caso ahora gira en torno a cinco hipótesis que podrían comprometer no solo a estructuras armadas ilegales, sino también a agentes estatales y otros actores.
Mientras esos focos avanzan, la situación jurídica de alias Calarcá sigue en revisión. La Fiscalía reiteró que la suspensión de la orden de captura no es indefinida y depende del cumplimiento estricto de las condiciones establecidas en el marco de la paz total.
La evaluación, según la entidad, será periódica y tendrá en cuenta nuevos hechos que puedan surgir, especialmente aquellos relacionados con violaciones a los derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario en territorios donde operan estas estructuras ilegales.
Regístrate al newsletter