El presidente Gustavo Petro desató controversia después de pedirle públicamente a la Fiscalía General de la Nación que investigue a su hijo Nicolás Petro Burgos y a su hermano Juan Fernando Petro para aclarar si recibieron “dineros calientes” para la campaña Presidencial de 2022, como se ha denunciado.
Petro Burgos, primogénito del presidente, está bajo la lupa de la Fiscalía porque su exesposa, Day Vásquez, lo acusó de recibir más de 600 millones de pesos del exnarcotraficante Samuel López Sierra y del contratista Alfonso del Cristo Hilsaca Eljaude para la campaña presidencial de su padre.
Pese a lo mediática y sorpresiva que fue la solicitud que hizo el jefe de Estado este jueves a la Fiscalía para que se investigue a su hijo, no se trata de una medida novedosa para Petro, ya que esta tenía un antecedente que se remonta a la época en la que el hoy presidente gobernó a Bogotá.
Para 2014, Petro Burgos estuvo envuelto en una polémica relacionada con presunto intento de influir en asuntos de contratación, por lo que Gustavo Petro recurrió al ente investigador para pedirle que adelantara las labores necesarias para esclarecer el actuar de su hijo.
La solicitud se remonta más exactamente a septiembre de 2014, cuando el alcalde Petro sorprendió al solicitar que se investigara el comportamiento que había tenido su hijo mayor y se esclareciera si tuvo algo qué ver con supuestas intervenciones en los contratos del Distrito.
Esta decisión de “entregar” a Petro Burgos a la Fiscalía estuvo impulsada por las denuncias que surgieron en ese momento sobre presunta injerencia en procesos de contratación en la capital del país por parte del hijo mayor del entonces alcalde y de su esposa, Verónica Alcocer.
Por esa razón, y ante la solicitud formal de Petro, se abrió en ese momento una investigación en contra de Nicolás Petro para determinar si tenía responsabilidad en la presunta injerencia en procesos de contratación en el Distrito.
Esta polémica surgió después de que en junio de ese mismo año se denunció que el empresario Carlos Gutiérrez, concuñado de Petro, se reunía con funcionarios del Distrito para presuntamente tratar de influir, a favor de los transportadores, en la prórroga de los contratos de Transmilenio.
No obstante, tras indagar durante meses el actuar de Petro Burgos, en 2016 la Fiscalía informó que no encontró, en desarrollo de sus indagaciones, pruebas o fundamentos suficientes para poder concluir que había una posible responsabilidad penal.
Al respecto, el ente investigador detalló que no fueron encontradas pruebas suficientes para acusarlo de presuntas irregularidades para tratar de influir en la prórroga del Sistema Integrado de Movilidad de la capital del país.
Tras casi 10 años de ese primer caso, Petro –ahora como presidente de la República– volvió a recurrir a la Fiscalía para que abra un nuevo expidente contra su primogénito y determine si éste sí recibió dineros irregularmente como lo denunció su expareja.
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