La mañana del primero de abril, Colombia se despertó con la noticia de que Mocoa, la capital del Putumayo, había sido barrida por los ríos que la rodean y la montaña que corona la ciudad. Sin embargo, la magnitud de la tragedia estaba lejos incluso de los cálculos más pesimistas.
El drama de 336 muertos, y una ciudad devastada por la tierra, fue sucedido por las muestras de solidaridad de todo el país, las promesas del Gobierno Nacional y posteriormente, como suele pasar, el olvido generalizado.
Sin embargo, esta semana la Fiscalía abrió un nuevo frente a este episodio con el anuncio de una imputación de cargos contra Sorrel Aroca, gobernadora de Putumayo; José Castro, alcalde de Mocoa; y su antecesor, Elver Cerón. Con alguna diferencia, todos los implicados comparten un mismo cargo: homicidio culposo en posición de garante.
La investigación de la Fiscalía identificó “la existencia oportuna de varias alertas y llamados ambientales que anunciaban la tragedia y habrían sido desacatados por las autoridades”, explicó Fabio Espitia, coordinador de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
“Los elementos recopilados hasta el momento evidencian que, pese a las alertas científicas, desde la Gobernación de Putumayo y la Alcaldía de Mocoa no fue activado el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres ni un sistema de alertas tempranas. Tampoco se diseñaron estrategias para la prevención y respuesta a emergencias”, agregó.
Espitia afirmó que un cambio del uso del suelo en el POT de Mocoa permitió que varias comunidades se asentaran cerca a las cuencas de los tres ríos que abrazan la ciudad, poniéndolas en peligro y desoyendo las recomendaciones de la CAR del Sur de la Amazonia (Corpoamazonía).
Previsible o imprevisible
En charla con EL COLOMBIANO, la gobernadora Aroca es enfática en que era imposible anticipar la tragedia.
“Lo que pasó en Mocoa es un fenómeno imprevisible, probablemente asociado al cambio climático. En dos horas llovió lo de 10 días y movió más de tres millones de toneladas de tierra y rocas”, explicó, y agregó la mandataria: “cualquier tipo de contingencia colapsó ante lo extraordinario de lo ocurrido”.
Aroca aseguró que se realizó un estudio de inundaciones para Putumayo en el que advertían unas probabilidades entre 100 y 500 años para que se presentara una cantidad de lluvia de la magnitud que cayó el día de la tragedia.
En ese sentido, advirtió que “siempre se habla de desalojar, y es una opción, pero se debe tomar con un estudio más preciso sobre las condiciones de lluvias. No de plazos de 100 años”. Entonces ¿qué tan exacta puede ser la prevención ante tal estadística?
Los informes presentados por el Ideam en las fechas posteriores a la tragedia mostraron que entre las 10:00 p.m. del 31 de marzo y la 1:00 a.m. del 1 de abril, cayeron 129,3 mm de agua, un 30% del promedio mensual en la región.
En aquel momento, el instituto advierte que se trata de una “lluvia extrema”, un fenómeno inusual que concentra las precipitaciones en un plazo de tiempo muy corto (ver recuadro).
Implicaciones
“Lo que está haciendo la Fiscalía es dar una interpretación más amplia a la posición de garante dentro del delito de homicidio culposo, que lo que hace es establecer el deber de evitar determinados resultados”, explicó Juan Carlos Álvarez, abogado experto en derecho penal.
Esta decisión abre la discusión sobre las responsabilidades en casos de tragedias y, de seguir con esa tesis, volvería más estricta la visión de la norma, agregó.
Sin embargo, Kenneth Burbano, experto en derecho constitucional, recalcó que esto no implica un precedente para revisar responsabilidades en tragedias similares, como Manizales o Caloto, pues este solo puede venir de las altas cortes. Este caso es una acusación de la Fiscalía.
Aún así, consideró que hay como sustentarla: “Cuando el servidor público tiene conocimiento técnico de la probabilidad de una avalancha y no toma las medidas apropiadas, responde por homicidio culposo por omisión en el cumplimiento de sus funciones”.
Recalcó que es valioso abrir el debate, pues en Colombia, “lo que suele suceder luego de las tragedias es que la responsabilidad se diluye”.
Existen antecedentes de interpretaciones similares de la culpabilidad. En el juicio por la masacre de Mapiripán, generales del Ejército fueron culpados porque tenían responsabilidad como garantes de la seguridad de una población y omitieron su deber. Se trata de casos distintos, pero de tesis similares.
Así las cosas, las cabezas del gobierno de Putumayo podrían enfrentar una pena de prisión entre los 3 y 6 años.
330
mil millones de pesos se calcula que costará reconstruir a Mocoa según la Gobernación.
