Rodrigo Tovar Pupo, el exjefe paramilitar conocido con el alias de ‘Jorge 40’, regresó a Colombia en la mañana de este lunes, luego de ser deportado por la justicia de Estados Unidos, tras cumplir 12 años en prisión en ese país.
Aunque allá cumplió su pena por el delito de tráfico de drogas, en Colombia aún lo esperan otros procesos por los que deberá cumplir. Por eso, a su llegada a territorio colombiano, fue recibido por miembros de la Policía Nacional.
Entre los procesos que tiene, se puede decir que hay 35 órdenes de captura en su contra, 40 medidas de aseguramiento y alrededor de 1.456 investigaciones penales por los delitos cometidos entre 1998 y 2006, siendo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Lea más aquí: Jorge 40 llega a Colombia con 1.456 investigaciones en proceso
Estos son algunos de los procesos en contra el exjefe paramilitar.
Fue condenado a 19 años de prisión por el homicidio del sindicalista Ricardo Orozco Serrano, vicepresidente de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud (Anthoc). Este crimen fue cometido el 2 de abril de 2001 en el municipio de Soledad, en el departamento del Atlántico.
Está condenado a 19 años de cárcel por la muerte del sociólogo y sindicalista de la empresa de energía Electricaribe, Adán Alberto Pacheco, quien fue asesinado el 2 de mayo de 2005 en Barranquilla.
También tiene una condena a 23 años por el crimen de Elías Enrique Durán Rico, quien era el presidente del sindicato de Metrotránsito, y murió el 5 de mayo de 2004 en el municipio de Baranoa.
Otra pena es de 26 años de cárcel por el homicidio del profesor Alfredo Correa de Andreis y de su escolta Edelberto Ochoa Martínez, crímenes que fueron perpetrados el 17 de septiembre de 2004 en Barranquilla.
Otra pena, esta vez de 25 años, tiene que ver con la desaparición de siete investigadores de la Fiscalía en el departamento del Cesar. Estos hechos se registraron el 9 de marzo de 2000.
La sexta condena es a 30 años y está relacionada por los asesinatos de Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya, miembros del sindicato de trabajadores de la multinacional Drummond, cuyos crímenes se dieron el 12 de marzo de 2001.
Hay que mencionar que, en Justicia y Paz, el exparamilitar dijo haber participado en alrededor de 600 acciones criminales, que incluyen homicidios, masacres, secuestros, desplazamientos, entre otros.
Entre las masacres más recordadas está la registrada en El Salado, en el Carmen de Bolívar, que se registró entre el 16 y el 22 de febrero de 2000, la cual dejó 60 muertos y al menos 4.000 desplazamientos.
Por la verdad
Hace dos semanas, la Procuraduría señaló que Tovar Pupo, quien en 2015 fue excluido de Justicia y Paz, deberá responder “ante la justicia ordinaria por graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, teniendo en cuenta su renuencia a colaborar en el esclarecimiento de la verdad”.
Asimismo, en ese momento destacó que su regreso al país servirá para contribuir a resolver “las preguntas que desde hace décadas se formulan las víctimas de esa organización ilegal al margen de la ley”.
Vale recordar que en enero pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le cerró la puerta al exjefe paramilitar, quien había pedido pista ante esta jurisdicción, pero la decisión se tomó porque la JEP estudia los casos relacionados con la guerrilla de las Farc.
Sin embargo, la JEP le dejó “una ventana” abierta para comparecer, si se demuestra que los paramilitares, como él, antes o después de portar armas “actuaron como terceros financiadores o colaboradores”.
