El Gobierno Nacional inició formalmente el proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad, una de las principales apuestas institucionales del presidente Gustavo Petro durante la campaña presidencial y los primeros años de su administración. La decisión, contenida en un decreto revelado por el medio Red+, marca el comienzo del cierre de una cartera que nació en 2023 con la misión de reducir brechas sociales y atender a poblaciones históricamente marginadas.
La medida ha provocado protestas entre los trabajadores de la entidad. Desde la mañana de este lunes, funcionarios del Ministerio realizaron un plantón a las afueras de las instalaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), donde exigieron respuestas sobre su futuro laboral y denunciaron que se les impidió ingresar a sus puestos de trabajo.
“Nos sacaron como unos perros, sin un decreto”, manifestó una de las trabajadoras durante la protesta. Los funcionarios aseguran que más de 600 personas podrían quedar sin empleo una vez se concrete la liquidación y reclaman garantías frente a la terminación de sus contratos y cargos.
Según el decreto conocido por Red+, el Gobierno ordenó la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad, creado mediante la Ley 2281 de 2023. El documento establece que la entidad pasará a denominarse oficialmente “Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación” y tendrá un plazo inicial de un año para culminar el proceso, término que podrá ser prorrogado por el Ejecutivo.
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La normativa también dispone que la cartera no podrá iniciar nuevas actividades y conservará únicamente las facultades necesarias para adelantar su cierre administrativo. Además, se contempla el nombramiento de un liquidador designado directamente por el presidente de la República, quien asumirá la representación legal de la entidad. El decreto señala igualmente que el cargo de ministro o ministra de Igualdad quedará suprimido con la expedición de la medida.
El cierre de la cartera representa el desenlace de una iniciativa que enfrentó dificultades jurídicas y políticas desde sus primeros meses. El Ministerio de Igualdad fue presentado por Petro como una herramienta para priorizar a mujeres, comunidades étnicas, población LGBTIQ+, personas con discapacidad y otros grupos históricamente excluidos de las políticas públicas.
La entidad fue encabezada inicialmente por la vicepresidenta Francia Márquez, quien asumió el reto de poner en marcha una institución concebida como símbolo del llamado Gobierno del Cambio. Sin embargo, las tensiones internas dentro del Ejecutivo, las dificultades para consolidar la estructura administrativa y los cuestionamientos jurídicos terminaron debilitando el proyecto.
El golpe más fuerte llegó en mayo de 2024, cuando la Corte Constitucional declaró inexequible la ley que creó el ministerio al encontrar vicios en su trámite legislativo, particularmente por la ausencia de un análisis adecuado sobre su impacto fiscal. Aunque el Gobierno intentó impulsar una nueva iniciativa para subsanar los problemas detectados por el alto tribunal, el proyecto no logró avanzar en el Congreso.
A los problemas jurídicos se sumaron controversias por denuncias de acoso laboral, cuestionamientos a nombramientos de altos funcionarios, investigaciones disciplinarias y críticas por la baja ejecución presupuestal de algunos programas.
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Mientras el Gobierno avanza en la redistribución de funciones hacia otras entidades estatales, los trabajadores insisten en que aún no existe claridad sobre su situación. En un comunicado, organizaciones sindicales del ministerio defendieron la labor desarrollada durante estos años y pidieron una reunión con el presidente Petro para discutir alternativas que permitan preservar parte de la institucionalidad creada.
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Con la liquidación del Ministerio de Igualdad, el Gobierno pone fin a una de las iniciativas más representativas de su agenda política. La promesa de construir una entidad dedicada exclusivamente a combatir las desigualdades sociales termina así en medio de cuestionamientos, protestas y un complejo proceso de cierre administrativo.
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