La dirigente explicó los cambios que habría en la prestación de servicios de salud si se aprueba la reforma del Gobierno de Gustavo Petro.
Si algo marcó la agenda legislativa en el primer año de Gobierno de Gustavo Petro fue la reforma a la salud, su más ambicioso proyecto y el que más costo político le ha traído. Tanto así que hasta ministros sacó.
En medio del debate sobre este proyecto, los gremios de las entidades promotoras de salud (EPS) han incursionado en la discusión pública y, por eso, han mantenido una relación distante con Presidencia y el Ministerio de Salud, antes con Carolina Corcho y ahora con Guillermo Jaramillo.
Paula Acosta, desde la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), ha sido una de las abanderadas desde ese sector que ha advertido los riesgos de implementar la reforma. En diálogo con EL COLOMBIANO, habló de los cambios que traería la iniciativa, de medicamentos y de su renuncia al gremio.
¿Qué cree que pasará con la reforma a la salud en el nuevo periodo en el Congreso?
“Es una novela con diferentes temporadas. Tuvimos una primera que fue hasta la presentación de la reforma que se radicó en el Congreso en febrero. Esa presentación estuvo acompañada de una discusión muy amplia en donde los partidos políticos se metieron a fondo, en donde se oyeron voces distintas al interior del Gobierno y que terminó con la aprobación del proyecto en la Comisión Séptima de la Cámara, pero también acabó con una coalición de Gobierno y sacó a varios ministros”.
¿La reforma ha sido la que ha afectado mucho al Gobierno?
“Se ha convertido en un punto de honor para el Gobierno, más allá de los resultados, cuál es la capacidad real de implementación y cuáles serán los efectos para la población”.
¿Cuál es el problema de esta iniciativa del Gobierno?
“Lo que está haciendo es cambiar de fondo el modelo de atención porque las personas no vamos a tener una EPS, sino vamos a tener que afiliarnos a un centro de atención primaria (CAPS). Esa será la nueva puerta de entrada para acceder a los servicios de salud. Esos CAPS, que se estiman serán cerca de 2.000 y que muchos de los cuales hoy no existen, hay que empezar por construirlos y pensar quién y cómo los van a atender”.
¿Eso en qué se traduce para la atención de los ciudadanos?
“En esos CAPS lo que harían son unas atenciones básicas: médico general, probablemente algunos servicios. Dependiendo de lo que diga allá el médico, en ese CAPS van a hacer una remisión. Hoy las EPS tienen redes de prestación de servicios y todos sabemos cómo movernos dentro de esas redes, pero con la reforma se empieza una nueva conformación de las redes en la que participan la Secretaría de Salud y también la Secretaría de Salud departamental”.
¿De tener los médicos, de saber a dónde lo manda...?
“Sí. Y así no podrían hacer una vigilancia de la calidad del servicio en salud que le están brindando al paciente, hacer auditoría, vigilar la calidad del servicio y que se haya prestado atención, pero son los responsables del paciente”.
¿Entonces cambiaría en que un funcionario público será responsable de remitir a los pacientes?
“Exactamente. El CAPS saca una remisión y ahí continúa el trámite en los siguientes niveles de atención. En cuanto al tema de los medicamentos, serán comprados por un hospital público de forma centralizada y aún en el proyecto no es claro cómo va a ser la distribución y la dispensación. El gruesísimo de los medicamentos que consumen los colombianos se hacen a través del sistema de salud: entre menor sea la capacidad de ingreso de una familia, es más importante ese rol que tienen las EPS de garantizar esa distribución de medicamentos”.
¿Podrían subir los precios si lo administra el Estado?
“Estamos en un problema de escasez de medicamentos, en el que las funciones del Gobierno que tienen que ver con la regulación o con la definición de precios máximos a los cuales se puede comprar ha estado tremendamente abandonada. En este Gobierno la comisión que define los precios de un grupo de medicamentos no se ha reunido ni una sola vez”.
¿Ha sido por la incertidumbre de la reforma o por ineficiencia?
“Creo que hay un tema en el que el Gobierno, pese a los múltiples llamados que se han hecho desde muchos sectores, no le ha metido trabajo: la revisión de cuáles son los precios de medicamentos. El año pasado tuvimos una devaluación de más del 20 %, una inflación por encima del 13 % y los medicamentos están muy asociados al comportamiento del precio del dólar. Entonces, si para un laboratorio deja de ser viable traer un medicamento, lo dejan de traer a Colombia. Este es un mercado de competencia mundial como lo vimos con las vacunas”.
¿La reforma podría incidir en el tema de los medicamentos?
“El tema de administración y compra de medicamentos es realmente muy sofisticado. Hoy hay pocas capacidades y el Estado tiene en unas funciones pequeñas que cumple de forma deficitaria. Ahora, no me imagino cómo será la administración de todos los medicamentos. Hay que revisar cuáles son las capacidades que tiene el Estado para hacer la operación de un sistema tan complejo como el de salud”.
¿Por qué cree que el Gobierno insiste en esta reforma, a pesar de las advertencias de que no es bueno para los colombianos cambiar el sistema?
“Creo que hay un tema ideológico profundo de sentir que los privados no pueden hacer parte de la prestación de un servicio público y social como la salud. Hay una posición ideológica de que los privados no son un actor válido ni legítimo, entonces hay que quitarle el manejo de los recursos porque no pueden manejar eficientemente los recursos. Pero lo que muestra la evidencia es todo lo contrario”.
¿En las conversaciones con los actores estatales siente eso?
“Esas conversaciones han ido cambiando en el tiempo, pero vuelven al mismo punto. Con la llegada de Guillermo Jaramillo hay un cambio en las formas, pero se mantiene la línea de pensamiento de que los privados no son un actor legítimo. Las capacidades no se decretan, se desarrollan y toman años. Y si la decisión que toma el Congreso de la República es que eso debe ser así, lo mínimo que tiene que haber es una transición lo más responsable posible para no afectar a las personas”.
¿Por qué se va del gremio en este momento?
“Por un tema personal. Acá hay un balance que buscamos todos en la vida y quiero buscarlo ahora. Siento que esto es una carrera de relevos en donde uno tiene la posta y mientras la tiene se queman las piernas, pero luego la entrega. Desde donde esté, invitaré a proteger las EPS y al sistema de salud, que son una institucionalidad que le ha dado un gran beneficio a este país”.
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