La Fiscalía solicitó audiencia de imputación de cargos contra Carlos Eduardo Umaña Lizarazo, en su condición de Contralor Delegado para el Sector Social, por el delito de prevaricato por acción.
Según el ente investigador, el funcionario quien tenía a su cargo la investigación por el carrusel de pensiones en las Altas Cortes, habría solicitado “información personal dentro de un proceso de responsabilidad fiscal, sin que las mismas ejercieran gestión fiscal, y otras no tuvieran relación alguna con el respectivo proceso”.
Además se cree que se habría ordenado recopilar información que tendría el carácter de reservada, lo cual fue calificado como “actuaciones que resultan arbitrarias y caprichosas, excediendo las atribuciones investigativas conferidas al máximo ente de control fiscal del país”, señaló la Fiscalía.
Entre las pruebas de la Fiscalía se encuentra un oficio firmado por Umaña Lizarazo, en el que le pide a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) que le entregue información sobre un grupo de personas entre las que se destacan cuatro magistrados y exmagistrados de las Altas Cortes, entre ellos Henry Villarraga, Julia Ema Garzón, Temístocles Ortega y José Ovidio Claros.
En el documento la Contraloría pidió información de bases de datos de los magistrados, en lo relacionado con CIFIN, Datacrédito, información bancaria, registros notariales, vehículos, divisas e inversiones.
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