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En la mira contratos por $3,3 billones “entregados a dedo”
Investigan 918 convenios sin licitación. Según la
Procuraduría 11 entidades antioqueñas están bajo la lupa.
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La Procuraduría investigará a 19 entidades por contratos “a dedo” que sumarían $3,3 billones. FOTO: Colprensa.
15 de febrero de 2023
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Los “contrataderos” sería la nueva olla de corrupción que la Procuraduría General espera destapar. Se trata de 19 entidades, entre ellas algunas antioqueñas, que según el ente de control habrían entregado contratos a dedo por 3,3 billones de pesos a través de 918 convenios obviando el requisito de licitación abierta.
Las investigaciones están andando porque el Ministerio Público espera determinar si se trató de una contratación directa evadiendo la pluralidad de oferentes que debió implementarse dado el valor y concepto del contrato, además de no tener la experiencia e idoneidad para ejecutar los respectivos proyectos. Sin embargo, las 19 entidades fueron llamadas por el ente de control para que desde ya empiecen a rendir cuentas.
Aunque a las empresas que están en el ojo del huracán todavía no se les ha probado ninguna irregularidad o falta disciplinaria, para la Procuraduría es importante lanzar la alerta.
Entre los “contrataderos”, como los llama la entidad supervisora, 11 se ubican en el departamento de Antioquia. Por ejemplo, según el informe, la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín (EDU) ha celebrado 67 contratos con un valor total de 1,05 billones de pesos. Frente a esto, lo que investiga la Procuraduría es por qué no se realizaron convocatorias públicas para entregar los convenios.
Esto se da justo en la misma semana en que saltaron las denuncias del concejal de la oposición Alfredo Ramos, quien dijo que la EDU estaría entregando contratación a través de invitaciones privadas y licitaciones desiertas que podrían resultar en adjudicaciones a dedo.
Volviendo al informe del ente estatal, a la EDU se le suman la Asociación de Municipios del Urabá Antioqueño (ASOMURA), la Empresa de Desarrollo Sostenible (EDESO) y la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí (ADELI). Según la información recopilada, son entidades que registran los valores más altos de contratos a revisar con 331 convenios que superan en conjunto los 2,3 billones. Otra de las entidades antioqueñas que llama la atención es la Empresa Autónoma de Guatapé que adjudicó 102 contratos por más de 68 mil millones de pesos.
En la lista también aparecen la Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat de Apartadó (EDUHA), la Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural de Envigado (DESUR), la entidad de Desarrollo Urbano Rural Municipio De Bello (Edunorte) y la Empresa de Desarrollo Urbano de La Ceja (EMDUCE) estas suman 164 contratos por más de $490 mil millones (ver gráfico).
Además, a la investigación de la Procuraduría le salió otro tentáculo en alcaldías y gobernaciones donde resalta otra vez el territorio paisa. Resulta que 95 convenios fueron suscritos por cinco alcaldías de ciudades capitales sumando más de $595 mil millones, y otros 17 fueron celebrados por cinco gobernaciones que superan los $54 mil millones. El Ministerio Público buscará entonces si obviaron la obligatoriedad de los documentos tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente.
En el ranking de ciudades, la Alcaldía de Medellín se llevó el segundo puesto con 28 convenios que superan los 520 mil millones de pesos. A la capital antioqueña le sigue la Alcaldía de Cartagena ganándose el tercer lugar con dos convenios que suman $2.265 millones. Y el puesto número uno fue para la Alcaldía de Cali que suscribió 16 convenios con un monto total de $70.810 millones.
Este diario intentó contactar a esas administraciones municipales y a todas las empresas mencionadas para conocer su posición frente a la investigación que adelanta la Procuraduría. El alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, admitió que no tiene conocimiento de este proceso, pero que cree que se trata de una persecución por parte del Ministerio Público.
Por su parte, la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín le dijo a este diario que se tramitarán las respuestas a través del área jurídica, pero que hasta el cierre de esta edición no tenían ningún requerimiento de la Procuraduría. Del resto de las empresas no se obtuvo respuesta.
Mientras tanto para darle seguimiento a los “contrataderos” se instalarán mesas de control de gestión que vigilen la ejecución del presupuesto público. Además, se “exhortará al Gobierno nacional para que se presente un proyecto de ley que reglamente la contratación entre entidades públicas a efectos de que garantice el cumplimiento de los principios orientadores de la contratación pública”, concluyó la Procuraduría .
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