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Fiscalía solicita audiencia de preclusión en caso Uribe
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El expresidente Álvaro Uribe Vélez tendrá que esperar ahora la designación del juez y la audiencia de preclusión .FOTO COLPRENSA
05 de marzo de 2021
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La Fiscalía tomó este viernes la decisión de solicitar la audiencia de preclusión del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en la investigación que se sigue en su contra por presunta manipulación de testigos porque, según indicó, no existe sustento para continuar con la investigación.
De acuerdo con Gabriel Ramón Jaimes Durán, coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y quien tenía en su despacho este expediente, algunas conductas que se le imputan al expresidente no tienen el carácter de delito, y otras que sí lo tienen no se le pueden atribuir a él. El oficio con la argumentación se radica este mismo viernes, a las 10:00 a.m., de manera virtual.
“Luego de la valoración integral de los elementos probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o partícipe”, señaló la Fiscalía.
La entidad no reveló más detalles sobre las evidencias que la hicieron llegar a esta conclusión, y se limitó solo a explicar que responden a la aplicación de los parámetros fijados en la Ley 906 de 2004 (Sistema Penal Acusatorio), y que será presentada ante el juez penal de Circuito de reparto.
Las mismas podrán ser controvertidas por el procesado y su defensa, el agente especial de la Procuraduría General, y por quienes reclaman su calidad de víctimas con sus apoderados.
Tanto el abogado Miguel Ángel del Río, como el senador Iván Cepeda (ambos contraparte procesal de Uribe), manifestaron desde el fin de semana pasado que la decisión de solicitar la preclusión ya estaba tomada porque, a su juicio, la Fiscalía actuaba más como parte de la defensa del exmandatario que como organismo de investigación.
¿Ahora qué viene?
Lo que sigue en todo este expediente es que, por sorteo, se designe un juez de conocimiento y una fecha para la audiencia, en la cual se deberán analizar los argumentos de todas las partes involucradas en el proceso para determinar si se acepta o no la petición de precluir que anunció este viernes la Fiscalía.
Si el juez le da aval al cierre del caso, las víctimas o la Procuraduría podrían apelar ante el Tribunal Superior de Bogotá, y si la decisión es negar la preclusión, pues la Fiscalía podría pedir el cierre ante un juez usando argumentos nuevos.
Si bien no existe un término perentorio para que se tome esta decisión, la defensa de Uribe, en cabeza del penalista Jaime Granados, ha hecho saber que espera que el resultado se conozca en un tiempo corto, pero hay quienes dicen que el proceso podría cruzarse con la campaña electoral de 2022 que ya comenzó a ponerse en marcha este año.
La investigación
El caso de Uribe pasó a la Fiscalía luego de que el exmandatario renunciara a su cargo. En el momento de su renuncia, estaba privado de la libertad por orden de la Corte Suprema, que lo señalaba de haber intentado, a través de su abogado Diego Cadena, ofrecer supuestamente dinero y otro tipo de beneficios a testigos para declarar a su favor en las investigaciones que se seguían en su contra. Por su parte, el proceso contra Cadena por estos mismos hechos se encuentra actualmente en etapa de juicio.
Hoy Uribe Vélez se encuentra en calidad de imputado, luego de que un juez de la República avalara la indagatoria que le hizo la Corte Suprema de Justicia, en 2019, como imputación de cargos por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno.
Por su lado, Jaimes, quien asumió el expediente finalizando 2020, recibió las pruebas que practicó el alto tribunal, entre ellas, los testimonios de los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’.
Ante la Corte Suprema, Monsalve entregó chats y conversaciones telefónicas en las que menciona la manera en la que el abogado Diego Cadena, quien en su momento defendió los intereses del exsenador y es procesado por los mismos hechos, supuestamente lo presionó para que se retractara de los presuntos nexos del exsenador y de su hermano Santiago Uribe con los paramilitares y la creación del Bloque Metro.
Lo que dijo en su momento la Corte, entre otras cosas, es que Monsalve y el abogado Cadena se habrían reunido en la cárcel La Picota, de Bogotá, y en medio del encuentro el penalista presuntamente habría mostrado un afán por tener un documento firmado de puño y letra de parte del exparamilitar con su retractación. Esto está consignado en grabaciones que hizo Monsalve a través de un reloj y que reposan en la Corte y en la Fiscalía.
Otro testigo que la contraparte de Uribe Vélez ha llevado al proceso es Carlos Enrique Vélez, exparamiltiar conocido con el alias de ‘Víctor’, quien en 2017 envió un documento a la Corte en el que mencionaba que supuestamente había recibido dineros por parte del senador Iván Cepeda, con el fin de que declarara en contra de Uribe. No obstante, en menos de un año se retractó y entregó una relación de pagos por un poco más de 40 millones de pesos recibidos presuntamente por parte del abogado Cadena.
Según alias ‘Víctor’, los dineros que habría recibido del penalista serían la recompensa por salpicar al senador Cepeda y dejar en alto el nombre del excongresista Uribe. El exparamilitar relató que el trato con Cadena habría sido el de convencer a otros exmilitantes de grupos ilegales para que supuestamente entregaran información que favoreciera al exmandatario.
Sobre estos señalamientos, Cadena ha expresado que esos dineros hacían parte de ayudas humanitarias para un hijo de Vélez; no obstante, tiempo después dijo que estaba siendo extorsionado por el exparamilitar.
La defensa de Uribe también se ha referido a que la Corte no quiso escuchar a testigos que considera claves, como es el caso de Juan Carlos Sierra, alias ‘el Tuso’, quien habría manifestado que recibió visitas de Iván Cepeda y mensajes por parte del magistrado José Luis Barceló para supuestamente hablar en contra del expresidente.
También indican que el magistrado César Reyes, quien tenía a cargo el expediente en la Corte, se habría negado a escuchar al diputado de Antioquia, Roque Arismendy, a Juan Manuel Aguilar, y a la exagente de la CIA Lisa Ruth. “Testimonios que hubiesen aclarado que Álvaro Uribe nunca buscó testimonios de Sierra, a quien el expresidente extraditó a los Estados Unidos”, indicó en su momento la defensa.
Pero el alto tribunal también tiene en su poder interceptaciones telefónicas entre Cadena y Uribe, en las que supuestamente se habla de visitas del abogado a la cárcel y de los testimonios que estaba recolectando el penalista.
La defensa de Uribe ha calificado estas interceptaciones como “ilegales”. “Desde el CTI de la Fiscalía advirtieron de manera temprana al despacho que la persona a la cual escuchaban era Álvaro Uribe Vélez y no Niltón Córdoba Manyoma. Barceló y su magistrado auxiliar Iván Cortes –hoy en la JEP- ordenaron continuar con la escucha ilegal. Dentro de las órdenes también se interceptaron las conversaciones cliente con los abogados, vulnerando así una de las garantías universales del derecho de defensa”, afirma el equipo jurídico que representa al expresidente.
Las nuevas pruebas de la Fiscalía
Además de las pruebas de la Corte, el fiscal Jaimes adelantó una nueva recolección de evidencias como el análisis de siete sim card que estaban en poder de Monsalve, y que le fueron incautadas el año pasado en medio de una inspección que le hicieron a su celda. Algo que la defensa de Uribe también ha criticado, porque, según dice, “nunca se conoció que la Corte Suprema haya desarrollado investigación o prueba técnica sobre estos equipos”.
Además de eso, el fiscal del caso quiso tener el testimonio del exparamilitar, pero este se negó aduciendo que se siente “acorralado y presionado”, debido a que lo podrían obligar a retractarse de sus señalamientos.
El abogado Miguel Ángel del Río, quien defiende los intereses del exparamilitar, aseguró que en el escenario en el que la Fiscalía lleve a juicio al exsenador, Monsalve estará dispuesto a dar las declaraciones respectivas.
La defensa de Uribe también se ha referido sobre la necesidad de contrainterrogar a Monsalve: “La Corte Suprema impidió que la defensa del señor expresidente contrainterrogara al supuesto “testigo estrella” del caso. El mismo que hoy se niega a hablarle a la Fiscalía cuando tiene el deber legal de hacerlo. El país también recuerda como la magistrada auxiliar Sandra Yepes Arroyave –hoy en la JEP- entonces adscrita al despacho de Barceló, impulsó y condujo las respuestas que otorgó Monsalve”.
Entre otras pruebas, que según trascendió se practicaron por parte de la Fiscalía, está el estudio técnico a un PC y a un celular que eran propiedad de Monsalve y que estaban en manos de la Corte Suprema desde que inició la investigación. En este caso, el ente acusador le habría solicitado al alto tribunal entregar los equipos que le decomisó en su momento el Inpec al exparamilitar.
No obstante, según la Corte, una vez perdió competencia sobre el proceso del expresidente, el material “voluminoso” recaudado en su contra fue remitido al ente acusador a través de copias que reposan en el despacho de Jaimes, de ahí que el alto tribunal considere pertinente no entregar los equipos, porque aunque no sigue la investigación contra Uribe, sí adelanta, por los mismos hechos, un proceso en contra del representante a la cámara Álvaro Hernán Prada.
Pese a la negativa de la Corte sobre los equipos, el alto tribunal dejó claro que los delegados de la Fiscalía tienen el espacio abierto para que se dirijan a los mismos, las veces que sean necesarias, esto debido a que no quieren impedir la labor de investigación que adelantan sobre Uribe.
Por último, el pasado miércoles, justo antes de que se conociera la decisión la Fiscalía de pedir la preclusión, trascendió que es posible que se tenga en cuenta una declaración que entregó el hacker Andrés Sepúlveda, quien habría testificado en algún momento en contra del exmandatario.
Pese a que las declaraciones que hizo hacen parte de otro proceso, el fiscal analizaba, junto con sus 20 investigadores, si es necesario tener en cuenta la declaración del hoy condenado.
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