Por presuntos sobrecostos y posible vulneración al principio de planeación en la compra de diez ambulancias para el departamento, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria al gobernador de Putumayo, Buanerges Florencio Rosero Peña.
La decisión también cobija al secretario de Salud, Jorge Alberto Molina Giraldo, y a las jefas de las oficinas de Prestación y Desarrollo de Servicios, Fanny Chávez, y de Salud Pública del departamento, Alexandra Benavides González.
En este caso, el órgano de control investiga la existencia de supuestas faltas disciplinarias relacionadas con la suscripción del contrato No 547, del 1 de abril de 2020, que tiene por objeto la adquisición de ambulancias medicalizadas, por un valor que supera los 3460 millones de pesos, presentándose un presunto sobrecosto en su adquisición.
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En una comunicación enviada al gobernador, el Ministerio Público solicitó la suspensión de la ejecución del contrato al advertir su inconveniencia y posibles irregularidades que podrían vulnerar el ordenamiento jurídico y el patrimonio público.
Para la Procuraduría “resulta altamente inconveniente que ante la pandemia producida por el Covid-19, los recursos del Estado no estén presuntamente invertidos y ejecutados de manera correcta, o que estén generando sobrecostos en las actuaciones contractuales desplegadas como consecuencia de una indebida planeación por la entidad territorial”.
En el proceso disciplinario, la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas, determinar si pudieron presentarse faltas disciplinarias, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar y el posible perjuicio causado a la administración pública.
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