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Red de corrupción se habría apropiado $500.000 millones de recursos para la paz

El entramado incluiría a varios funcionarios de la Contraloría, de la Dirección Nacional de Planeación y miembros del Partido Conservador.

  • Los municipios PDET resultaron perjudicados por la supuesta red de corrupción. FOTO: Manuel Saldarriaga.
    Los municipios PDET resultaron perjudicados por la supuesta red de corrupción. FOTO: Manuel Saldarriaga.
EL COLOMBIANO | Publicado el 30 de junio de 2022

Quedó al descubierto una presunta red de corrupción que se habría quedado con casi $500.000 millones de recursos que estaban destinados a la implementación del Acuerdo de Paz. En el entramado habrían trabajado codo a codo funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR), de la Dirección Nacional de Planeación e incluso algunos congresistas.

La revelación la hicieron periodistas de Blu Radio, quienes advirtieron que el monto de las coimas habría ascendido al 12 % de la plata que maneja el OCAD-PAZ. Este organismo fue creado al interior del Sistema General de Regalías tras el Acuerdo de Paz con las Farc, que busca destinar recursos a los municipios PDET donde confluyeron pobreza y conflicto armado.

Para lograr que OCAD-PAZ financiara sus recursos, 170 municipios debían conseguir que el (DNP), la Agencia de Renovación del Territorio, la Contraloría, y el ministerio del ramo (si era un proyecto de salud, sería del Ministerio de Salud y así, respectivamente) les dieran luz verde.

Luego, pasaban a ser evaluados en unas sesiones técnicas del OCAD-PAZ, en teoría debían entrar en fila india, por la orden en la que se iban presentando. ¿En qué consistía el supuesto entramado de corrupción? En que había funcionarios que al parecer cobraban coimas para que los proyectos fueron priorizados dentro de esas opciones.

Los periodistas de Blu Radio anotaron que varios alcaldes de municipios PDET les dijeron que requerían de padrinos y que, para presentar sus proyectos primero, les podían cobrar entre el 6 % y el 15 % de los recursos aprobados.

De hecho, algunos mandatarios locales manifestaron su inconformidad con lo sucedido. Ese fue el caso de los alcalde de Condoto (Chocó), y Orito (Putumayo).

Uno de los principales señalados en el entramado es Álvaro Ávila, quien en 2021 fungía como director del Sistema General de Regalías y estaba al frente de la Secretaría Técnica del OCAD-PAZ.

Por una denuncia en su contra, la Procuraduría abrió una investigación y encontró que había proyectos que no cumplían con los requisitos en departamentos como Putumayo, Antioquia, Córdoba, Risaralda, Casanare, Sucre, Cundinamarca, Arauca, Magdalena, Santander, Nariño y Boyacá. No obstante, el medio citado anotó que el proceso ha estado paralizado al menos en los últimos dos años.

A Ávila se le señala de recibir supuestas coimas y ser el presunto enlace con congresistas para facilitar favores a cambio de direccionar contratos. De hecho, se le señala de haber injerido en alrededor de 500 contratos.

Pero Ávila no ha sido el único cuestionado dentro de este proceso de asignación de recursos. Según Blu Radio, el contralor delegado de la Unidad de Regalías, Aníbal Quiroz, también fue denunciado porque al parecer habría rechazado proyectos que tenían luz verde de otras entidades sin una causa justa. Y tiene un proceso abierto en la Fiscalía por el delito de prevaricato por omisión.

Empresarios del municipio Vistahermosa, en el Meta, lo denunciaron porque rechazó sus proyecto, pero no dice nada más, no ha emitido ningún informe técnico en el que exprese a las Entidades Territoriales en qué consisten los problemas que encuentra en los proyectos”.

Algo similar ha sucedido con Juan Carlos Gualdrón, quien también es señalado de influir en el Ministerio de Transporte para emitir conceptos favorables “utilizando su poder de investigaciones indiscriminadas para ejercer presión” sobre esa cartera ministerial, según recoge un correo electrónico que fue enviado al consejero presidencial, Emilio Archila.

En la investigación, además, se detalla que los alcaldes denuncian con nombre propio a los congresistas conservadores Samy Merheg y Ape Cuello, cuando se les pregunta por quiénes estaban ejerciendo el supuesto padrinazgo político para permitir que los proyectos se aprobaran dentro del OCAD-PAZ.

Las revelaciones generan preocupación, pues el dinero que supuestamente se estaban apropiando estaba destinado a garantizar servicios públicos, educación y transporte en los municipios más pobres y más golpeados por el conflicto armado en Colombia.

El caso ya dejó sus primeras reacciones. El excandidato presidencial Sergio Fajardo se pronunció y le pidió al electo presidente Gustavo Petro “Urgente: Acuerdo Nacional contra la corrupción. Hagan un libro blanco de lo que reciben del gobierno. Con rigor. Cada día se multiplican los rumores sobre corrupción en las más altas esferas. Usted sabe muy bien como funcionan. No les haga ninguna concesión”, señaló.

Según Blu Radio, “los miembros del Ocad que decidieron sobre los proyectos de 2021” eran Emilio Archila, entonces consejero presidencial para la Estabilización, los contralores delegados para el posconflicto, Juan Carlos Gualdrón y para la Unidad de Regalías, Aníbal Quiroz, además de varios alcaldes e incluso el exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo.


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