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¿Y la austeridad? ICBF se gastaría hasta $438.265 millones en 6.413 nuevos cargos

La entidad, en medio de cuestionamientos, tiene listo un megaplan para aumentar su personal.

  • Concepción Baracaldo, directora del ICBF, ha defendido el nombramiento de personas en la entidad que no cuentan con experiencia laboral en temas de niñez. FOTO COLPRENSA
    Concepción Baracaldo, directora del ICBF, ha defendido el nombramiento de personas en la entidad que no cuentan con experiencia laboral en temas de niñez. FOTO COLPRENSA
02 de diciembre de 2022
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El plan de austeridad del que el Gobierno ha sacado pecho desde septiembre porque le ahorraría 1 billón de pesos anuales se está quedando, por ahora, en el papel. Esto quedó en evidencia en un proyecto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para ampliar su burocracia a través de la creación de más de 6.000 puestos de trabajo, lo que implicaría un gasto de casi medio billón de pesos al año.

La responsabilidad de esta contratación masiva recaería automáticamente sobre la directora general del ICBF, Concepción Baracaldo, quien ha estado en el foco de las críticas debido a que el presidente Gustavo Petro la nombró a pesar de su inexperiencia en temas de niñez y por ser una ficha de la primera dama, Verónica Alcocer, de quien Baracaldo se hizo amiga al vivir en la misma unidad residencial de la familia Petro Alcocer.

EL COLOMBIANO accedió a un documento del Departamento Administrativo de la Función Pública en el que se detalla sobre el “Estudio Técnico Análisis de Planta de Personal” que contempla cuatro vías para la ampliación del equipo de trabajo del ICBF, que cuenta con 8.856 empleados de planta y 6.148 contratistas.

Más allá de la intención de reforzar la fuerza laboral de la entidad, llama la atención el volumen de contratación que se pretende poner en marcha y que podría abrirle la puerta a un aumento en la burocracia.

Alistan contratación masiva

Desde el día de la posesión de la directora el 13 de septiembre, no han parado las controversias por nombramientos en el ICBF. Las primeras críticas surgieron por la llegada de José Parrado, nombrado como secretario general de la entidad, y la fallida designación de Educardo Espinosa como director de Protección.

Ambos fueron cuestionados por su inexperiencia en temas de niñez y por provenir de la Alcaldía de Chía, uno de los fortines políticos de Baracaldo. A estos se le suma la recién conocida llegada de Rovitzon Ortiz a la Dirección de Familias y Comunidades a pesar de haber sido imputado por los presuntos delitos de peculado, celebración indebida de contratos y falsedad de ideología (ver nota anexa).

Ante la ola de cuestionamientos, Baracaldo respondió el 20 de octubre en una entrevista en El Tiempo que “criticar por un equipo de 10 o 15 personas, donde hay más de 11.000 servidores, denota el interés de querer generar ruidos mediáticos”.

Aunque la Directora del ICBF trató de restarle importancia a las críticas al señalar que recaían sobre apenas una decena de personas, se pasó por alto el hecho de que la entidad maneja entre sus proyectos un plan de contratación que cobijaría a más de 6.000 personas y cuyo costo anual podría ascender a casi medio billón de pesos.

Así quedó contemplado en un estudio del que entregó detalles Función Pública en una audiencia sobre infancia, cita realizada el pasado lunes en la Cámara de Representantes y cuya principal invitada era precisamente Concepción Baracaldo, quien brilló por su ausencia (ver tuit).

De acuerdo al estudio, la primera opción que se contempla es la de crear 6.413 cargos, o sea formalizar a todos los contratistas (6.148) y crear 265 cargos adicionales justificados como amortiguador para la sobrecarga laboral. “El costo anual para la creación de cargos en este escenario es de $438.265 millones anuales y la planta de la entidad pasaría a estar conformada por 15.269 cargos, con un costo total anual de 1.09 billones de pesos”, señala el documento.

Esta opción no solo iría en contravía del plan de austeridad de Petro, sino que además podría potenciar la burocracia estatal a través de estos miles de puestos de trabajo. Para blindarse de este escenario, desde Función Pública se aclaró que para hacer este tipo de reformas de plantas de personal de trabajo de las entidades de la Rama Ejecutiva, primero se debe sustentar que se trata de necesidades del servicio o razones de modernización y basarse en justificaciones o estudios técnicos que lo demuestren, proceso que ya se surtió.

Al margen de la justificación de los cargos, el “Estudio Técnico Análisis de Planta de Personal” del ICBF señala tres opciones más para la contratación. La segunda sería formalizando 4.522 cargos (70% de los contratistas) y su costo asciende a $318.534 millones anuales; la tercera vía se enfoca en crear 3.262 cargos (50% de los contratistas) y su costo alcanzaría los $238.713 millones al año; mientras que la cuarta posibilidad estaría en formalizar 2.002 cargos (30% de los contratistas); en los cuatro casos se dejó claro que la entidad tendría que recurrir a recursos adicionales.

De hacerse efectivo este plan de contratación masiva, la Directora del ICBF tendrá que ponerle el pecho a una nueva controversia y a su vez el Presidente tendrá que justificar este amplio aumento del gasto público, que va en contravía de su discurso en torno a la austeridad

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