De los funcionarios colombianos a los que les quitaron la visa estadounidense o quienes decidieron renunciar a ella, hay tres cargos determinantes que padecerán los efectos para sus cargos más allá de la persona.
Es decir, según expertos consultados por EL COLOMBIANO, las consecuencias afectan al país y las responsabilidades derivadas de cada cargo. El asunto personal es otro más “simbólico”.
De hecho, según explicó la periodista Darcy Quinn de La FM este martes citando fuentes de la embajada de EE. UU. en Colombia y del Departamento de Estado, una cosa es que ese país decida “revocar” la visa norteamericana a un funcionario y otra es que esa persona decida “renunciar”, pues en teoría seguiría teniendo el documento, pero no hace uso del mismo. O al revés: un funcionario, como la canciller Rosa Villavicencio, puede renunciar a la visa, pero igual el gobierno norteamericano se la iba a quitar, por lo que resulta más un mensaje político y simbólico.
En el escenario de revocar, EE. UU. puede tener varios argumentos para justificar su decisión, incluso apelando a que esa persona atenta contra la seguridad nacional o, como en el caso de Petro, que sus declaraciones “imprudentes e incendiarias” al pedirle a soldados norteamericanos que desobedezcan a Donald Trump, estando presente en una calle de Nueva York.
Ahora, Estados Unidos, como lo dejó claro cuando descertificó parcialmente a Colombia, no se aleja de las Fuerzas Armadas o del pueblo colombiano sino de sus representantes en el Gobierno Nacional. Eso podría interpretarse de los encuentros que ha adelantado John McNamara, encargado de negocios de EE.UU. en Colombia.
Este lunes, de hecho, en entrevista con EL COLOMBIANO, el diplomático dijo que “sería una lástima para ambos países si los 10 meses que quedan del gobierno Petro fuesen una época de pocos avances o colaboración, nuestro deseo es retomar la relación de manera respetuosa en lo que podemos colaborar”.
Los tipos de visa estadounidense
Hay que tener presente, además, que el gabinete, empezando por el presidente Petro, tienen visas diplomáticas o de funcionarios de Gobierno. En cada caso, desde antes o después, ellos pueden tener también la visa de turista que vendría a ser la B1/B2: “Es una visa de no inmigrante que permite la entrada temporal a Estados Unidos para fines de negocios (B1) o turismo y visitas (B2)”, dice la página de la embajada.
En el caso de las otras visas, las categorías son A-1, A-2, G-1, G-2, G-3, G-4, y C-3. “Son para diplomáticos/funcionarios del gobierno y funcionarios de organizaciones internacionales designadas (como el Banco Mundial o la Organización de los Estados Americanos) que viajan o están de tránsito en los Estados Unidos en ejercicio de funciones públicas”, señala el portal.
Efectos prácticos en el plano político y económico
El retiro de visas puede afectar a todos los funcionarios en distintos niveles, ya sea por agendas compartidas, proyectos estratégicos, financiación de ese país o por razones personales.
Pero en la práctica, que la canciller y el ministro de Hacienda no tengan visa norteamericana no es un asunto menor desde la posición de Colombia. Para entenderlo, EL COLOMBIANO buscó a varios expertos.
En primer lugar, el excanciller Julio Paredes dice que la situación es “muy complicada para ella (ministra Villavicencio) porque un canciller debe viajar con frecuencia a Estados Unidos como a otros países con los que tenemos una relación especial”. Incluso, el efecto podría llegar hasta la relación con otros gobiernos que verían con malos ojos este antecedente. Por lo pronto, los canales diplomáticos entre Estados Unidos y Colombia no están rotos.
En el caso de Hacienda, que es una de las carteras más importantes para cualquier país, las repercusiones prácticas tienen otra dimensión.
Según le explicó a este diario José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y Comercio en el Gobierno Duque, renunciar a la visa “es una equivocación profunda (...) no entiendo ese respaldo de cuerpo a un jefe de Estado al que le retiraron la visa porque al final el que pierde es el país”.
Además, Restrepo explica que la mayoría de entidades financieras quedan ubicadas en ese país, como las calificadoras y que muchas de las reuniones clave se materializan en persona.
Lo anterior, agrega el exministro (encargado) de Hacienda, Juan Alberto Londoño, implica que en un momento en que Colombia enfrenta un problema de déficit fiscal, busca financiamiento y está pagando uno de los intereses más altos de la región, no tendrá la posibilidad de sentarse con ninguna de estas instituciones a conversar y negociar condiciones.
“Esto puede ser un riesgo inmenso para colocar nuestra deuda y para el acceso a los mercados. Es aislarse de la forma más irresponsable del mundo financiero (...) Es la decisión más irresponsable que puede existir”, señala Londoño.
Otras opiniones, como la del politólogo y profesor de la U. Javeriana, Humberto Librado, apuntan a que en estos 10 meses de mandato que le quedan al petrismo, este tipo de coyunturas son exámenes internos que tendrán efectos también en las elecciones legislativas y presidenciales. “Si bien se enarbolan hoy las consignas relacionadas con la situación en Gaza, no se había hecho ninguna manifestación de cada funcionario en este sentido previamente”, dice el profesor.
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