El presidente Gustavo Petro lleva más de dos años hablando de Diego Marín Buitrago, señalado como el “zar del contrabando” en Colombia. Según su versión, en 2022, cuando el también conocido como “Papá Pitufo” habría intentado ingresar 500 millones de pesos a su campaña, él mismo advirtió que se trataba de un contrabandista reconocido y ordenó devolver el dinero.
Sin embargo, distintos reportes han señalado que personas del entorno cercano al mandatario, desde familiares hasta funcionarios, habrían sostenido contactos o algún tipo de vínculo con el señalado contrabandista. En ese contexto, Petro no ha logrado demarcarse de Marín, pese a insistir en que fue él quien lo denunció y lo expuso públicamente.
El fin de semana, la revista Cambio, reveló que el mandatario se habría reunido con Gonzalo Boye, abogado de Marín Buitrago, en el Hotel Tequendama, en Bogotá, en mayo de 2024.
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En el encuentro habrían estado Gonzalo Boye Tuset, el abogado europeo de Marín, y Ramón Devesa, un hacker español señalado de presuntamente influir en nombramientos del gobierno Petro.
En esa reunión, Petro habría manifestado su interés en que Marín llegara a Colombia y contara todo lo que sabía sobre corrupción. Al terminar, habría autorizado a uno de sus funcionarios para que viajara a España a verse con Marín con el objetivo de recolectar información.
Ante la revelación, el jefe de Estado respondió con un extenso pronunciamiento en sus redes sociales, en el que buscó desmarcarse de los señalamientos sobre la reunión y su contenido.
Inicialmente dijo: “no tengo tratos ni he tenido con Diego Marín”. Aseguró que toda comunicación con él se limitó a pedirle que se entregara a la justicia. Sin embargo, ese relato dista mucho sobre las revelaciones al respecto.
Distintas investigaciones han revelado que, en 2024, Petro sostuvo al menos un encuentro con el abogado de Marín, un hecho que, aunque no implica un contacto directo con el investigado, sí configura un canal de interlocución con su entorno más cercano. En esa reunión, habría abierto la puerta a conversaciones más amplias sobre una eventual entrega y cooperación.
Aunque es cierto que dentro de esos acercamientos se habría transmitido el mensaje de someterse a la justicia, también lo es que las gestiones no se limitaron a una exhortación simple. Las versiones coinciden en que hubo intercambios más complejos, con la participación de mensajeros y discusiones que, según se ha señalado, incluyeron condiciones y posibles beneficios, lo que desdibuja la idea de una comunicación única, transparente y estrictamente institucional.
“¿Qué necesita? De parte nuestra, como presidente de Estado, pues, porque como te digo, en la cuestión ya de Fiscalía, eso lo negocian con ellos. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no podamos, de pronto, hablar algo dentro de la Fiscalía que lo favorezca, eso es otra cosa”, fue uno de los ofrecimiento del exdirector de la DNI, Jorge Lemus a otro abogado de Marín. Ahí, Lemus insinuó que sería posible “meter” al contrabandista en la Paz Total.
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Otro de los puntos de la defensa del presidente es su afirmación de haber sido quien puso en conocimiento del país la figura de Diego Marín y su capacidad de corrupción.
“Fuí yo mismo el que hice que la sociedad colombiana supiera de Diego Marín y su capacidad de comprar altos funcionarios de la fuerza pública, de la DIAN/Aduanas y hasta presidentes de la república”, escribió.
Esa declaración choca con la cronología del caso. Marín ya era un nombre conocido en círculos judiciales y en investigaciones de prensa, con procesos abiertos y seguimientos en curso por parte de la Fiscalía General de la Nación. Más que una revelación, lo que ocurrió fue una amplificación de un caso que llevaba años moviéndose en las sombras.
En esa misma respuesta, Petro aseguró haber intervenido directamente ante gobiernos europeos para facilitar la captura del contrabandista. Pero, hasta ahora, no existen registros públicos ni confirmaciones oficiales que respalden llamadas a altos mandatarios como parte de esa gestión.
El presidente también sostuvo que la fuga de Marín se produjo por la filtración de información desde la Policía. Sin embargo, esa versión sigue siendo una hipótesis. Hoy por hoy, no hay decisiones judiciales ni pruebas concluyentes que la respalden plenamente.
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En otro aparte, acusa a la Fiscalía de haber garantizado la impunidad del contrabandista y de impedir su extradición a Colombia.
“La fiscalía garantizó la impunidad de Marín y garantizó que no fuera extraditado a Colombia”, escribió
Pero, de nuevo, acusó sin pruebas. La entidad ha negado irregularidades en el manejo del caso, y hasta ahora no existe un fallo o investigación que establezca responsabilidades institucionales en ese sentido.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Quién es Diego Marín, alias Papá Pitufo?
- Es señalado como presunto líder de redes de contrabando en Colombia.
- ¿Qué dice Gustavo Petro sobre el caso?
- Afirma haberlo denunciado y no tener vínculos directos con él.
- ¿Hubo reuniones entre el Gobierno y el entorno de alias Papá Pitufo?
- Se han reportado encuentros con su abogado y asesores.
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