Guerra entre grupos ilegales ya deja 27.000 afectados en Chocó
15 de sus 30 municipios están asediados por Eln y Agc. Ejército bombardea sus campamentos.
Eln trata de retomar el control territorial en el departamento del Chocó y mantiene una cruzada violenta con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
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Manuel saldarriaga
Los operativos con los que buscan cerrarle el paso a alias Fabián, cabecilla y capo del Frente de Guerra Occidental del Eln, que por su guerra con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) mantiene asediados a 15 de los 30 municipios del Chocó, derivaron este viernes en un bombardeo que dejó a 6 ilegales muertos y a otros 3 heridos.
En el campamento, según el ministro de Defensa, Diego Molano, también fueron incautados ocho fusiles, dos pistolas y cuatro computadores portátiles.
Así, las autoridades tratan de cercar a alias Fabián, identificado como Ogli Ángel Padilla Romero, quien estaría tratando de tener mayor control del Chocó, desde la zona del Bajo San Juan, hasta los límites con Panamá.
Esto pese a que las Agc, según fuentes en terreno, se han tornado más visibles en la región desde que coparon zonas en las que había presencia de las extintas Farc, como El Litoral de San Juan, donde su población (11.579 habitantes según el Dane) ha quedado en medio de un cruce de atentados que evidencian cómo el Chocó quedó sumido en una crisis humanitaria.
Emergencia humanitaria
Aunque el Chocó ha sido uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado, la situación de orden público viene en deterioro, causando incluso la revictimización de 215.000 personas reconocidas como víctimas durante la firma de la paz, según cifras de la Gobernación del departamento.
La Defensoría del Pueblo mantiene 16 alertas tempranas vigentes por el riesgo en el que están 390.000 personas, de los 550.000 habitantes del Chocó, es decir el 70% de la población, reveló el defensor Carlos Camargo.
Esta entidad reportó este año, con corte al 13 de septiembre, 94 eventos masivos de confinamiento que han afectado a 27.701 personas de 6.641 familias, pertenecientes a 81 comunidades indígenas y 13 afrodescendientes.
Pero lo preocupante, según William Jr. Halaby, secretario del Interior del Chocó, es que hay más actores interactuando en el departamento. De hecho, un documento de la Defensoría –dirigido al Ministerio del Interior, el pasado 19 de agosto– da cuenta de la presencia de “estructuras armadas de alcance local como los Chacales (en Bahía Solano), los Colombianos y los Mexicanos (en Quibdó)”.
El secretario Halaby reportó a EL COLOMBIANO que los constantes enfrentamientos en el municipio Medio San Juan, han generado el desplazamiento de 500 familias (2.000 personas) hacia las cabeceras urbanas de Istmina y San Juan. “Los más afectados son las comunidades indígenas y afrodescendientes, especialmente niños y adolescentes”, explicó.
La alarma también quedó registrada en un comunicado de los 17 obispos y arzobispos de la Costa Pacífica, quienes señalan la situación en el Bajo y Medio San Juan: “Pedimos a los actores armados respetar a la población civil y terminar con las acciones deplorables que han perturbado la vida tradicionalmente pacífica de las comunidades étnicas”.
Sin embargo, para la Iglesia Católica la violencia no se registra en 15 municipios, sino en los 30 del departamento. De hecho, monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó, puntualizó en que esta no es una situación aislada del sur del Chocó, sino un problema que padecen los habitantes de numerosas poblaciones del Pacífico colombiano.
Desplazados y confinados
En Chocó hay pocas voces que quieren hablar sobre lo que está ocurriendo. “Aquí amenazan a las 3:00 de la tarde y a las 7:00 de la noche escuchas los disparos en la calle”, dijo una fuente consultada por EL COLOMBIANO para retratar el miedo de los habitantes.
Domingo Ramos Palacios, personero de Quibdó, dice que “no se vislumbra una solución. La comunidad se siente aterrorizada, con miedo, ya que día a día las extorsiones y homicidos crecen”.
La situación es tan delicada en Quibdó, “que los integrantes de las bandas entran a las casas y se comen los alimentos que preparan las señoras. Además, extorsionan si haces mejoras a la viviendas y cobran cuotas hasta a los vendedores informales”, dijo una fuente que insistió en el anonimato por seguridad, y quien indicó que el 16 de septiembre fue hallado decapitado un joven de 16 años en el barrio La Invasión, sector Cabi.
Además de los desplazamientos forzados, las comunidades del Bajo y Medio San Juan permanecen confinadas en sus territorios, con imposibilidad de acceder incluso a alimentos, por restricciones de los grupos armados que amenazan con la siembra de minas antipersonales en los caminos de estos municipios.
En ese mismo periodo se han documentado 18 eventos de desplazamiento forzado en nueve municipios: Bagadó, Bahía Solano, Alto Baudó, Nuquí, Bojayá, Carmen de Atrato, Bajo Baudó, Medio San Juan y Litoral de San Juan. Por lo que 5.943 personas tuvieron que dejar sus territorios.
La entidad también verificó el desplazamiento intraurbano de 209 personas y el asesinato de 4 líderes sociales en lo que va del 2021.
A esta situación se suma que en el 2020 mataron a 16 líderes y, el jueves pasado, el exgobernador del resguardo indígena Tolo del pueblo Embera Eyabida, Efrén Antonio Bailarín, fue asesinado con un disparo por arma de fuego, mientras se encontraba pescando en el municipio de Acandí
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