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Comienza audiencia en la que se define libertad de Álvaro Uribe
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Hoy se define la libertad de Álvaro Uribe. FOTO: Colprensa
10 de octubre de 2020
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La jueza 30 de garantías de Bogotá, Clara Salcedo Duarte, dio inicio a la audiencia en la que explicará su decisión sobre la petición de libertad inmediata interpuesta por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El exmandatario se encuentra privado de su libertad desde el 5 de agosto pasado, cuando la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia encontró méritos para detenerlo preventivamente en su domicilio mientras responde por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.
El jueves pasado la jueza escuchó durante 13 horas los argumentos de cada una de las partes. La defensa, la Fiscalía y la Procuraduría se alinearon en pedir la libertad, ya que en la justicia ordinaria el exmandatario no ha sido imputado, por lo que no cabe una medida de aseguramiento.
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La Fiscalía adicionó a su argumento que durante la indagatoria, que se surtió hace un año en la Corte, a Uribe se le violó el debido proceso y se no se le brindó la información necesaria para activar su derecho a la defensa.
De todas formas, durante la audiencia del jueves el fiscal fue enfático en aclarar que no se está pidiendo nulidad de lo actuado en la Corte, ya que “las actuaciones procesales surtidas al interior de la Sala Especial de Instrucción son válidas, porque fueron emitidas por autoridad competente con el lleno de las condiciones de la Ley 600”, dijo el fiscal Gabriel Jaimes.
Por su parte las víctimas (que son el senador Iván Cepeda, y los exfiscales Eduardo Montealegre y Jorge Fernando Perdomo) pidieron a la jueza equipar la indagatoria que realizó la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia con la imputación de cargos, para que la privación preventiva de la libertad siga en firme y solo quede que la Fiscalía proceda con la acusación para iniciar el juicio.
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“No hacer una adecuación de sistemas es una mirada que no tiene un soporte razonable jurídicamente hablando. Bastaría la renuncia o el término del periodo legislativo para que todo lo actuado en la Sala de Instrucción en contra de un congresista quede limitado a medio de prueba. Tendríamos un sistema judicial de aforados que no tiene futuro”, manifestó entonces el abogado Reinaldo Villaba, quien representa los intereses del senador Cepeda.
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