Seis años después de ocurrido el hecho, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra tres oficiales, un suboficial y 18 agentes de la Policía por su presunta participación en un enfrentamiento contra la población civil en Tumaco, Nariño, que dejó siete personas muertas y 20 heridas, situación que causó conmoción en el país.
Los hechos se remiten al 5 de octubre de 2017, cuando cerca de 2.000 personas se reunieron en el lugar para protestar por las labores de erradicación de cultivos de coca adelantadas allí, aduciendo que estos representaban su única fuente de ingreso y que el Gobierno Nacional no había cumplido con las promesas para brindarles otras alternativas de subsistencia.
Sin embargo, el caos se presentó a las 10:30 de la mañana, cuando los líderes de las protestas dialogaban con los comandantes de la policía y se empezaron a escuchar disparos que hicieron que los policías respondieran al supuesto ataque.
“Tras escucharse el sonido de lo que parecía ser una ráfaga de arma de fuego, integrantes de la Policía Nacional, presuntamente, desenfundaron y accionaron sus armas de fuego de dotación en contra de la población civil, dando como resultado la muerte de siete personas y otras veinte resultaron heridas”, se relata en el documento.
Según el material probatorio recolectado durante el caso, la Procuraduría recrimina la acción de los policías, que habría afectado gravemente los derechos a la vida y la integridad física, sin contar con el grave riesgo en el que pusieron a los demás civiles allí presentes.
“Los ciudadanos se encontraban en estado de indefensión pues, además de no ofrecer resistencia alguna, en su mayoría, recibieron impactos de disparos por la espalda, esto es, cuando trataban de salir del lugar de los hechos”, asegura el Ministerio Público.
Los cargos formulados al policía de mando se deben a que presuntamente no evitó, pudiendo hacerlo, que un grupo de policías que estaban bajo su control se extralimitaran en el uso de sus armas de dotación.
Con respecto a los demás integrantes de la policía, se les responsabiliza la presunta omisión de su función orientada a proteger a todas las personas y mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades, entre los que se encuentran la vida y la integridad personal.
El proceso se llevará por la Procuraduría Delegada para el Juzgamiento, quienes se encargarán de la etapa de juicio disciplinario en contra de los integrantes de la Policía Nacional, calificadas provisionalmente como gravísimas a título de Dolo.
