Hace dos días miembros del CTI de la Fiscalía tomaron posesión de la C.I.J Gutiérrez, la más grande comercializadora internacional de oro del país. Esta empresa antioqueña, más conocida como la Fundición Gutiérrez, con 140 años de historia, afronta un proceso penal por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, por exportar al menos 2,4 billones de pesos en oro que, para la Fiscalía, son de dudosa procedencia.
En los operativos realizados en Medellín, Caucasia, Nechí, El Bagre (en Antioquia), Santander y Caldas, fueron capturadas 11 personas, entre ellos el representante legal Andrés Vieira Gutiérrez; el revisor fiscal, Juan Roberto Muñoz Zapata; el contador Guillermo Antonio Rojas Montoya; y la exrepresentante legal Margarita Rosa Escobar Pérez. Así como los dueños de las comercializadoras locales en las zonas mineras.
En las últimas horas se han producido audiencias de control de garantías así como la imputación de cargos por parte de la Fiscalía.
El caso
De acuerdo con Luz Ángela Bahamón, directora especializada de Lavado de Activos de la Fiscalía, la investigación contra C.I.J. Gutiérrez abarca la operación de los últimos 12 años, en los que identificaron que “se habría configurado un carrusel de supuestos proveedores y subproveedores del metal”.
En las indagaciones la Fiscalía dice que se constató que, en realidad, eran empresas fachadas que no cumplían con la razón social registrada, manejaban capitales bajos, no tenían capacidad económica, estaban endeudadas, y figuraban en liquidación o disolución. Sin embargo, aparecían en el papel como titulares de operaciones comerciales por miles de millones de pesos. (ver recuadros)
Al respecto, Vieira Gutiérrez dijo, en diálogo con EL COLOMBIANO el pasado 2 de abril, que su empresa tiene un estricto sistema de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo “incluso más exigente que el del sistema financiero”, y que todos sus proveedores cumplen no solo las exigencias de Gutiérrez sino las de la Agencia Nacional de Minería.
En el operativo se incautaron más de 100 kilos de oro y 600 kilos de plata, avaluados en 20.000 millones de pesos. Y aunque aún no termina el proceso de toma de posesión de la empresa, ya se identificaron en los estados financieros activos por más de 187.000 millones de pesos.
Acerca de los 2,4 billones de pesos, supuestamente lavados por la C.I.J. Gutiérrez, corresponde a “oro que se exportó, cuyo dinero ingresó al país y, aunque se está rastreando a qué terceros llegaron, la Fiscalía estima que fue a grupos criminales, ya que los proveedores están ubicados en zonas de delicado orden público”, anotó Bahamón.
Otros operativos
El ente acusador bautizó como “Leyenda del Dorado” los operativos que realiza en contra de las comercializadoras de oro de presunto origen ilegal.
La Fiscalía deberá poner a disposición de un juez todo el material probatorio y sustentar las imputaciones. Si el proceso pasa a juicio, el juez deberá determinar si hay lugar a declarar responsabilidades penales o, si considera que no hay pruebas o hay eximentes de responsabilidad, declarar la inocencia de los procesados. En esta etapa actual del proceso, los investigados se presumen inocentes mientras la justicia no determine lo contrario.
La semana pasada la Fiscalía imputó los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir a 12 personas que estarían involucradas con otra empresa, la C.I. Metales Hermanos.
Según el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, esa empresa, también de Medellín, a través de un esquema ficticio de supuesta compra, venta y exportación de oro que, mediante la creación de empresas fachada, transacciones inexistentes con resguardos indígenas y con personas fallecidas, habría lavado activos por algo más de 1.9 billones de pesos, correspondientes a 29 toneladas de oro exportadas entre 2009 y 2014, aseguró la Fiscalía.
$2,9
billones habría lavado C.I.J. Gutiérrez a través de oro, según la Fiscalía.
