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El presidente Iván Duque, aseguró que los bloqueos en la vía Panamericana por parte de los indígenas no contribuyen a solucionar las problemáticas de la zona ni al diálogo además de impedir el libre movimiento, que es un derecho constitucional.
“Las vías de hecho no contribuyen a la creación de confianza”, dijo el jefe de Estado en Bogotá luego de una reunión con los gobernadores de los departamentos del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro; Cauca, Óscar Rodrigo Campo, y Nariño, Camilo Romero, afectados por las manifestaciones y quienes le habían pedido al jefe de estado viajar a las zonas de las manifestaciones.
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Cientos de indígenas bloquean desde hace una semana la vía Panamericana, a la espera de que se reabra el diálogo con el Gobierno para discutir sobre acuerdos pactados con administraciones anteriores y que según ellos no se han cumplido.
“El Gobierno va a seguir enviando delegados para propiciar una conversación clara que parta de la base que no es a través de las vías de hecho como se construye un mejor país”, añadió el gobernante colombiano, a quien los indígenas le piden hacerse presente en la zona para discutir con ellos sus peticiones.
Duque recordó que su Gobierno ha estado siempre abierto al diálogo pero sobre la base del respeto a los derechos de toda la población.
“Compartimos los principios centrales que tiene nuestra Constitución donde no se puede limitar la movilidad de los colombianos”, dijo Duque.
Insistió en que su administración ha estado presente en el departamento del Cauca más de una docena de veces y siempre ha manifestando su disposición de “escuchar a las minorías, pero hacerlo apelando al diálogo en el marco de la institucionalidad”.
El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) aseguró el domingo que delegaciones indígenas y campesinas de diferentes partes del país están llegando para sumarse a la manifestación y a los bloqueos que han causado enormes pérdidas económicas a camioneros y transportistas.
Durante las protestas, un camión fue incinerado el fin de semana pasado por los manifestantes en el municipio de El Cairo, en el Valle del Cauca, zona donde también una misión de la Defensoría del Pueblo de Colombia fue atacada con un explosivos el viernes cuando realizaba una “verificación a la situación de derechos humanos” por las protestas.