25
mil millones de pesos, el pago aproximado a excombatientes en agosto según la ARN.
7
leyes y reformas, de 14 de la implementación, se aprobaron hasta junio de 2017.
En la conversación, el excombatiente identificado como Gilberto le dice a uno de sus compañeros que no aguanta más la situación, y está pensando en “volarse”.
“Señores del secretariado de Farc y Gobierno, pongansen (sic) serios. Díganos si van a cumplir o qué piensan hacer con los acuerdos, o si no para tomar decisiones propias”.
En el chat conocido por EL COLOMBIANO, el exguerrillero asevera que les han incumplido con la certificación, la bancarización, la cedulación, situación que los ha puesto en un limbo y desconocen el rumbo a tomar después de dejar las armas.
Cansado, el exguerrillero hace una aseveración que raya con una amenaza: “Si seguimos así toca aceptar que el Gobierno nos venció y no vamos a permitir eso, porque armas se consiguen, plata también, y gente para hacer la guerra se consigue porque hay miles y miles de desempleados y en la miseria”.
El diálogo del exguerrillero en un grupo de WhatsApp, evidencia el incumplimiento para con algunos excombatientes, una situación que no es nueva y que en regiones como Caquetá, Putumayo, Nariño y Antioquia ha llevado a la deserción de un número de exsubversivos aún por cuantificar.
El primer asomo de reclamo de incumplimiento se presentó solo tres meses después de la firma del Acuerdo final entre el Gobierno y las Farc —el 24 de noviembre de 2016—. Lo que se susurraba entre guerrilleros y pasillos de la casa de Nariño se hizo público: el incumplimiento de varios puntos de lo pactado como infraestructura en las zonas veredales transitorias para la reincorporación.
Las alarmas se encendieron aún más cuando para ese entonces el comisionado de paz, Sergio Jaramillo, señaló que “la mitad de los procesos de paz fracasan después de la firma de un acuerdo (...) la firma fue el verdadero comienzo del proceso, no el final”, dejando la puerta abierta a al viejo adagio que reza “el papel todo lo puede”, pero el verdadero reto era comenzar a poner en práctica lo acordado.
Voces de ambas partes negociadoras iban y venían, desde el Gobierno resaltando los esfuerzos para cumplir lo prometido, y desde las Farc reclamando mejores condiciones y más compromiso.
Han pasado 305 días de esa firma histórica y se siguen escuchando reclamos por incumplimientos que pasan desde lo material en las zonas y regiones, hasta el tema de la justicia y político, que han empezado a discutirse y parecen tener un ritmo lento que no beneficia la implementación.
Voces desde las regiones
Ramiro Cortés es un excombatiente que ahora hace parte de la dirección nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el nuevo partido de las Farc. Durante su proceso de desmovilización estuvo en la zona veredal La Paloma, en el municipio de Policarpa, Nariño, que albergó a 200 insurgentes.
Cortés cuenta que lo vivido en esta zona es atípico. Los excombatientes pasaron los seis meses de concentración en los llamados cambuches, la dejación de armas fue igual, y aún siguen viviendo “en los mismos plásticos que se guindaron hace nueve meses”.
Afirma el excombatiente que en esta zona no se han iniciado los proyectos productivos por falta de infraestructura, porque hasta ellos construyeron el acueducto veredal.
“Hay una cantidad de dilaciones del Gobierno. Es 26 de septiembre y de lo que prometieron no se ha clavado una estaca. No han construido las viviendas. Hay cerca de 30 ó 40 casos de personas que no han recibido la renta básica mensual por tener problemas de cedulación o por situaciones jurídicas que no se han solucionado”, dice Ramiro, quien agrega que en esa zona no se ha cumplido con la reincorporación, y los exguerrilleros han salido a buscar trabajo o se han ido a vivir con sus familias, lo que podría aumentar el riesgo de asesinatos.
En Policarpa no es la única zona donde el asunto de la implementación del Acuerdo pasa por la tensión de los incumplimientos. Según conoció EL COLOMBIANO, esto sucede en las 26 zonas, algunas con problemas más complejos. Por ejemplo, en Santa Lucía, Ituango, obras de infraestructura quedaron por terminar, y la prestación del servicio de salud se ha convertido “en un dolor de cabeza”.
Una desmovilizada, que pidió protección del nombre por seguridad, asevera que allí construyeron aulas y una guardería sin baños, los pozos sépticos fueron edificados cerca a las viviendas y el olor a materia fecal a las 5:00 p.m. se vuelve insoportable. Nunca les construyeron la cancha.
“El asunto con la renta básica se ha cumplido, pero ha sido muy lento. Lo más grave es el tema de la salud. Hay situaciones, por ejemplo, de prótesis que no se han podido solucionar y otros temas graves como diagnósticos de cáncer. Falta mucho en ese asunto”, cuenta la exguerrillera.
¿Qué dice el Gobierno?
Conocidas las denuncias de incumplimiento y lo que significa para la implementación, EL COLOMBIANO buscó la versión del Gobierno nacional.
La respuesta desde la Oficina del alto comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, fue que tenía la agenda copada y no sabía si podía atendernos; incluso se enviaron las preguntas y no contestó. Rafael Pardo, ministro para el Posconflicto, expresó que la solución a estas dudas planteadas eran del resorte de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, ARN.
Al final, Joshua Mitrotti, director de la ARN, explicó a este diario que lo relacionado con la acreditación y la cedulación, es un asunto que le compete a la ofician del alto comisionado para la Paz, “porque sin cédula no puede haber acreditación, y sin acreditación no puede haber reincorporación. Es de esa oficina porque es la que define quién es un combatiente”.
Con respecto a la reincorporación, Mitrotti asevera que tiene 74 funcionarios en el territorio coordinando la oferta pública en salud, educación y en capacitaciones con el Sena. Además, se ha cumplido con los pagos a los desmovilizados de las Farc.
Datos entregados por el director de la ARN, registran que en agosto fueron bancarizadas 8.494 personas, se pagaron rentas básicas mensuales a 8.027 excombatientes (663.945 pesos a cada uno) y fue entregada la asignación única de normalización a 6.496 (según el acuerdo 2.000.000 de pesos por persona). El último corte, a septiembre, señala que van 10.430 bancarizados y desembolsaron 8.264 rentas básicas pagadas.
“Son zonas muy distantes de Colombia, pero se está haciendo todo el esfuerzo por acompañar a estas personas. El Estado está cumpliendo. El desafío es muy grande”, enfatiza Joshua Mitrotti.
Del fast track al slow track
La turbulencia que le esperaba al Gobierno en el Congreso durante este segundo semestre del año y los riesgos para la agenda legislativa relacionada con la implementación del Acuerdo estaban anunciados.
Nada marcha como estaba presupuestado, y por eso el propio ministro del Interior, Guillermo Rivera, diversas organizaciones sociales, miembros de la sociedad civil y algunas universidades han prendido las alarmas.
A 66 días de que culmine la facultad del Congreso para usar la vía rápida (fast track), están en trámite cinco proyectos, tres fueron radicados, pero no despegan, y otros siete que son claves ni siquiera han llegado a la Comisión de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo (CSIVI), órgano que hace la revisión previa (Ver gráfico).
En el acto legislativo número 1 de 2016 se dispuso que el fast track iniciaba el 30 de noviembre del año pasado, con una vigencia de seis meses, prorrogables solo una vez por el mismo tiempo. La prórroga fue utilizada y se vence el próximo 30 de noviembre.
La bondad del mecanismo era que, aparte de que los trámites legislativos se reducían a la mitad del tiempo (un acto legislativo no requiere ocho debates sino cuatro), impedía que el Congreso hiciera cambios sin autorización del Gobierno y los obligaba a votar las iniciativas en bloque.
No obstante, en mayo pasado la Corte Constitucional, bajo el argumento del respeto a la separación de poderes, moduló esta disposición y le devolvió al Congreso sus facultades para votar por puntos y de hacer ajustes a los texto radicados por el Gobierno.
Choque de trenes
Antes de que el representante Rodrigo Lara (Cambio Radical) fuera elegido presidente a la Cámara, desde algunos partidos de la “coalición de paz” se escucharon voces pidiendo no elegirlo, porque sentían que no era garantía para el proceso que venía. Pero el acuerdo político se mantuvo.
Tan pronto Lara tomó el timón, las críticas empezaron a arreciar. De diversas orillas, especialmente desde La U y los verdes, lo acusan de liderar una operación tortuga; pero hace un mes, Lara le dijo a este diario que en la presidencia de la Cámara no se está bloqueando ningún proyecto y que ha cumplido sus tareas (Ver gráfico).
El pasado jueves, ante la ausencia del Proyecto de Acto Legislativo 012 de 2017 (reforma política y electoral) en la agenda de esta semana que inicia, el ministro Rivera, por medio de una carta, le solicitó incluirlo en el orden del día para hoy. Además, le recordó que el proyecto fue anunciado el 19 de septiembre pasado para ser discutido el 26 de este mismo mes.
La respuesta de Lara fue inmediata. Usando la misma vía de comunicación, con copia al presidente Juan Manuel Santos, afirmó que el afán del ministro es sacar adelante una reforma hecha a la medida de su antecesor, el hoy precandidato liberal Juan Fernando Cristo, denuncia que según Rivera carece de soporte.
Lara añadió que tienen unas prioridades claras no sólo en implementación sino en otras “preocupaciones reales de los colombianos”, como los créditos educativos para los universitarios, el control de las cirugías estéticas, la salud y la violencia urbana. “No sobra recordarle que a la ley estatutaria de la JEP se le asignó ponente el 29 de agosto y hasta el día de hoy su cartera no ha dado luz verde para su debate en Comisión Primera”.
Desde el pasado 20 de julio, cuando se instaló el Congreso, es poco el avance. Se han aprobado tres proyectos: reforma a regalías, monopolio de la fuerza por parte del Estado y ampliación de personal de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Otra denuncia de incumplientos llega desde la Embajada de EE. UU. El embajador, Kevin Whitaker, señaló que las Farc “seguían incentivando cultivos de coca” y que por esto no estaban cumpliendo con lo acordado.
Este diario se comunicó con la Embajada para ampliar detalles de lo dicho por Whitaker, la oficina de comunicaciones indicó que no daría más declaraciones.
En alerta máxima
Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), afirmó que hay un 80 % de probabilidad de que el acto legislativo que crea las 16 curules especiales se hunda. Lo que significaría el primer gran incumplimiento del Gobierno en un tema central: las garantías de participación política.
Al respecto Rivera le dijo a EL COLOMBIANO que esas 16 curules se tienen que aprobar y que el pasado martes radicaron la ponencia para su tercer debate. “Lo que hemos percibido es voluntad de la Comisión de darle aprobación. Faltaría darle el último en la plenaria de la Cámara, que puede ser la otra semana”.
Las Farc se quejaron porque en la ponencia presentada a la plenaria de la Cámara se excluye a todas las cabeceras municipales de la participación en las circunscripciones.
Según Antonio Madarriaga, director de la Corporación Viva la Ciudadanía, hay un enorme riesgo de que termine el fast track y no se tramiten todas las iniciativas pendientes para la implementación, como la ley estatutaria de la JEP; la reforma a la Ley 152, que permitirá que los programas de desarrollo con enfoque territorial se incorporen a la planeación; y la reforma de la Ley 1448, para adecuar la ley de víctimas y restitución de tierras al Acuerdo de La Habana.
“El problema de morosidad y de bloqueo en el trámite legislativo ha provenido de Cambio Radical. Lara ha demorado la asignación de ponentes y la inclusión en la agenda de estos proyectos. A esto se suma que el Centro Democrático presenta muchas intervenciones, pero se retira a la hora de votar, lo que produce un alargamiento innecesario de los debates”.
Aunque Rivera tiene fe en la coalición de Gobierno, la realidad es que ahora, como suele suceder en un año preelectoral, los congresistas tienen más interés en su reelección que en la agenda legislativa
